Los estudios parciales sobre la generación del estigma de las personas con enfermedad mental son escasos, los estudios que ofrecen un panorama integral de la producción y generación del mismo en todos los ámbitos de nuestra sociedad, yendo a su origen, pasando por sus manifestaciones e impacto y recorriendo las medidas puestas en marcha, así como las lagunas de actuación. Precisamente este es el objetivo que viene realizando la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pero hoy vengo a resaltar un solo objetivo: Promover la Salud Mental y lucha contra el estigma. Ámbitos como el educativo, el laboral o el de los medios de comunicación han sido objeto de análisis a través de diversas publicaciones que, ya sea mediante metodología cuantitativa o cualitativa, han arrojado interesantes conclusiones en relación con el estigma que arrastran las personas con trastorno mental.
El estigma que se produce en el ámbito sanitario, el de servicios sociales o el relativo a las familias de las personas con enfermedad mental han sido también objeto de varias publicaciones así como el autoestigma que los protagonistas de cada uno de estos ámbitos padece por el mero hecho de estar en “contacto” con personas con enfermedad mental. Sin embargo, otros ámbitos como el legislativo y el poder ejecutivo o el que hace referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al sistema judicial, han sido menos analizados y estudiados desde el punto de vista de la generación del estigma social.
Desde un enfoque basado en los derechos humanos, la interacción de la ciudadanía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado forma parte de la vida cotidiana: desde las multas de tráfico hasta la interposición de cualquier tipo de denuncia. Además, se trata de un cuerpo público que, de forma opaca puede ejercer abuso de su autoridad ante el que, a menudo, la ciudadanía se siente en situación de vulnerabilidad. En este sentido, una cuestión sobre la que apenas se dispone de información y que resulta fundamental llegar a comprender es en qué medida los prejuicios en relación con las personas con enfermedad mental presentes en la sociedad son compartidos por la policía y los cuerpos de seguridad llegando a incitar situaciones discriminatorias en el ejercicio de su función pública. Así mismo, se plantea necesario conocer en qué medida el estigma social es perpetuado por quienes realizan su labor en el ámbito de un servicio público fundamental como es el acceso a la justicia (ya sean jueces y juezas o fiscales), ante quienes la ciudadanía se encuentra en una situación de “inferioridad” notoria.
Lo que se quiere con esto es detectar si existen situaciones en las que estas figuras que tienen una función pública se dejan llevar por los prejuicios sociales asociados al trastorno mental y si esto se traduce en la inducción de situaciones de discriminación. Conocer si esto se produce, cuál es el grado de sistematicidad de estas prácticas así como las medidas implementadas para su erradicación, resulta de vital importancia en el estudio de la situación actual del estigma social de las personas con enfermedad mental en el Estado.
Por último, se debe tener en cuenta los principales elementos que pueden estar propiciando especialmente situaciones de discriminación y estigmatización y que se convierten en elementos y factores clave a abordar para lograr la inclusión social, ya que el solo hecho de manejar mal una situación de salud mental se corre el riesgo de revictimizar y causar daños irreparables, los invito no solo a los profesionales de atención de primera linea y si no a toda la sociedad ser parte de la solución y no de el problema.
Ana Julia Zarate Benavidez