El pasado 18 de noviembre los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela suscribieron una declaración en la cual se plantea “un principio de verdadera integración energética entre los dos países” la cual “se puede ampliar a Panamá, a Ecuador, a Brasil”. Y se añade que “sin temor, vamos a dar los pasos de una verdadera integración energética entre los dos países. De doble vía... Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia”. Se plantea, además, la probabilidad de “que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo en la explotación de campos de gas de Venezuela y de campos de petróleo”. Este último ha sido el asunto más controvertido de la declaración.
Lo primero que tenemos que decir es que celebramos la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela después de su ruptura el 23 de febrero de 2019, lo cual repercutió en una caída dramática de las exportaciones de Colombia hacia el hermano país y viceversa. En este contexto cobra importancia la integración energética entre los dos países y ese es el espíritu de esta declaración.
Hoy Colombia no cuenta con excedentes de electricidad para venderle a Venezuela, pero a futuro, cuando entren en operación los parques eólicos en La Guajira, habría la posibilidad de hacerlo, para lo cual se requiere rehabilitar la abandonada línea de interconexión entre la Subestación de Cuestecitas en La Guajira y la Subestación Raúl Leoni en el Estado Zulia (Venezuela), lo cual permitirá “transmitir energía eléctrica hacia el occidente de Venezuela” y hacia un futuro, más remoto, cuando Venezuela cuente con excedentes de energía y se llegar a necesitar en Colombia poder contar con ese respaldo. Yo diría que para luego es tarde para que se acometa la ejecución conjunta de este proyecto.
En cuanto a los hidrocarburos, como es bien sabido Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo con 302.810 millones de crudo y 197.1 TPC, ocupando el quinto lugar en el mundo por el volumen de sus reservas. Pese a ello, debido a su desatinada política petrolera de las últimas dos décadas, pasó de producir más de 4 millones de barriles de crudo al día a los 810.000 que produce actualmente.
La situación de la estatal petrolera PDVSA se ha visto agravada por las sanciones decretadas por el gobierno de EEUU a Venezuela, pues al estar incluida en la lista Clinton ello limita su operación comercial y de contera, la deuda que ha venido contrayendo el Gobierno de Maduro con China se paga con petróleo, lo cual reduce ostensiblemente su flujo de caja, lo cual limita sus inversiones y su operación.
Recientemente el Presidente Biden levantó y flexibilizó temporalmente dichas sanciones en respuesta e incentivo a un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición para la realización de elecciones democráticas en Venezuela en el 2024. Ello ha dado lugar a una apertura para la inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos que está ávido de su reactivación. Ello le da un aire a PDVSA, que saldría de la lista Clinton, como ya salió la empresa Monómeros.
En este contexto, reitero que Colombia y particularmente ECOPETROL tienen en esta apertura una ventana de oportunidad que no se debe descartar hacia el futuro. Como es obvio, para volverse socia de PDVSA ECOPETROL deberá firmar un contrato vinculante para las partes. Se le critica al Gobierno su incoherencia, pues al tiempo que insiste tercamente en su posición de no firmar nuevos contratos aquí en Colombia sí estaría dispuesto a firmarlo allá.
De asociarse ECOPETROL con PDVSA, habría que hacer la salvedad de que ello no deberá darse en detrimento de la inversión de la estatal petrolera colombiana en el que debe ser el core de su negocio, que es la exploración, explotación y refinación de hidrocarburos en el país, que debe seguir siendo su primera prioridad, tal como lo contempla la Estrategia 2040, recientemente ratificada por su Junta directiva, el cual como lo anunció el Presidente de la empresa Ricardo Roa “se va a mantener firme”.
Huelga decir que dado los precedentes de incumplimiento de sus compromisos para con Colombia por parte de Venezuela, como ocurrió con la entrega de gas natural a través del desastrado Gasoducto gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaute, a partir del 2015 en reciprocidad con el que le entregó nuestro país entre los años 2008 al 2014, en este caso hay que ser precavidos y cautelosos para no poner en riesgo la seguridad y sobre todo la soberanía energética del país, ahora que se vuelve a hablar de la posible importación de gas desde Venezuela dentro de un año.
Al respecto tenemos serios reparos. Es evidente que, debido a la declinación de los principales campos en explotación en La Guajira y en los Llanos orientales, Colombia acusa un déficit en el suministro de gas, sobre todo en coyunturas como la actual, que debido al fenómeno de El Niño se impone la necesidad de una mayor generación de energía térmica, cuya demanda de gas representa el 30%, aproximadamente. Ello ha obligado a importar entre los meses de octubre y noviembre 204 MMPCD, un 17% de la demanda. Para ello se cuenta con la regasificadora del Cayao en Cartagena.
No obstante, la alternativa de importarlo desde Venezuela, a mi juicio, no es viable a corto plazo, puesto que no se dispone de la infraestructura necesaria para transportarlo desde el oriente venezolano para empalmar con el desvencijado gasoducto Antonio Ricaute, el cual amerita cuantiosas inversiones para su rehabilitación, amén de que el gas de Venezuela no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la normatividad. Y a mediano plazo Colombia dispondrá de las reservas ya descubiertas costa afuera en el Caribe colombiano, las cuales se estarían desarrollando a más tardar en 2 años, siendo esta la mayor apuesta por parte de ECOPETROL en este momento.
Amylkar D. Acosta M[1]
[1] Miembro de Número de la ACCE