En el ejercicio del derecho a réplica en televisión nacional frente a la alocución del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro expresó que “…nosotros no nos endeudamos para hacer carreteras, no nos endeudamos para hacer hospitales o para hacer colegios; nosotros solo nos endeudamos para pagar la deuda». Aunque parce contradictorio, describe muy bien lo que fue el gobierno del progresismo.
Es claro que no se trataba de explicar un procedimiento de alta ingeniería financiera. Con esa afirmación estaba confesando una maniobra tan vieja como peligrosa, lo que le permitió desvestir a un santo para vestir a otro. En su exposición intentó llamar la atención sobre la refinanciación de la deuda como un paso técnico rutinario de la tesorería nacional, pero en la práctica el Gobierno solo pateó esa bola de fuego hacia adelante. La factura por comprar tiempo extra no tardó en llegar, marcando uno de los episodios de endeudamiento más costosos y riesgosos de la historia hacendaria de Colombia.
El recurso del «rollover» de obligaciones, como se le llama a esta operación de traslado de fondos y postergar pagos en la teoría y política fiscal, siempre ha existido en el Ministerio de Hacienda, pero ejecutarlo en medio de una severa desconfianza de los mercados transformó el trámite en una trampa de liquidez.
La decisión de congelar los nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y al propiciar una depresión inducida a las exportaciones minero-energéticas le propició un duro golpe al principal motor de divisas y regalías del país. Al cerrarle el grifo a los ingresos petroleros y del carbón en pleno aceleramiento del gasto público redistributivo indiscriminado, la administración minó la base fiscal real que sustentaba la capacidad de pago del Estado.
A esta erosión de la base exportadora se le sumó un descuido en la gestión de los ingresos corrientes. La DIAN basó sus cuentas en expectativas de recaudo desmedidamente optimistas, acumulando un desfase en la caja tributaria que superó los $30 billones. Lejos de actuar con prudencia presupuestal ante la escasez de dinero en efectivo, el gasto público continuó acelerándose de forma inflexible. Sin ingresos reales de impuestos ni renta petrolera suficiente, en el 2025 el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central se disparó hasta el 6,7% del PIB, empujando la deuda bruta por encima del 64% de la producción nacional.
Esta espiral fiscal terminó por dinamitar los compromisos institucionales de sostenibilidad. Al sobrepasar el tope fijado por la Regla Fiscal recurriendo a determinaciones poco ortodoxas para eludir sus restricciones, el Gobierno envió una señal de desorden financiero que la banca bursátil castigó sin piedad. Los inversionistas reaccionaron exigiendo primas de riesgo elevadas, lo que obligó a la Nación a emitir Títulos de Tesorería (TES) a tasas de interés históricamente altísimas con el único fin de saldar créditos antiguos que habían sido contratados en condiciones mucho más favorables.
El resultado de este engranaje fue la baja la capacidad de inversión pública. El servicio de la deuda se devoró las prioridades del Presupuesto General de la Nación, alcanzando compromisos anuales que superaron los $155 billones, donde solo el rubro de intereses absorbió cerca de un tercio de todo lo recaudado por impuestos. Los recursos que debieron destinarse a colegios, carreteras o programas sociales terminaron transferidos de manera directa a los tenedores de bonos para cubrir el costo del sobreendeudamiento.
Justificar que un país se endeude para pagar sus créditos mientras se estrangula la matriz productiva y se ignoran los límites del déficit, no es una anécdota propia de la economía y la política fiscal; es la confirmación de las trabas y trampas fiscales en que cayó el progresismo. Colombia no solucionó sus problemas estructurales de caja y tampoco redistribuyó de manera focalizada el ingreso, solo compró tiempo para obtener un respiro efímero en los mercados financieros.
La prórroga, sin embargo, se pagó a un costo exorbitante, se cambió deuda barata por créditos carísimos, se comprometió el margen de maniobra de las futuras administraciones y se dejó en evidencia que la decisión de gastar sin disciplina fiscal e incoherencia en el sector productivo, siempre se liquida a precio de usura.
Cesar Arismendi Morales