“La voluntad del pueblo no está por encima de la Ley”
José María Aznar
Sin duda, la semana que acaba de pasar es una de las más turbulentas que presidente alguno, en la historia reciente del país, haya tenido que experimentar. Mientras Petro trataba de controlar los alcances del escándalo relacionado con su propia familia, “denunciando” los sobornos y el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña a la Presidencia por vía de su hijo Nicolás, como lo evidenció la revista Semana a través del explosivo testimonio de su exnuera (quien le había informado el tema un mes atrás), el Presidente era notificado de un categórico mensaje de parte del Poder Judicial.
Por un lado, el Consejo de Estado suspendió el Decreto del 16 de febrero, por medio del cual había asumido las competencias propias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG—con el propósito de modificar el régimen tarifario de servicios públicos en el país. En su momento, la medida hizo cundir el pánico entre los expertos y prestadores de servicios energéticos, debido a que ello conllevaría una grave afectación a la estabilidad del sector, porque en manos de Petro, la fijación de tarifas dejaría de atender criterios estrictamente técnicos y de mercado.
No obstante, lo que llama la atención de la decisión del Consejo de Estado, más allá de lo concretamente resuelto, es que en su fundamentación dejó en evidencia que lo que realmente implicaba el decreto de Petro no era otra cosa que un golpe al Estado de Derecho, habida cuenta del desconocimiento de los límites constitucionales de su propio cargo, así como de las facultades atribuidas al Congreso de la República.
Para el Consejo de Estado, “la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislador en los artículos 150, 365, 367 y 48 transitorio de la Constitución Política y este, a su vez, asignó dicho componente de regulación a las comisiones de regulación, por lo que no se encuentra ajustado a dichas normas superiores el hecho consistente en que el Presidente de la República pretenda asumir competencias que, por virtud de los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1993 y 20 y 23 de la Ley 143 de 1994, no son de su resorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y a la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable)”
Lo que lo llevó a concluir tajantemente que, “lo que se encuentra irregular es que el primer mandatario de la Nación haya decidido arrogarse la competencia para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, rol funcional que, por expresa disposición constitucional, le fue conferido al Congreso de la República, corporación que, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo de la fijación de dichas tarifas a las comisiones de regulación”.
Pero por si semejante aterrizada no fuera suficiente, la Corte Constitucional le dio otro durísimo baño de realidad a Petro, muy acostumbrado a saltarse los marcos constitucionales y legales, así como a correr la línea ética. En un viraje de su jurisprudencia, concluyó por unanimidad que, durante el examen de constitucionalidad de las leyes tenía la facultad de suspenderlas provisionalmente como medida cautelar, en tanto que agota dicho estudio; ello procederá excepcionalmente en casos en los que la ley (i) sea manifiestamente incompatible con la Constitución, y (ii) pueda producir efectos irremediables o que lleven a eludir el control de constitucionalidad.
Estas dos decisiones judiciales, sumadas a la férrea oposición del Fiscal General de la Nación al otorgamiento de beneficios a narcotraficantes en el marco de la Paz Total (pacto de La Picota), abren una ventana de esperanza en medio del evidente propósito de Petro por romper el equilibrio de poderes y concentrar el poder absoluto de la institucionalidad.
Es hora de que la sociedad colombiana rodee y salga en defensa de sus instituciones y de la división de poderes para evitar que Petro radicalice su natural autoritarismo. Mientras mantengamos el sistema de pesos y contrapesos, aún habrá Patria por la que luchar.
P.D. Esta semana en un foro encabezado por el expresidente José María Aznar, le escuché muchas reflexiones que tendrían validez en Colombia, entre ellas que “el populismo se escuda en la voluntad popular, pero la voluntad del pueblo no está por encima de la Ley”
Paola Holguín