Todos estamos de acuerdo con la prohibición categórica de la minería en páramos. Todos coincidimos, también, en que los ecosistemas colindantes –que son integrales al páramo, que se requieren para su subsistencia- también deben quedar protegidos. No es nada nuevo, ya está en la ley y lo ha dicho la Corte Constitucional. Tenemos tres millones de hectáreas de páramos cuya delimitación incluye y debe incluir las áreas de transición con otros ecosistemas. Lo nuevo era dejarlo en la Constitución.
Además, queríamos intentar dar un paso más allá, empezar a proteger el bosque andino. Hoy no tiene protección, salvo el bosque que hace parte del páramo –como área de referencia o de transición. Ese bosque andino (incluyendo el alto) tiene todo tipo de actividades antrópicas: minería –pequeña, mediana y grande- también actividades agropecuarias entre otras. Habrá unas legales y otras ilegales. Frente a las ilegales deberíamos actuar con toda contundencia; perseguirlas y acabarlas. Sin embargo, quienes desarrollan actividades legales tienen derechos que no pueden desaparecer de un momento a otro. Hay leyes, tratados y un ordenamiento jurídico que existe y les ha otorgado la posibilidad de estar ahí. Por lo tanto, proteger los bosques debe empezar por reconocer la existencia de habitantes y usuarios legales. Queríamos plantear algún tipo de régimen de transición. En la ponencia planteamos uno: mantener lo que ya estaba otorgado legalmente hasta cuando fue concedido, excluyendo así cualquier renovación o ampliación.
La izquierda decidió hundir el proyecto. No entiendo sus razones. Hicieron una estrategia mediática de linchamiento. Adujeron todo tipo de argumentos sobre sombrías y ocultas intenciones. Se atrevieron incluso a decir que queríamos permitir la explotación de los páramos. Semejantes argumentos sólo pretendían dibujarnos como de mala fe. Tal vez, explicable por la polarización donde el juego es la descalificación total. Sin embargo, sin sustento adicional a su especulación y desconfianza, y por lo tanto injustificada.
Sin embargo, el asunto va más allá. Oí en este debate decir al Senador Petro que la minería no genera derechos adquiridos. Me hizo pensar mucho en los caprichos de los dictadores del socialismo del siglo XXI. Ellos deciden cuales son los derechos, desconocen las normas, se burlan del ordenamiento jurídico. No les gusta una actividad y la destierran.
No soy fan de la minería, pero jamás desconocería el marco jurídico que la cobija. Lo respeto, porque se trata de una actividad legal y hace esfuerzos por mitigar el impacto ambiental y lo que es más importante, da empleo. He sido una abanderada convencida de muchos asuntos ambientales: parte del impuesto de carbono para proteger el Amazonas, las regalías para el sector ambiental, el proyecto también para otorgarle transferencias a la región amazónica de todas las regiones de Colombia, para lograr su efectiva protección y conservación -fallido también por la interferencia de la izquierda.
Estoy convencida de la importancia de la protección del medio ambiente y sobre todo del deber ético que tenemos frente a la conservación de biodiversidad de nuestro territorio. No podemos permitir que las causas ambientales sean de un solo lado del espectro ideológico. Esa es la perdición de la batalla por la conservación y la lucha contra el calentamiento global. El tema ambiental debe ser transversal, como el empleo o la educación. Cada partido debe tener banderas ambientales. Es un tema que debe unirnos, convocarnos a todos.
Lamento que en Colombia aun los consensos un sobre lo que estamos de acuerdo no sean posibles, y que el debate se haya degradado tanto. Me duele tanta mezquindad.
Paloma Valencia