Cínicos, escépticos o desesperanzados insisten en que: ¡para que marchar contra el gobierno Petro y sus reformas! Insisten en que: ¡para que hacer política, si de todas formas los políticos “siempre” son rateros! Acomodados en sus quehaceres nos tratan de convencer de que no vale la pena denunciar la corrupción o las inoperancias del estado.
Cuando se les convoca para la acción política reclaman “garantías” de que el político les cumpla, que no se vuelva corrupto, que no los decepcione, cuando nunca participan en el control de los funcionarios que eligen o reclaman rendición de cuentas oportunas.
Si se les pide apoyo voluntario para contactar ciudadanos, aportar recursos, presentar derechos de petición, preparar propuestas y soluciones o realizar denuncias, aceptan decididamente para nunca más contestar una llamada, resultando siempre muy ocupados o concentrados en sus responsabilidades o “seguros” de que no servirá para nada.
La realidad es que movilizarse, activarse políticamente, generar contenido, invitar a los ciudadanos a protestar si funciona.
Funciona, como se vio en la semana que termina.
Cuando los tres principales auxiliadores de la coalición de gobierno, los partidos Conservador, Liberal y de la U, sacaron sus narices de los platos de lentejas que les ha servido el gobierno y dejaron su obsesión por ordeñar presupuestos y nóminas territoriales y, finalmente, hicieron un ejercicio crítico frente a la reforma a la salud y confrontaron a su socio Gustavo Petro con una propuesta de modificación radical del proyecto de reforma a la salud.
En esta propuesta de los partidos tradicionales se acogieron las generalidades de atención básica que ya estaban aprobadas en la ley 1438 y los criterios de responsabilidad en promoción y prevención que de una forma u otra siempre han estado vigentes desde la ley 60, la ley 100 y la ley 715 y que estos mismos políticos y sus aliados locales no ha querido coordinar e implementar para poder disponer más libremente de los presupuestos de las ESEs municipales y departamentales que controlan.
Casi que todo lo propuesto por Petro y Corcho en su reforma fue matizado o transformado por los “aliados”, dejando tal vez solo vigente el inamovible petrista del giro directo, una medida, dicho sea de paso, peligrosa por la potencial corrupción y bloqueo de recursos que genera y que en la práctica no aporta transparencia ni control verdadero y si puede, en cambio, traer mayores retrasos en el flujo de recursos para todos los actores de la salud.
¿Pensamos que este cambio de actitud derivó de la sindéresis axiológica centrada en el bien común de los líderes de estos partidos?
No señor, estos dueños del poder, que lo han ostentado de manera permanente, compartida y cínica durante décadas dejaron de lado su mermelada por el mayoritario rechazo de la ciudadanía a esta reforma a la salud.
Y lo hicieron no solo por la expresión de este en las encuestas, que es claro y contundente. Lo hicieron por que por primera vez en 30 o 40 años, ciudadanos comunes no vinculados a los sindicatos o a las organizaciones de izquierda marchamos y protestamos bajo todo tipo de convocatorias.
Cambiaron porque ciudadanos comunes vociferaron su rechazo a la mala reforma en las redes sociales.
Cambiaron porque ciudadanos comunes les escribieron o de viva voz, a lo largo y ancho del país, les expresaron a ellos o a sus líderes territoriales su inconformidad con la destrucción de nuestro sistema de salud.
Cambiaron porque como parte del rechazo popular la misma prensa nacional o territorial cuestionó, una y otra vez, la conveniencia de las rupturas de la reforma de Petro y la falta de veracidad de las premisas sobre las cuales fue construida.
Cambiaron porque las fuerzas vivas de las cadenas de valor de los actores de la salud: EPS, IPS, operadores logísticos, productores farmacéuticos y de dispositivos, asociaciones profesionales y de usuarios, pusieron el grito en el cielo y presentaron decenas o cientos de argumentos y documentos que demostraban la incongruencia e irracionalidad del proyecto de Corcho.
Y por ello, hay que seguir movilizándose frente a la corrupción que se devela de este gobierno, frente a la catastrófica reforma laboral , frente a la pretensión de apropiarse del ahorro pensional de los colombianos, frente a los proyectos de ley de sometimiento y de reforma al código penal, porque son malos proyectos que destruyen la economía, los derechos y la seguridad ciudadana.
Enrique Gómez Martínez