Un poco antes de las once, comenzaron a circular versiones por los alrededores de la plaza en el sentido de que un comando armado del grupo guerrillero 19 de abril había entrado por el parqueadero a las instalaciones del Palacio de Justicia con el fin acordado de tomarlo por asalto. Un par de horas más tarde, la opinión pública estaba estupefacta, enterada al detalle de las escaramuzas de quienes ponían en grave peligro la supervivencia de las instituciones políticas del país. Se sabía con certeza que el grupo de insurgentes había asesinado a los vigilantes del palacio para poder entrar sin dificultades por el sótano. Los guerrilleros forzaron su ingreso mientras disparaban en forma indiscriminada a quienes encontraron al paso hasta alcanzar los dos primeros pisos de la edificación. Ya cuando un segundo grupo de rebeldes quiso entrar por las puertas en las que habían segado la vida de los centinelas para llevar el armamento necesario a la refriega por las escaleras hasta el último de los pisos adonde se hallaban los guerrilleros, los nuevos defensores, reforzados, ante la urgencia de las circunstancias, por los cadetes del batallón Guardia Presidencial, lo impidieron con aplomo. En ese instante, el palacio estaba no sólo más vigilado, sino literalmente rodeado por soldados de varias compañías, traídos desde los distintos cantones militares de la capital. En las primeras horas de la tarde, los insurgentes dieron a conocer sus exigencias para liberar a los magistrados de la Corte Suprema, tomados como rehenes en el delirio demencial de los subversivos. Andrés Almarales, quien en nombre de los guerrilleros estaba al mando del operativo para tomar por la fuerza a los magistrados de la Sala Penal de la Corte, anunció desde las primeras horas de la tarde, en medio de la confusión del fuego cruzado en el interior del edificio, la apertura de un juicio criminal al presidente de la república en la sala de audiencias del alto tribunal, con miras a establecer la responsabilidad de Belisario Betancur por sus supuestas omisiones en el fracaso de los acuerdos de paz suscritos con la cúpula de los insurrectos desde un año antes. La proclama revolucionaria lanzada por el grupo, fue recibida por el gobierno como un golpe a perfidia de quienes habían respondido con violencia a su generosidad ilimitada. El gabinete, reunido en pleno ante la gravedad de los acontecimientos, adoptó la decisión unánime de no acceder a conversaciones de ninguna naturaleza. Las demandas de los asaltantes: el juicio al presidente por su responsabilidad supuesta en el fracaso del proceso de paz, con la posibilidad implícita de sancionarlo con la destitución del cargo en el evento de ser hallado culpable por acción u omisión de la conducta con respecto a la cual se lo habría de convertir en reo, el compromiso de los estamentos estatales de prohibir, mediante la expedición de un acto reformatorio de la constitución, la posibilidad de extraditar connacionales al exterior aunque fuesen requeridos por la comisión de delitos en otros países, el llamado a calificar servicios de varios generales en servicio activo, por su probable participación en los actos de represión, cometidos durante las aproximaciones de ambas partes, en las cárceles, contra miembros del movimiento. Todo aquello llegó a parecer un juego ominoso de terror en el corazón mismo del país. El presidente fue claro en el sentido de que en materia de orden público no estaba dispuesto a ofrecer nada a cambio. Sólo podían ser discutidos los procedimientos formales para la rendición sin condiciones de los violentos. La decisión del gobierno fue contundente: el orden jurídico había sido quebrantado en forma grave por un grupo de insurgentes armados, con riesgo para el mantenimiento de la vida de más de dos centenares de personas. Sólo ellos, los guerrilleros del movimiento 19 de abril, eran los responsables de la absurda situación en ese instánte. Y sólo a ellos se les imponía la obligación ineludible de rendir sus armas para lograr el restablecimiento de la legalidad amenazada. La respuesta del gobierno, además del anuncio con relación a su intención de negar concesión alguna a los rebeldes, fue proceder a la reconquista del palacio donde funcionaba el poder jurisdiccional. El paso inexorable del tiempo se convirtió a la vez en otro enemigo imposible de desestimar. Los magistrados por medio del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, se comunicaron con el palacio de La Carrera imbuidos de la esperanza de convencer al primer mandatario de que intentase una ronda de conversaciones con los terroristas por razones humanitarias. La voz quebrada del presidente de la Corte fue escuchada por la nación compungida ante el acontecimiento. Suplicaba un cese el fuego de manera inmediata para evitar el sacrificio inútil de vidas humanas. Y aún más, el bien invaluable de su propia vida. En el seno del consejo de ministros prevaleció el criterio militarista. Por una parte, algunos de sus miembros, partidarios de entablar diálogos en la desesperada búsqueda de puntos coincidenciales con los asaltantes, aconsejaban a la vez una salida digna para todos mediante conversaciones previas en las cuales se debería partir de los criterios de los convenios suscritos en Ginebra sobre el Derecho Internacional Humanitario. Y, en especial, las normas contenidas en los protocolos adicionales de 1977. Por el otro lado, estaban los amigos de una solución de fuerza: los estamentos militares o quienes se sentían más próximos a ellos, también deseaban resarcir su honor mancillado por los sucesivos acuerdos con los grupos subversivos, en donde su voz no sólo no era escuchada, sino que las fuerzas armadas estaban silenciadas por un gobierno que, a pesar de las circunstancias, parecía haberle apostado a una paz utópica por medio de la vía del diálogo directo con los grupos en armas. El país no quería repetir la terrible experiencia de unos diálogos en medio del fuego cruzado con quienes en forma abierta habían desafiado el orden jurídico. Los medios de comunicación repetían esa misma tarde, hasta la fatiga, las largas conversaciones de los guerrilleros con los representantes del gobierno, cinco años antes, cuando el mismo movimiento subversivo tomó por asalto la embajada de la República Dominicana. En esa ocasión los contactos o, como se decía en el lenguaje ambiguo de aquellos días inciertos, las aproximaciones con quienes habían violado la legalidad, duraron cuarenta largos días. Ahora, en esta ocasión, cuando el tableteo de las ametralladoras o el golpe seco de los morteros contra los muros del palacio se escuchaban diáfanos en los grandes salones de La Carrera, el presidente adoptaba la decisión de asumir en solitario la responsabilidad absoluta por cuanto pudiera ocurrir durante lo sucesivo en ese singular campo de batalla. Según las palabras del propio ministro de justicia, Enrique Parejo, Betancur delegó, como un último recurso en medio de la desesperación, a los mandos castrenses la reconquista inmediata del edificio. Los militares organizaron la liberación del palacio de justicia como si se tratara de un combate contra un feroz enemigo en exceso superior. Los oídos de quienes asumieron esa tarde la obligación de restablecer el orden público en la plaza de Bolívar, se volvieron sordos para quienes levantaron su voz en el reclamo airado por la máxima prudencia, a fin de evitar un absurdo derramamiento de sangre. En pocos minutos aparecieron más soldados listos para la acometida, más carros cascabel para el asalto, más helicópteros en un sobrevuelo misterioso en el área donde medían sus patéticas fuerzas los contendientes, más ambulancias en las calles aledañas, más cámaras de filmación para llevar el suceso a los más remotos lugares del mundo. Un cañonazo dirigido al frontón del palacio fue el anuncio del comienzo de la lucha entre los dos bandos en pugna. Ya se habían perdido por completo las esperanzas de lograr una solución para preservar la vida de quienes aún se encontraban en el interior de la mole de concreto. La fuerza descomunal de un tanque de guerra derribó la puerta principal del palacio a las tres de la tarde. Y detrás de él penetró la soldadesca con sus pertrechos de campaña, con la mente puesta en liberar los pasillos, las escaleras, los salones, las oficinas, las salas de audiencias, los baños, de todos aquellos quienes pudieran haber tenido alguna responsabilidad en el asalto de esa mañana al más caro símbolo de la justicia. Los enfrentamientos, las escaramuzas, los disparos cruzados, los gritos de quienes en forma desesperada se aferraban a una esperanza de salvarse, quedaron en el absoluto anonimato. Sólo los reporteros apostados en la plaza pudieron observar como salían en largas filas los empleados, los visitantes, algunos pocos magistrados de la Corte Suprema o el Consejo de Estado, quienes eran llevados por los efectivos de las fuerzas militares hasta la Casa del Florero, donde se había improvisado un puesto para interrogar a algunos sospechosos. Quienes no pudieron explicar sus andanzas en el Palacio de Justicia ese día o no tenían cómo demostrar su identidad o su interés en haber estado ahí esa mañana, terminaron la tarde en las caballerizas de la Escuela de Policía, donde según el testimonio poco claro de muchos de ellos, fueron torturados o tratados de manera cruel e inhumana por algunos oficiales de alta graduación en el ejército. Entre tanto, la situación en el palacio era desesperada. El uso de la fuerza empleado por los militares responsables de la liberación de los rehenes, había convertido el escenario de la lucha en el campo de una de las más absurdas batallas de la Historia. Salvados en parte los prisioneros de los dos primeros pisos al finalizar la tarde, aún quedaban los rehenes más valiosos adentro. El general responsable de la reconquista, suspendió la operación tan pronto como la noche cubrió con sus sombras la plaza. Y, contra cualquier previsión, como a las siete se desató un voraz incendio en uno de los pisos. Todos los expedientes, las carpetas, los folios, los documentos o las diligencias vertidas a un pedazo de papel se convirtieron, en pocos minutos, en cenizas. Todo parecía perdido para quienes aún no habían sido rescatados de las garras tenebrosas del movimiento subversivo. Casi a la medianoche, el presidente con su gabinete en pleno, abandonó los grandes salones del palacio de La Carrera para ir a descansar. Las llamas, mientras tanto, consumían miles de documentos de importancia para la ardua tarea de impartir justicia en los meses siguientes a la tragedia. Con las primeras luces del alba, se confirmaron los peores presagios de quienes desde afuera se habían convertido en certeros profetas del desastre. La muerte violenta de doce magistrados se confirmó temprano, mucho antes de que las campanas de la catedral primada anunciaran con sus repiques estridentes el comienzo de la tarde. El balance no podía ser más siniestro. Un poco más de cien personas habían muerto en medio de la batalla desigual en la tentativa de lograr por parte de los militares el control del palacio en ruinas.
IDY BERMUDEZ COTES