El atentado criminal contra Miguel Uribe es el preámbulo de lo que será un año electoral marcado por factores que pondrán a prueba las instituciones y la ciudadanía: violencia y enriquecimiento ilícito, producto de un gobierno que durante estos tres años ha fortalecido a sus aliados que lo llevaron al poder. Se puede corrobora con cifras y con el llamado Pacto de la Picota, refrendado en el vergonzoso y desafiante acto de la Alpujarra en Medellín, donde confirmamos que la mal llamada “paz total”, es impunidad total para todos los criminales, y amenaza para quienes promuevan seguridad, orden y justicia, como Miguel Uribe, que hoy lucha por su vida en la Fundación Santa Fe.
Petro sacó otra vez a relucir un “Golpe de Estado” en su contra, pero esta vez los responsables son Francia Márquez y Álvaro Leyva… qué tal el tamaño de la cortina de humo, para desviar la atención de los escándalos de su gobierno y su estadía en Manta, Ecuador con el narco “Fito”, hoy preso y pedido en extradición por los Estados Unidos. Todo esto en medio de su lenguaje de odio y violencia, su comportamiento autocrático y despótico, para intentar atornillarse al poder desconociendo el ordenamiento constitucional, demostrado con el “decretazo” y el anuncio de convocatoria a una Constituyente, asesorado por Montealegre, hoy flamante Ministro de Justicia, el mismo que ayudó a Santos a elevar a rango constitucional los acuerdos de La Habana, y a violar con una proposición en el congreso el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, donde los Colombianos negamos esos acuerdos.
Así estamos: ELN, FARC, Clan del Golfo ampliaron su presencia de 255 a 400 municipios y sus combatientes de 13.000 a 20.000 desde la llegada del gobierno de la “paz total”, y pasamos de 1.700 toneladas de clorhidrato de cocaína a 2.700 por año. Secuestros pasaron de 7 en promedio mensual en 2022, a 32 por mes en lo corrido de 2025. Las extorsiones pasaron de 4.564 en todo el año 2022 a 10.560 casos, solo en lo corrido de este año. Si a esto se agrega el enriquecimiento ilícito derivado de la corrupción y el abuso de poder de los más cercanos colaboradores del gobierno, de familiares, amigos y congresistas, involucrados en casos emblemáticos como el de la UNGRD, la financiación ilegal de la campaña denunciada por el propio hijo de Petro y su ex esposa, las Ollas de La Guajira, el direccionamiento de contratos en Ecopetrol y el Ministerio de Salud, los sobrecostos en compras en la Agencia Nacional de Tierras, etcétera, etcétera; con una burocracia creciendo de forma exponencial y que tiene estas escandalosas cifras: en solo Contratos de Prestación de Servicios, el incremento es del 75% comparado con el gobierno anterior y el gasto total de funcionamiento estatal se incrementó en $80 billones respecto a 2022.
El atentado contra Miguel Uribe ha producido como lo manifestara su padre: “Miguel con su lucha, nos está demostrando que lo más importante en este país, es la seguridad, poque sin seguridad, no hay nada. Su ejemplo nos inspira: debemos pasar de la indignación a la acción”; la “Marcha del Silencio” en su honor y como repudio al atentado, ocho días después, fue multitudinaria en las principales ciudades; el Senado de la República se empleó a fondo y pudo hundir la Consulta Popular; el Registrador anunció que no convocaría la Consulta Popular hasta tanto no se pronunciaran las Cortes; el Consejo de Estado se pronunció y suspendió el decreto de la Consulta Popular; el Procurador advirtió que “no es con pataletas y papeletas, sino con elecciones”, refiriéndose al llamado de Montealegre a la Constituyente; la Corte Constitucional declaró inconstitucional la intervención por parte del gobierno de la EPS SANITAS; Contraloría advierte graves riesgos por violación de la regla fiscal, etcétera. Las Fuerzas Armadas las grandes sacrificadas en este gobierno, pero al final el gran soporte de nuestra democracia, han demostrado su lealtad a la Constitución y no dudarán en actuar en consecuencia, si las circunstancias así lo ameritan.
Hay dos lunares graves, la fiscal Luz Adriana Camargo que tiene engavetados todos los procesos que involucran a Petro y su entorno, pero le mete el acelerador y distorsiona la verdad para pedir que condenen al gran líder de la oposición, el presidente Álvaro Uribe Vélez sin una sola prueba en su contra, y advierte imputación de cargos contra el gobernador de Antioquia, quien con firmeza ha enfrentado a Petro y la persecución a su departamento; y la Cámara de Representantes y su Comisión de Acusaciones, entregados por mayorías a encubrir y apoyar al régimen.
En medio de tanta adversidad hay esperanza. Las Instituciones están cumpliendo. Si a eso sumamos la independencia demostrada por muchos medios de comunicación privados, y la creciente conciencia de la mayoría de Colombianos sobre la importancia de pasar esta penosa página de nuestra historia, pues muy seguramente esto nos lleve a transitar hacia un gran “Acuerdo Nacional Ciudadano” para elegir un gobernante que nos garantice: un país seguro en verdadera libertad y democracia; que respete la ley y la haga respetar; que sea ejemplo e inspiración por su comportamiento y liderazgo; que gobierne para todos con eficiencia y reduzca el tamaño del Estado; que quienes desempeñen cargos públicos lo hagan porque están preparados; y donde la corrupción sea perseguida y desterrada; y que la generación de riqueza a través del emprendimiento, la iniciativa privada, y la explotación responsable de nuestros recursos, sean el motor de prosperidad que permita derrotar la pobreza.
Resistamos, en 2026 volveremos a ver la luz si cada colombiano hace lo que le corresponde, como pasó en 2002 con la llegada del “Estado Comunitario de Álvaro Uribe Vélez” y Colombia tuvo con la Seguridad Democrática, la Confianza Inversionista, la Cohesión Social, el Dialogo Popular y el Estado Austero y Eficiente, los ocho años de crecimiento, bienestar y reivindicaciones sociales, más grandes e importantes de la historia de nuestra Nación.
Carlos Felipe Mejía Mejía