Las grandes organizaciones delictivas no pueden ser esa suerte de entidad deforme que indique la senda por la que la nación debe echarse a andar.
Colombia entera es un campo minado. Cuando a escasas semanas de finalizar este año nos topamos con la cifra que revela una vieja realidad ya conocida, la frase con que inicio esta columna cobra la fuerza suficiente para dejar de ser un simple eufemismo o una triste metáfora. Llegado el domingo tres de diciembre de 2023, el país alcanzó la masacre número noventa, y con ella llegamos a la certeza inapelable de que el camino que estamos recorriendo como nación no es el que debería ser.
Si contrastamos las 289 víctimas que van a la fecha con las 300 de 2022, las 338 de 2021, o las 381 de 2020, la iniciativa del Gobierno que propone una Paz Total no llega a ser ni una utopía. Razón de sobra tiene Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) al decir que «La dictadura local impuesta por un grupo armado es el preludio de un crimen». Urge la consolidación y la puesta en marcha de una política de seguridad ciudadana que, más que sólida, sea constante y eficaz para erradicar todo aquello que se constituya en el preludio de una masacre.
En Colombia, territorio en que históricamente los grupos armados ilegales han impuesto sus funestos regímenes, los derechos humanos son un dibujo mal trazado. ¿Quién tiene la culpa de la barbarie? ¿El Estado? ¿Los insurgentes? ¿La fuerza pública? ¿La propia nación? Según señala el director de Indepaz, el treinta por ciento de las matanzas que se han registrado este año han sido cometidas por “organizaciones de alto impacto”, entre las cuales incluye a las Autodefensas Gaitanistas, el Estado Mayor Central de las FARC, la Segunda Marquetalia y el ELN.
Pero la responsabilidad debe ubicarse más allá de lo que representan esos ejes del mal. Aunque figure inofensiva, la intolerancia también ha ocasionado masacres. De la misma forma que las han permitido el abandono o el olvido estatal en regiones donde, aun habiendo alcalde o gobernador, la gente vive expuesta al peor de los riesgos mientras la ley es creada por criminales que arbitrariamente ejercen un nefasto control social sometiendo a grupos humanos a cualquier brutalidad que se les antoje.
Las grandes organizaciones delictivas no pueden ser esa suerte de entidad deforme que indique la senda por la que la nación debe echarse a andar. Colombia no puede seguir siendo un país donde el sicariato se imponga. Por el contrario, debe ser un Estado capaz de fijar e implementar sus leyes con firmeza ante todo aquel que le quiera negar a esta nación la paz que merece.
Abel Enrique Sinning Castañeda