“Si yo quisiera acabar las EPS ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando… y entonces, chu chu chu eso es un dominó… ni siquiera hay que demorar pagos; simplemente, EPS quebrada, los afiliados, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan y esas se caen, y entonces todo ese mundo mayor aún de afiliados, tiene que pasar a la que queda, y esa se cae. No es sino esperar”: Gustavo Petro, entrevista Revista Cambio (12 de marzo de 2023).
El 3 de abril, tras varias semanas sin que la presidente de la Comisión Séptima del Senado, Martha Peralta, sometiera a votación la ponencia de archivo de la reforma a la salud suscrita por nueve Senadores, por fin, como era su deber legal, la presentó a consideración.
Una vez conocido el resultado de la votación, el Senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, y los otros que votaron negativo el archivo, apelaron inmediatamente la decisión, como lo permite el artículo 166 de la Ley 5ª de 1992; con lo cual, ahora le corresponde a la Plenaria del Senado decidir si acoge la apelación y remite el proyecto a otra Comisión para que repita su debate y votación, o la rechaza y se archiva definitivamente.
Dicho sea de paso, a la Plenaria solo le está permitido hacer un análisis de forma, no de fondo, del debate surtido en la Comisión que archivó la iniciativa; porque sino, estaría violando el artículo 185 de la Constitución Política, el artículo 122 de la Ley 5ª y la sentencia C-385 de 1997, que establecen la inviolabilidad de la opinión y el voto de los Congresistas, y la imposibilidad de adelantar un nuevo debate sin que se haya finiquitado el anterior. Por tanto, y al no existir evidencia de ninguna circunstancia que hubiera viciado el debate y la decisión de archivo, a la Plenaria no le queda de otra que rechazar la apelación.
Pero la respuesta de Petro ante el inminente hundimiento de la reforma no se hizo esperar; en un acto arbitrario, entendido por muchos, incluso sus exministros Cecilia López y José Antonio Ocampo, como retaliación, intervino Sanitas y la Nueva EPS, y recibió con agrado la solicitud de liquidación de Compensar, con lo que profundizó aún más la crisis que ha venido gestando deliberadamente para estatizar el sistema. De hecho, hoy el Gobierno controla el 50% de los usuarios del sistema de salud, es decir, 26 millones de los 51,7 millones totales, que corresponden a entidades intervenidas, mixtas y públicas.
Prueba de la manera en que el Gobierno está destruyendo el sistema, es la apertura de investigación por parte de la Procuraduría al Superintendente de Salud, por intervenir sin expedientes a las EPS; o el reconocimiento ante la Corte Constitucional sobre la necesidad de revisar la Unidad de Pago por Captación (UPC) que hizo el Ministro de Salud, después que se le había repetido hasta el cansancio la necesidad de recalcularla; o las omisiones y retrasos en los pagos de los presupuestos máximos a las EPS. Ante estas circunstancias, como bancada elevamos una comunicación a la Corte Constitucional para solicitar su intervención.
Paola Holguín