La Guajira, uno de los departamentos más emblemáticos y culturalmente ricos de Colombia, enfrenta una crisis persistente en materia de nutrición y seguridad alimentaria que no puede seguir siendo ignorada. A pesar de su potencial agrícola y el esfuerzo institucional, la inseguridad alimentaria sigue siendo una realidad que afecta especialmente a las comunidades indígenas y rurales, con consecuencias dramáticas en la salud y el desarrollo de la niñez.
La aprobación en noviembre de 2024 del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PDSSAN) para el periodo 2024-2034 representa un avance significativo. Este plan busca no solo atender la urgente necesidad de garantizar el derecho a la alimentación, sino también fortalecer capacidades locales, promover la producción sostenible de alimentos y gestionar eficientemente los recursos hídricos, todo ello respetando las tradiciones culturales guajiras. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que los planes requieren compromiso real y recursos suficientes para traducirse en cambios tangibles.
El contexto nacional también demanda una respuesta integral y coordinada. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Colombia enfrenta una alta prevalencia de inseguridad alimentaria, especialmente en regiones rurales y étnicas como La Guajira, donde la mortalidad por malnutrición supera la media nacional entre 8 y 13 veces. La presencia de poblaciones vulnerables, incluidos migrantes y víctimas del conflicto armado, añade complejidad a la problemática, haciendo indispensable que las estrategias sean inclusivas y sensibles a las particularidades locales.
El reto es mayúsculo, pero no insuperable. Las iniciativas que combinan la innovación con el rescate de saberes ancestrales, como la piscicultura sostenible o las huertas comunitarias, demuestran que es posible avanzar hacia sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles. La clave está en empoderar a las comunidades para que sean protagonistas de su seguridad alimentaria, apoyadas por políticas públicas coherentes y alianzas estratégicas entre gobierno, academia, organizaciones internacionales y sociedad civil.
Además, el enfoque debe ser integral: no basta con aumentar la producción de alimentos, sino que es vital mejorar la calidad nutricional, promover dietas balanceadas y garantizar el acceso permanente a alimentos sanos y culturalmente apropiados. La gestión del agua, la adaptación al cambio climático y la protección social son pilares indispensables para que esta transformación sea sostenible en el tiempo.
En conclusión, La Guajira está en una encrucijada. La seguridad alimentaria y nutricional es un derecho humano que debe ser garantizado con urgencia y eficacia. Pero el verdadero cambio dependerá de la voluntad política, la inversión adecuada y la participación activa de sus comunidades. Solo así se podrá asegurar que la tierra de los wayuu deje de ser sinónimo de hambre y se convierta en un ejemplo de resiliencia y desarrollo sostenible en Colombia.
La nutrición y la seguridad alimentaria sostenible en La Guajira no son solo un desafío técnico, sino un compromiso ético con la dignidad y el futuro de sus habitantes.
Breiner Robledo Meza