El gobierno de Gustavo Petro ha sido definido de múltiples maneras en el debate público colombiano. Para unos es progresista, para otros socialistas y para muchos claramente populista. Esa diversidad de calificativos no obedece únicamente a la polarización política, sino a la naturaleza híbrida de un proyecto que en su improvisación combina elementos programáticos de izquierda con un estilo de liderazgo fuertemente personalista y confrontacional.
En su etapa inicial, la administración se presentó como un gobierno progresista, que en América Latina se caracteriza por priorizar la justicia social, la reducción de la desigualdad y la intervención activa del Estado como instrumento para corregir brechas históricas. En ese marco y sin profundizar en los detalles, se inscriben las reformas propuestas en salud, trabajo y pensiones, así como el énfasis en la transición energética, la protección ambiental y la ampliación de derechos para sectores históricamente marginados.
Ese enfoque partía de la premisa de que era posible articular un gran acuerdo nacional que permitiera tramitar transformaciones estructurales dentro de la institucionalidad democrática. El progresismo, en esta lógica, no supone una ruptura revolucionaria sino una reforma profunda pero negociada de las estructuras económicas y sociales. El Estado se concibe como garante de derechos y como motor de redistribución, sin abolir el mercado ni el pluralismo político.
No obstante, tras la ruptura del acuerdo político a comienzos de 2023, el clima cambió. Las tensiones con partidos tradicionales y con sectores del Congreso que inicialmente respaldaron la agenda gubernamental derivaron en un discurso más polarizado. La narrativa oficial empezó a señalar la existencia de bloqueos estructurales que impiden la materialización de la voluntad popular expresada en las urnas, minimizando los escándalos continuos de corrupción y bajas ejecuciones.
A partir de allí, la deliberación parlamentaria fue progresivamente desplazada en el relato político por la apelación directa a la movilización ciudadana. Las concentraciones en la Plaza de Bolívar se convirtieron en el escenario simbólico de legitimación. La plaza pasó a representar la “voz auténtica” del pueblo frente a instituciones presentadas como capturadas por intereses de élite.
Este giro introduce rasgos propios del populismo entendido como estilo político. El populismo divide la sociedad en dos campos antagónicos, el pueblo virtuoso frente a la élite corrupta, y sitúa a un líder carismático como intérprete directo de la voluntad popular. En este esquema, la política se carga de emotividad, se intensifica la polarización y se expresan conflictos complejos en términos morales.
Identificar el proyecto gubernamental como socialista en sentido clásico resulta impreciso. El socialismo tradicional presupone la existencia de un partido de masas con estructuras orgánicas sólidas, planificación rigurosa, deliberación colectiva, dirección colegiada y ejecuciones. En el caso colombiano no se observa un aparato partidario con esa cohesión ideológica ni una toma de decisiones subordinada a instancias colectivas permanentes.
Más bien se advierte una fuerte centralidad en la figura presidencial. La agenda pública, la narrativa política y la movilización social giran en torno al liderazgo individual. La estructura partidaria y la coalición legislativa aparecen como instrumentos contingentes más que como expresión de una organización socialista disciplinada y orgánica. En esa medida, el partido político del presidente por ser de cuadros se parece a los tradicionales, los cuales se reúnen para distribuirse el presupuesto.
Desde el punto de vista institucional, Colombia continúa siendo una democracia constitucional con separación de poderes, elecciones competitivas y control judicial. Aunque se perciban vectores centralistas y un estilo de gobierno confrontacional, no se ha producido una ruptura formal con el orden democrático. Las reformas propuestas se tramitan en el Congreso y están sujetas a revisión de la Corte Constitucional.
El resultado es un gobierno ecléctico que combina progresismo programático, retórica populista y prácticas de concentración ejecutiva. Esa mezcla genera un perfil ideológico difícil de encasillar en categorías establecidas en las ciencias políticas. No es un socialismo estructurado ni un progresismo moderado, pero tampoco un populismo vacío de contenido social.
En definitiva, el gobierno actual de Colombia se caracteriza por un trasegar difuso que oscila entre la reforma institucional, una fuerte dosis de corrupción, ineficiencia en la selección de coequiperos y la apelación directa a la movilización popular. Su identidad política se construye y se heredará en medio de las tensiones permanente entre la agenda redistributiva, liderazgo carismático y confrontación con las élites.
Cesar Arismendi Morales