¡Se adjudicó! Me refiero a la APP para la creación de esclusas, compuertas, nuevos canales y conectores lagunas y humedales, diques protectores de municipios y estructuras de protección a la navegación y su operación mantenimiento posterior en una, sino la más importante, obra de adecuación hidráulica del país: el canal del Dique.
Esta es una obra crítica en todo sentido que se le mire. Para los municipios de Calamar, Soplaviento, Mahates, Gambote y Puerto Badel que están en inmediaciones del cauce del canal, pero también para la Santa Lucía y San Cristóbal ubicados al norte de las Ciénagas de Jobo y de Quintanilla que se aspira sean igualmente beneficiadas por las obras a realizar. Se reducirán las inundaciones que afectan los cascos urbanos y las tierras de cultivo.
Esta obra es crucial para la bahía de Cartagena, su puerto, la navegabilidad y la protección de todo el parque natural de las islas del Rosario. Mitigará la sedimentación de la bahía que afecta su calado y destruye múltiples riquezas ambientales.
Es la cuota inicial para mejorar la navegabilidad de carga en un tramo esencial del sistema de transporte fluvial del río Magdalena, un eje de carga vital para la competitividad nacional, para la promoción del turismo y la mejoría de las condiciones de vida en las riberas del río grande.
Y a pesar de una cascada de beneficios, innegables, absolutos y que además representan la ética pública del cuidado de la infraestructura pública (recordemos que se trata de un canal artificial construido por la corona española y reformado y ampliado a lo largo del siglo XX) casi no se logra.
Y no me refiero a la aun inexplicable e inexplicada suspensión de la adjudicación de la APP por parte de Duque y a la siempre populista intervención de Petro, que de hecho, chistosamente, le salió por la culata. Sino pregunten como le fue en Santa Lucía cuando empoderado de superioridad moral, en su diálogo vinculante que supuestamente superaba las omisiones de socialización, dijo que mejor no hacía las adecuaciones y sacaba a la gente de sus municipios porque no debían estar viviendo y produciendo en zonas de esteros. Los habitantes, a mi entender muy socializados de los beneficios de la APP, lo sacaron corriendo a gorrazos con su enorme comitiva presidencial y exigieron la obra.
Me refiero a la inoperancia de nuestro estado. Este proyecto en mi entendimiento tiene términos vigentes de precalificación desde 2018. Pero la conciencia sobre su necesidad, los estudios previos, las discusiones interminables, las dudas y las supuestas prioridades lo habían relegado por más de dos décadas. No es que no se pudiera hacer sino con el sistema de concesiones 5G en el que está enmarcado. Son la mediocridad de nuestros gobernantes nacionales y locales, el abrumador secuestro de Cormagdalena por la clase política costeña y santandereana y la falta de decoro y sindéresis de los burócratas del Ministerio del Transporte los que causaron décadas de retraso en este proyecto. Si, esos burócratas que acumulan estudios, diagnósticos y entienden las prioridades, pero guardan silencio cómodo ante el ministro de turno y no defienden las obras que de por si son políticas de estado y que deben hacerse por encima del interés del gobierno de turno.
Hoy cuando las direcciones de Cormagdalena cambian de manos entre clanes políticos, el país debe esperar que el desplazamiento de los Blel por los Torres no se traduzca en entrabamientos a la obra, en chantajes ambientales o “arqueológicos”, construidos desde la perspectiva corrupta o la narrativa de paz, o en el imperio, no de la consulta previa, sino el chantaje previo.
Los jueces de Bolívar y del Atlántico, los líderes sociales, los congresistas, los gobernantes locales, las autoridades ambientales y la ANI claro está, deben encontrar el decoro y la decencia para que esta APP no se frustre como tantas otras concesiones que han sido abandonadas a un costo horrible para la economía nacional, la calidad de vida y el medio ambiente.
Sacyr fue el único proponente y es una empresa sólida. Una obra como esta debió atraer mayor número de inversores. No lo hizo porque nos estamos volviendo tóxicos e irracionales para el mundo. Hay que rodear al concesionario, no abusar de él. No aprovechar las obras para la politiquería o el falso activismo social o ambiental a través de jueces prepotentes, ignorantes o comprados.
El reto sigue. Ojalá hayamos roto el dique de la politiquería y la mediocridad con este mensaje de Petro de adjudicar esta obra trascendental a pesar de que viene de administraciones pasadas y de que no responde a su cosmovisión redentorista ambiental. ¡Gente brava la de Santa Lucía!
Enrique Gómez Martínez