PASO ANCHO-DISTRACCIÓN-FONSECA: ¿BANDIDOS VESTIDOS DE CABALLEROS?

En la mitología griega, Tántalo fue condenado por los dioses del Olimpo a vivir en un lago con el agua hasta el cuello y colgado de un árbol cargado de frutas. Cada vez que Tántalo, desesperado por el hambre o la sed, intenta tomar agua o comerse una fruta, las dos se retiran de su alcance. Para completar el castigo le pusieron encima una roca que se mueve de manera permanente amenazando con aplastarlo.

Parodiando la terrible condena de Tántalo es que vivimos los guajiros. Estamos condenados a vivir con hambre y sed. Como si fuera una maldición a la que han contribuido los gobiernos y los políticos.

Y la afirmación se justifica porque tenemos una zona sur muy fértil, la provincia de padilla, desde Barrancas hasta el río Pereira en la Jagua del Pilar, que se puede constituir en una gran despensa agrícola pero que los gobiernos no desarrollan políticas para promoverla.

En el tema del agua solo hay que saber que existen tres zonas de donde nacen importantes fuentes, como son la serranía del Perijá y la Macuira, además de la sierra nevada de Santa Marta donde nacen los ríos Palomino, San Salvador, Ancho, Cañas, Maluisa, Jerez, Tapias, Camarones y Ranchería, que vierten sus aguas hacia el mar caribe en La Guajira.

Sin embargo, no ha habido políticas que organicen el problema del agua en el departamento, con base en la planeación, para darle solución definitiva al problema.

Ante la falta de políticas, y en aplicación del decreto 028 de 2008, fue que el gobierno nacional decidió intervenir la competencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, a través de la Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento de La Guajira (ATSAPSB).

En ese momento se justificó la decisión porque había uso ineficiente de los recursos; y, sobre todo, porque después de diez años de ejecución de un crédito con el Banco Mundial, la dinámica de ejecución no había sido la esperada.

Además de que la gobernación del departamento de La Guajira no permitía generar confianza institucional, teniendo en cuenta que más de diez gobernadores elegidos habían terminado con problemas judiciales: destituidos, encarcelados, condenados, en fin.

Los pocos avances alcanzados con la intervención que venció el 20 de febrero de 2020 costaron $8.108 millones, y concluyó que los riesgos y rezagos persistían, para justificar la extensión por otros dos años hasta 2022, adoptada mediante el documento CONPES 3984 de 2020 a un costo de $8.242 millones en solo en gastos de funcionamiento.

Pero al final solo se puede concluir que la tal asunción temporal de competencias no ha servido para organizar nada en el sector de agua potable y saneamiento básico.

¡Ha sido un desastre!

Aquí el ministerio de vivienda tiene que dar muchas explicaciones, y de manera particular el ministro Malagón que se jacta de su origen guajiro, confirmando que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, refrán que nos viene como anillo al dedo en el descalabro de todos los proyectos de agua que se han iniciado, pero que nunca terminan: el monumento a la corrupción de la represa del ranchería, el desastre de las pilas públicas con el proyecto Guajira Azul que solo se llenarán de agua cuando llueva y que los órganos de control deberían de llevar a cabo un ejercicio riguroso de auditoría; y ahora la línea de conducción Paso Ancho-Distracción-Fonseca, a la cual me voy a referir.

La ATSAPSB llevó a cabo la licitación pública LP-AT-APSB-006-2019 para contratar la Construcción de la nueva línea de conducción Paso Ancho-Distracción-Fonseca, la cual fue declarada desierta mediante el Acto Administrativo número 143 del 31 de diciembre de 2019, y como consecuencia de dicha declaratoria se inició un proceso de selección abreviada escogiendo la propuesta de una entidad sin ánimo de lucro: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CARDONA ORTIZ (FUNDESCO INTEGRAL) cuyo representante legal y dueño es Alexis Benjamín Cardona Ortiz, según registro de la Cámara de Comercio.

Aquí ya hay varias cosas que llaman la atención y no aguantan una simple fiscalización de la DIAN: 1) Una entidad sin ánimo de lucro contratando una obra de ingeniería sin beneficio lucrativo? ¿Para no repartir utilidades? 2) Una entidad sin ánimo de lucro que se avergüenza del nombre porque por algún error tiene los apellidos del “dueño” y se esconde utilizando la sigla? 3) una entidad sin ánimo de lucro con dueño? 4) una entidad sin ánimo de lucro con 61 actividades disímiles en el objeto social, todas de carácter lucrativo, de donde se infiere que hacen desde un alfiler hasta un cohete? ¿Para acapararlo todo? 5) Es una empresa constituida como entidad sin ánimo de lucro en forma de Fundación, pero que desarrolla su objeto con ánimo de lucro como cualquier empresa comercial.

Es una clara y firme intención de eludir obligaciones fiscales. La DIAN tendrá la palabra.

De todas maneras, así le fue adjudicada la obra y el 24 de abril de 2020 suscribieron el contrato 010 por valor de $10.537.112.688 con plazo de 8 meses y acta de inicio del 27 de mayo, es decir, que la obra se tenía que estar entregando hacia el mes de enero del presente año.

Se tenía que estar entregando, bien dicho. Porque a la fecha de hoy no ha terminado. Cualquier cosa podrá pasar menos que termine bien; porque todo empezó mal desde la elaboración del proyecto por parte de la ATSAPSB.

Pero en garantía de la objetividad también hay que decir que el atraso de la obra no es de la responsabilidad absoluta del contratista sin ánimo de lucro, por diferentes razones.

1) El proyecto fue diseñado, licitado y contratado sin que la ATSAPSB hubiera resuelto la situación jurídica de los predios privados por donde debe pasar la tubería de conducción.

2) El trazado del proyecto va paralelo a la vía nacional, para lo cual se necesita del permiso del INVIAS para ejecutar la obra. ¡Sin embargo dicho permiso se obtuvo un años después de haber iniciado la construcción de la obra!

3) El proyecto fue diseñado, licitado y contratado sin que la ATSAPSB hubiera obtenido los permisos necesarios ante la alcaldía, para la ocupación de los espacios públicos del trazado dentro del perímetro urbano del municipio de Distracción.

4) Como consecuencia de lo anterior, y ante la falta de socialización del proyecto con la comunidad, se presentaron problemas de inconformidad de la gente que incluyó la oposición al proyecto por la afectación del entorno urbanístico con la rotura del pavimento, excavación, tubería en las calles, obstrucción vial, etcétera.

5) Ante la manifestación de resistencia social a la ejecución del proyecto, se sabe que la entidad sin ánimo de lucro contratista del proyecto llevó a cabo gestiones ante la alcaldía municipal de Distracción, pero la reacción de eficiencia del alcalde no fue la apropiada ni oportuna para la continuidad del proyecto.

6) El proyecto fue diseñado, licitado y contratado sin haber tenido en cuenta la constitución de servidumbres y la negociación o expropiación de predios privados en el trazado de la obra.

7) Por la revisión que le hizo un ingeniero experto en el tema, a partir de la escaza información pública que le suministré, concluyó que dicho proyecto parece diseñado por inexpertos o personas que no visitaron el área física de la obra, teniendo en cuenta que no existe verificación del diseño hidráulico de las cajas y válvulas de la red, relacionadas con válvula ventosa, válvula de purga, válvula reguladora de presión, caja de las válvulas, entre otras, y sus especificaciones técnicas.

Y puedo seguir con un rosario de errores, deficiencias, ineptitudes, es decir, cualquier cantidad de adjetivos descalificativos para señalar a la ATSAPSB. Con lo cual reitero que esas intervenciones del gobierno nacional para arreglar un estado de cosas resultaron siendo peor el remedio que la enfermedad. Y la razón no es distinta que la corrupción y la politiquería.

O quién explica por qué no se tienen los estudios y diseños que permitan concluir la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental, para poder llevar a cabo los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros aspectos, que garanticen la ejecución y entrega de la obra, ¿todo antes de adjudicar un contrato para construir una obra pública de esta naturaleza?

Actualmente la obra está paralizada y se sabe que el contratista le está debiendo a proveedores y trabajadores.

Nadie da ninguna razón acerca de la continuidad del proyecto; y además tengo información de buena fuente en el sentido de que al contrato le dieron orden de liquidación.

¿Eso es cierto? ¿Quién responde? Señor ministro Malagón: ¿usted tiene alguna explicación para los beneficiarios del proyecto? ¿Estamos ante algo parecido al escándalo de Centros Poblados para robarse una plata, y que tapen lo sucedido como si no hubiera pasado nada y que todo siga normal? ¿Será que estamos ante otro caso de corrupción con unos bandidos vestidos de caballeros?

Al terminar de escribir esta columna recibo información en el sentido de que, a corte del 5 de julio de 2021, el contratista sin ánimo de lucro ha presentado un informe en el cual queda expreso que el proyecto tiene un porcentaje ejecutado del 54.12% frente al planeado del 50.06%, es decir, que la ejecución del proyecto es mayor al porcentaje que se tenía planeado.

Y que, además, para garantizar la continuidad del proyecto, el cual ha tenido dos prórrogas por fallas atribuibles a la ATSAPSB, el contratista sin ánimo de lucro ha propuesto la necesaria adición del contrato que incluya el ajuste y revisión de los diseños, además de la ampliación del plazo de ejecución del contrato por otros cuatro (4) meses, con la consecuente ampliación del término de vigencia de las garantías.

¿Y eso es gratis? Como ño moñito

Luís Alonso Colmenares Rodríguez 

http://www.laopiniondecolmenares.com

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