Colombia está viviendo un momento decisivo en su sistema de salud y, por extensión, en su democracia. El Decreto 0858 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, no solo encendió las alarmas en el Congreso, sino que también volvió a agitar un debate que nunca se ha resuelto del todo: ¿puede un gobierno avanzar en transformaciones estructurales sin el consenso democrático que supone el legislativo?
El decreto propone cambios profundos: sustituir EPS por “gestoras de salud”, girar recursos directamente desde la ADRES a las IPS, y apostar por un modelo preventivo basado en los Centros de Atención Primaria (CAPS). En teoría, suena moderno, incluso necesario. En la práctica, sin embargo, parece una jugada riesgosa, por no decir provocadora.
El presidente Petro y su equipo defienden la decisión como una medida urgente y transitoria. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha salido a calmar las aguas asegurando que “esto no reemplaza la reforma que cursa en el Congreso”. Pero ¿qué tanto es verdad y qué tanto es estrategia política?
En democracia, el qué importa, pero el cómo importa aún más. Saltarse al Congreso, aunque sea de forma técnica y aparentemente legal es una señal preocupante para cualquier sistema que se precie de ser institucional. No se trata solo de implementar un modelo de salud más eficiente; se trata de respetar los cauces democráticos. Porque si hoy el Ejecutivo puede reconfigurar el sistema de salud por decreto, ¿qué podrá hacer mañana?
El decreto se ampara en normas previas y en la facultad reglamentaria del presidente. Pero el problema es que las medidas que se están implementando no son simples ajustes administrativos. Estamos hablando de la columna vertebral de uno de los sistemas más sensibles para la ciudadanía. Es como reformar la Constitución sin hacer una Asamblea: puede que no sea ilegal, pero sí profundamente cuestionable.
Lo paradójico es que esta jugada puede terminar perjudicando precisamente lo que busca proteger. Porque si el decreto desata una oleada de demandas y cuestionamientos, la legitimidad del nuevo modelo quedará en entredicho. Y una reforma a la salud que no nazca con confianza ciudadana, no tendrá futuro por más buena intención que lleve detrás.
Petro ha insistido en que su mandato es el cambio. Pero el cambio no puede hacerse con el puño cerrado. Tiene que construirse con diálogo, apertura y acuerdos, incluso con quienes piensan diferente. Si el Congreso no da luz verde a la reforma, toca regresar al tablero, no imponerla por decreto.
Porque gobernar no es solo tener el poder, es saber usarlo con sabiduría. Y hoy, más que nunca, Colombia necesita una reforma a la salud que sea fruto del consenso, no de la confrontación.
Breiner Robledo Meza