Insólito por diferencias política, de la Procuradora, Margarita Cabello Blanco, con el presidente Gustavo Petro, solicita a la Honorable Corte Constitucional, que declare inexequible el decreto de emergencia: sanitaria, económica, ambiental y social; expedido por el presidente, como una alternativa valiosa, que busca resolver graves problemas, originado por la falta de agua, que carece el departamento y en especial, las comunidades indígenas, en el desierto que habitan, Alta Guajira; registrando en Colombia, el más alto índice de mortalidad infantil y algunas, de adultos mayores, por escasez de agua, consumos de aguas contaminada y el hambre que padecen.
La procuradora está acolitada por la oposición que ejerce los partidos políticos, Centro Democrático, Cambio Radical y Conservadores; maniobradas con campañas mediáticas, manipuladas por algunos medios de comunicaciones, presionando a la Corte, para que falle contra el presidente Gustavo Petro y fracase, con las buenas intenciones humanitarias, direccionada ejecutar en La Guajira, siendo el único mandatario nacional, que se ha apiadado, por solucionar tantos problemas, que viene sufriendo el departamento peninsular, desde hace muchos años y que tenga que irse al traste, para perpetuar desgracia y penuria, de manera infinita.
Honorable Corte Constitucional, las necesidades urgentes y emergentes, en La Guajira, priorizan sobre algunas formalidades, cuando no se tiene nada que esperar sobrevenga, porque ya tenemos consumado el mal, para efecto de resolverla en forma mediata.
No se puede desconocer la calamidad, que viven las comunidades indígenas, degenerando el estado de salud, por falta de atención e indiferencia del gobierno central, en resolver excepcionalmente, una serie de circunstancias, que crecen como un cáncer en estado metástasis, postrada por abandono, cuando tenemos el derecho de que nos compense, las explotaciones de recursos naturales extraído del territorio, destruyéndolo con millonadas toneladas de explosivo y la contaminación ambiental que de la minería se generan.
En reiteradas columnas, publicadas en estos medios escrito, he puesto de presente para la solución del agua, en beneficio de todos los municipios de La Guajira, que se formalice un convenio de impuesto por obra, para que una parte del impuesto de renta, que paga el Cerrejón, a la nación, se inviertan en las obras que se requiere, para proveer de agua a 10 de los 15 municipios, del departamento peninsular y consecutivamente, habilitar, el anhelado distrito de riesgo, destinado a la producción de alimentos, agrícola, ganadera y otros. Hasta un cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta, correspondiente a una vigencia fiscal, podrían comprometerse, para financiar el proyecto de terminación y activación, general de la represa del Ranchería.
Se pretende instalar grandes proyectos de energías alternativas, eólica y solar, por las condiciones especiales y afortunadas, de que goza el territorio departamental, para producir energías, durante 24 horas, los 365 días del año, a diferencia de muchos otros territorios del mundo, regulados por cuatro estaciones climáticas, que están limitados con generaciones parciales eventuales, pero nada se hace para mejorar, las condiciones de productividad y competitividad, con infraestructura en La Guajira y responder por las atenciones de salud.
La Guajira tiene capacidad en espacios predial, para generar energías alternativas, que cubra un 60% del consumo de demanda nacional, debiendo ser valorada con tratamiento digno, que garantice prosperidades futuras. Tratarla de manera incipiente, relegada, cuando tiene todo y no tiene nada, subyugada a política centralista de la corrupción, no es lo que merecemos.
Alcaldes y representantes de La Guajira, brillaron por su ausencia, en la audiencia pública, celebrada en el auditoria de la Corte Constitucional. Tuvieron presente, el presidente Gustavo Petro, con sus ministros y la gobernadora de La Guajira, Diala Wilches Cortina. Las participaciones activas de alcaldes y congresista, era indispensable, para constituir de manera masiva, unidad solidaria compactada, en defensa de derechos e interese, que nos asisten. Un parlamentario, cuestionó la demora en la expedición de decretos, direccionados para ejecutar los proyectos de obras, originados y consagrado en la emergencia, pero no estuvo presente en la Corte, oportunidad de defenderlo como senador de La Guajira.
Lamentable observar los comportamientos de algunos guajiros, que anhela que la Corte Constitucional, eche para atrás la emergencia decretada, para burlarse del presidente, porque les da envidian, que lo que no hicieron durante más de siglo, los partidos políticos, que ellos pertenecen, hoy fungen en oposición e independiente, lo haga el presidente del Pacto Histórico, de tendencia centro izquierda. Recapaciten, no se dejen arrastrar del fanatismo, egoísmo, ni mucho menos por el individualismo.
A lo tuyo tú. Luchemos unidos por nuestros derechos, de lo contrario seguiremos perdidos y jodidos, divididos y fraccionados, por intereses y beneficios, políticos y personales o contradicciones fatales. De frustrar las esperanzas, en proyectos territoriales, para nuestro bienestar colectivo, plasmado en la declaratoria de emergencia, invalidada por algunas formalidades pasajeras, de hecho, estallaran reacciones impredecibles, de justo inconformismo.
Martín Barros Choles