POR ESO NO VOTO CON ÉL

Rafael Escalona soñó con la casa en el aire,

en el Valle la hicieron, pero no quedó igual!!

 

No entiendo la razón por la que en mi decisión personal de no votar por un candidato determinado a la Presidencia de la República me hace cómplice o coautor de presuntos delitos penales y violaciones a los derechos humanos en los que se vieron involucrados funcionarios y ex funcionarios de la alta dirección del Estado en épocas anteriores o quizá actuales. A estos críticos y a quienes me han amenazado, les explico con esta columna que mi decisión está tomada por el riesgo a mis creencias religiosas y a la protección de la institucionalidad democrática que han generado las intervenciones del candidato que me quieren imponer en todo tipo de eventos y de las manifestaciones públicas de los militantes de su infantería proselitista.

Particularmente como practicante de la religión católica y seguidor de Cristo, no creo conveniente aportar mi voto para que sea elegido como líder del país donde vivo a una persona que dude de la existencia de Dios, promueva rituales a otras deidades y vaya contra los principios básicos de mis creencias en torno al aborto, eutanasia, identidad de género y otros temas. Repito es mi posición que creo debe ser respetada, así como respeto la de los que consideran otras cosas diferentes.

En ese sentido me apoyo en la Constitución Política de 1991 donde se declara que Colombia es un Estado Social de Derecho, manifestación reiterada por la honorable Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos donde señala que “El Estado social de derecho se erige sobre los valores tradicionales de la libertad, la igualdad y la seguridad, pero su propósito principal es procurar las condiciones materiales generales para lograr su efectividad y la adecuada integración social. A la luz de esta finalidad, no puede reducirse el Estado social de derecho a mera instancia prodigadora de bienes y servicios materiales. Por esta vía, el excesivo asistencialismo, corre el riesgo de anular la libertad y el sano y necesario desarrollo personal”. Esto me hace recordar una frase política que me quedó grabada en la mente de niño, no sé si era de las campañas políticas de Nellit Abuchaibe (Q.E.P.D.) que decía: ¡Respete para que te respeten!

En cuanto a la experiencia del riesgo a la estabilidad de la institucionalidad lo analizo desde la cuestionable experiencia que vive desde hace una década la ciudad de Santa Marta, donde un movimiento político creó muchas expectativas a nivel nacional frente al cambio de instituciones a las que se consideraban corruptas e ineficientes, con el sueño de ver algunas de mis ideales cumplidos, creí en ello y por eso me vine desde La Guajira a vivir a esta ciudad; sin embargo, con el paso del tiempo me decepcioné del modelo, pues la famosa trasformación se limitó a cambiar una rosca por otra, siguieron los mismos vicios y llegaron otros peores, sumado a ello la instauración del régimen de odio de clases  y aún más convenciendo subliminalmente al pueblo con la muletilla “Se Roba Pero Se Hace”. No lo digo yo, móntese en un taxi y pregunte o a cualquier parroquiano de Samaland (Santa Marta, ciudad mágica) que no sea militante, contratista o funcionario de la Administración. Lo importante, es que lo Samarios aún creen que es posible retomar el rumbo y eso me hace querer luchar por esta tierra donde nacieron mis hijos.  

Retomo mi análisis destacando que la institucionalidad es importante entendiendo que la eficacia y el buen funcionamiento del Estado, además del respeto a las normas y de los recursos para ejecutar sus planes, programas y proyectos depende de entidades e instituciones públicas sólidas preparadas para el variabilidad de las circunstancias, cada vez más cambiantes, o tal vez del cambio abrupto de dirección política que de manera reactiva pudieran dar sus directivos y funcionarios conformes a sus ideologías o intereses personales. La garantía para nuestros derechos constitucionales está en tener instituciones con la capacidad atender las necesidades de los habitantes de las regiones o del país sin distinción alguna, conservando la entereza para lidiar con firmeza las crisis, sin perder la hoja de ruta planteada en la carta magna o verse forzada a detener su marcha.

Repruebo firmemente y no comparto las acciones  con las que han desangrado fiscalmente al estado realizado por algunos gobernantes y ex gobernantes, funcionarios y exfuncionarios, contratistas y particulares al servicio de los anteriores; además de los crímenes contra personas inocentes, minorías y colectivos reconocidos por algunos miembros de la fuerza pública, para ellos exijo a la justicia su máxima condena; paralelamente cuestiono la falta de justicia restaurativa con las víctimas de los crímenes de los grupos al margen de la ley, las ineficiencias y exigencias de algunos funcionarios sindicalizados que llevaron a empresas del estado a la quiebra y la manipulación ideológica de algunos docentes, entre otras circunstancias que hoy se quieren sanear como lucha democrática; desde mis perspectiva como abogado constitucionalista deploro la poca importancia que se ha dado a las víctimas y el trato preferencial a los victimarios,  exhorto a aquellos que se pasean en el congreso y otros que desean llegar a la Casa de Nariño por lo menos una disculpa.

Ahora bien, los cambios propuestos para las instituciones públicas actuales siempre serán bienvenidos si se realizan para garantizar su funcionamiento y los fines del estado; los ajustes pretendidos a las estructuras de la Policía, Ejército y otros organismos de seguridad para fortalecer la garantía los derechos humanos, también; pero no creo conveniente  o viable que las formulas tengan origen en ideólogos militantes de sus enemigos de antaño, ese esquema no creo que los vaya a fortalecer o vayan a ser respaldados por la mayoría de los ciudadanos.

Lo dijo sabiamente Jean Monnet (1888-1979), “los hombres pasan, pero las instituciones quedan; nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin instituciones”. En efecto, pretendo promocionar con esta frase la permanencia y los valores que tiene la perspectiva de la estabilidad institucional, la cual ha sido reconocida a nuestro país desde el derecho internacional y otras naciones, pues pese a los problemas de orden interno Colombia se ha caracterizado por mantener la institucionalidad democrática que ha perdurado frente a contextos políticos cambiantes dando cumplimiento a sus objetivos y renovando su vigencia.

En caso que el candidato logre el triunfo y mantenga las condiciones de estabilidad de las instituciones, garantice el respaldo de la fuerza pública y armonice los sueños con los contextos socioeconómicos actuales, sea bienvenido; pero es de recordar que Colombia no va a cambiar con un chasquido, aún más cuando el odio se sembró en los corazones conforme a ideologías de los que luchan por dirigirnos; ya no pensamos como Nación, no actuamos como hermanos. Este escenario político ha sacado lo peor de muchas personas que están caminando enfocados no en una transformación social real sino establecer modelos de extremos para perpetuar su poder; Colombia no es de los de derecha o los de izquierda, es el país es de todos.

Adaulfo Manjarrés Mejía

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