Oiga hermano, no puede construir esa casa en el cerro, no sea sapo fue la respuesta de Rubén al funcionario de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres; al poco tiempo, ¡Zas! En una lluvia como dijo el mismo, se le derramó la montaña. Señor, en el colegio cerca a su lugar de residencia hay cupos escolares le invitó a funcionaria de cobertura de la Secretaría de Educación a un padre de familia, gracias, pero no sino es en el colegio que yo quiero mejor que no estudie y se venga a trabajar conmigo, al poco tiempo estaba preso el joven, pues no trabajó con el papá.
Además de la corrupción, la terquedad y la falta de conciencia de los ciudadanos también es un arma que tiene en jaque a la sociedad actual, esto gracias a que queremos vivir en una sociedad facilista sin prepararnos para enfrentar los retos. Nos vendieron la idea que todo se le puede cargar al papá estado y así no es la vaina.
El artículo 2 constitucional dice que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; además entre otras cosas proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y además derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; sin embargo, esto no quiere decir que toda la carga la tiene el estado, los ciudadanos debemos cuidarnos, participar en las decisiones y fomentar la convivencia pacífica.
Al parecer muchos colombianos y residentes asumen equívocamente que el estado debe garantizar asuntos que deben procurarse individualmente las personas; lo anterior sin restarle a la nación la responsabilidad de propiciar las condiciones mínimas generales para que sus habitantes logren vivir en condiciones dignas con bienes y servicios que satisfagan las necesidades. Hoy vemos que los ciudadanos se han convertido en parte del problema y no de la solución, está de moda desatender las recomendaciones de las autoridades, excusando en los principios de libertad, libre desarrollo de la personalidad y la vida digna. De veras no sé qué más tiene que pasar para que las personas entiendan que es urgente la necesidad de replantearnos como sociedad, pues estamos al límite.
Está de moda no hacerle caso a las directrices que los agentes estatales indican, sin embargo, una vez curre un desenlace que lamentar se procura trasladar la responsabilidad del daño al gobierno, por ello recuerdo que los ciudadanos debemos materializar nuestros deberes cumpliendo con los mandatos constitucionales, lo cual no hacemos y justificamos que la política no sirve. Aprovecho este escrito para que medites lo siguiente: que tiene que ver el gobierno en el embarazo de una niña de diez años por el amigo del papá, quien regularmente va a tomar trago a su casa en donde constantemente el ambiente está cargado de alcohol, drogas y melodías del corte de la toxicosteña, perreo y twerk. Eso no lo ven, sino que hablan de falla en el servicio de las entidades estatales en los programas de prevención al embarazo infantil y adolescente.
Me dice un alcalde amigo, nosotros los políticos no tenemos toda la responsabilidad en el deterioro sistemático de las relaciones individuales y sociales, pues actualmente tengo colegios vacíos y unidades de maternidad llena de niñas en estado de embarazo o dando a luz; a su parecer existe una ausencia de elementales tareas de enseñanza en los hogares; presta atención Adaulfo, me dijo, demos un paseo en el palacio municipal. Haciendo el recorrido pasamos por varias dependencias donde había atención al público, la impresión que me lleve fue de absoluta tristeza viendo que no fue muy difícil darme cuenta que casi nadie respeta una fila o por lo menos saluda a sus temporales vecinos de gestión, no se deja una mesa de la cafetería o un baño público limpio después de usarlo, no hay consideración entre semejantes, y, sobre todo, se perdió el valor del respeto.
Volviendo al tema principal dejando atrás la visita a la alcaldía, este escrito no busca ocultar ni disculpar las deficiencias y corrupción de algunos agentes del estado, pero no podemos negar que son más las malas conductas ciudadanas. Cosas ordinarias que no vemos como importantes van sumando por ejemplo en las jornadas electorales sino les compran el voto sienten apatía a participar, a sabiendas que es quizás el medio más efectivo para lograr las transformaciones necesarias, justificándose en la regla que siempre va a ser lo mismo. Así como, en redes sociales donde se convierten en adalides de la verdad y mártires, sin dar soluciones y por el contrario como si sirviera de algo la tarea es dedicarse a destilar rabia y odio.
Saquen cuentas, la relación ciudadano-estado se volvió altamente tóxica, se exigen todos los derechos pero cuando les logran cumplir les dan mal uso a los bienes y servicios que se entregan; algo que se ha normalizado al salir de casa cerca a sitios donde son privilegiados de tener el servicios de agua las 24 horas se evidencia el exceso de consumo e inadecuado uso, además de su consecuente mala disposición de las aguas usadas; por otro lado, el incorrecto trato al tema de basuras, pues son muy pocos quienes reciclan; la mala costumbre de no recoger el excremento de las mascotas y por el contrario ensuciar espacios públicos y privados; el desacato a las normas de tránsito; la apología a la destrucción de los bienes públicos, parques y calles; la contaminación auditiva y ambiental, entre otras conductas nocivas.
Para poder exigir al estado debemos desde nuestras casas, organizaciones sociales, religiosas, políticas, ambientales y comunitarias apostar por una transformación general a partir del ejercicio de la auto y mutua regulación en los espacios en los que se ejerce la ciudadanía promoviendo la autorregulación y la regulación social, entendiendo las razones que motivan esos comportamientos pues sabemos que podemos lograr más beneficios sociales si las entendemos y promovemos una transformación voluntaria y activa.
Reconocido ese contexto surgirá como consecuencia una estrategia de política pública que haga énfasis en mejorar la convivencia a través de la pedagogía, influenciando el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. No todo es culpa del estado, nosotros debemos aportar un poquito y desde ya me dispongo a empezar a gestionar donde llegue o con quien hable esa transformación social.
Adaulfo Manjarrés Mejía