Hemos conocido precariamente el fallo de la corte constitucional sobre la declaratoria de emergencia económica en La Guajira recogida en el Decreto 1035 de 2 de julio de este año. Lo ha divulgado mediante un resumen de su decisión a través de un comunicado a la opinión, que en todas partes está atenta por saber de la juridicidad del experimento del gobierno Petro.
El tema es de una gran complejidad, como le deja ver el fallo dividido de la corte, entre una inexequibilidad con algunos efectos diferidos, que fue la acogida por la mayoría, y una exequibilidad parcial condicionada, con inexequibilidad general para los temas diferentes a la atención de la crisis humanitaria en el departamento. ¡Toda una disquisición!
Como consecuencia de estas filigranas jurídicas, la incertidumbre y la crisis siguen reinando en esa parte del territorio nacional.
En efecto, el decreto 1085-23 fue concebido como un paliativo para conjurar las penurias urgentes de la gente guajira, que habían sido observadas por esa misma corte, cuando en el año de 2017, sentenció el estado de cosas inconstitucional en el departamento. Esa decisión fue adoptada como consecuencia de los índices casi que macabros de mortalidad infantil, desnutrición, carencia de agua potable, deficiencias crónicas en atención y prevención en salud, amén de un conjunto gigantesco de padecimientos por los cuales, en algunas zonas de La Guajira sobre todo en la habitada por la etnia wayúu, más que vivir, apenas se sobrevivía. A pesar de semejante llamado de atención al estado colombiano, muy poco ha sido el avance logrado durante los siguientes seis años, puesto que las muertes infantiles siguen ocurriendo y aún subsisten con una tendencia a agravarse.
En una demostración de interés por la solución del problema, el gobierno en pleno, encabezado por el presidente Petro, se trasladó a la península para conocer de primera mano y en forma armonizada el conjunto de hechos y la evaluación de las soluciones para modificar la situación de vida de esa importante zona nacional, productora de carbón y gas, y prometedora en generación de energía alternativa eólica en un futuro cercano, al tiempo que apetecida como destino turístico por nacionales y extranjeros gracias a sus paisajes ensoñadores.
El gobierno concluyó que para atender la crisis humanitaria y basado en el conjunto de circunstancias evidentes debía acudir al uso de un instrumento excepcional previsto en nuestra constitución: la emergencia económica, social y ecológica. En su contenido, abarcó todas las áreas de atención del gobierno, al igual que extendió el alcance al departamento completo.
El esperado fallo nos dejó saber que la corte encontró fundamentados los presupuestos fácticos, es decir, que lo expuesto por el gobierno ratifica con claridad la crisis humanitaria que se vive, en vía de empeorarse por fenómenos climáticos y ambientales, que la realidad de necesidades insatisfechas impacta los índices de mortalidad infantil y que la situación empeora cada día, por lo que considera esto un hecho sobreviniente, es decir, una crisis sobre otra crisis.
Sin embargo, no acepta la corte que haya suficiencia en la declaratoria; sostiene que los instrumentos para atender el problema en debida forma deberían ser los ordinarios, ejercidos dentro de las facultades y poderes normales que tienen tanto el congreso como el ejecutivo para brindar un mejor nivel de vida a los habitantes guajiros. Asesta un gancho a la mandíbula del legislativo, pues dice que ni en su función como foro democrático ni en su actividad como determinador de leyes ha atendido sus deberes para con esa región. Vergüenza, sobre todo para los congresistas guajiros. A pesar del reproche, su llamado de atención soslaya la responsabilidad mayor que por supuesto recae en el ejecutivo como titular de la iniciativa en el gasto público.
Y viene luego una decisión que sorprende: la corte en el comunicado habla de una inconstitucionalidad sobreviniente (¿?). Quiere con esto decir que al decretar la inexequibilidad de la declaratoria de emergencia y de los decretos que se expidieron en consecuencia de ella, se producen unos vacíos jurídicos que alterarán la atención del problema, y para no truncar las acciones del gobierno, le da vida por un año a las normas anuladas. Es como si hubiéramos ido al médico y éste nos dice que estamos muertos, pero que nos entierran dentro de un año y mientras tanto podemos andar por ahí.
Sin entrar en el debate jurídico sobre el fallo, puede observarse que sus efectos seguirán manteniendo en vilo la situación crítica de La Guajira.
Hasta el momento, las decisiones más importantes que ha tomado el gobierno han sido la del cobro de una sobretasa de mil pesos en la factura de energía en todo el país para financiar las acciones en el departamento y la creación del Instituto de la Gestión de Agua en La Guajira, con capacidad de administrar el sistema. Ambas disposiciones están sujetas a revisión de la corte. Amanecerá y veremos si sobreviven.
En todo este maremágnum normativo y jurisprudencial, ni el departamento de La Guajira, como organización política, ni los municipios de éste han dejado saber su opinión; dueños de importantes recursos presupuestales, malbaratados en tantas ocasiones, pasan de agache. No se dan por notificados de lo complejo de la situación y de contera de las soluciones. Están pendientes de las próximas elecciones, para ver como continúan con su irresponsable actitud de divertirse en campaña y evadir responsabilidades una vez electos.
El país ya tiene claro que el remedio de la emergencia fue peor que la enfermedad humanitaria peninsular.
Mientras tanto, la crisis sigue en La Guajira.
Zona que produce riqueza es abandonada por el gobierno central y robada por su administradores locales el fallo la deja morir y la entierran en un año
Me parece excelente comentario del Doctor Nelson rodolfo amaya
Tristemente La Guajira sigue sin horizonte de solución. En medio de los intereses gubernamentales , de los intereses clániles y de las dificultades, continúa la sed, el hambre y la corrupcion, que genera desnutrición y muertes. Es un tema de corazón, de respeto por los niños, de respeto por el otro y de permitir la intervención humana sana y correcta provocando bienestar y vida. La norma llena de ocultos, de trampas, de manipulación, no ha dado ni dará resultado. Hasta ahora ha dado muertes y dolor, en un pasado que se cuenta para justificar un presente y un futuro con más normas y corrupción. Nada más grave que los ojos cerrados y la memoria volátil para seguir justificando lo que ha sido inocuo. Gobierno y ciudadanos unidos en el respeto,, en la acción directa hacia el que sufre, siendo fiel en el objetivo de proveer lo que necesita, sin corruptos, sin corrupción, es el camino.