“Se necesita avanzar hacia relaciones laborales más humanas y modernas, pero cuidando que el remedio no resulte más costoso que la enfermedad”
El pasado 25 de junio el Presidente de la República sancionó la Ley 2466 llamada al interior del congreso y por medios de comunicación, reforma laboral. Dicho texto ocupó un lugar central en el debate político y empresarial.
Y no es para menos, las reglas del juego en el mundo del trabajo determinan no solo la calidad de vida de millones de personas, sino también la competitividad y estabilidad de nuestra economía.
La reforma impulsada por el Gobierno Nacional, básicamente busca reivindicar derechos laborales, ampliar la formalización y adaptarse a las nuevas realidades del contexto, como el teletrabajo y las plataformas digitales. Sin embargo, también despierta inquietudes legítimas en empresarios y comerciantes que temen un incremento en los costos laborales, prestacionales y una posible afectación del empleo formal.
Veamos. Uno de los cambios más discutidos es la modificación del recargo nocturno, que pasaría a partir del 1 de enero de 2026 a pagarse desde las 7:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m. como se encuentra. Esta medida, junto con el aumento del recargo en festivos y dominical al 100% para 2027, representa un avance en la remuneración de quienes sacrifican su descanso familiar para trabajar en horarios extendidos.
No obstante, para las empresas especialmente las pequeñas y medianas, este ajuste implica una carga financiera adicional que podría traducirse en reducción de turnos o incluso en despidos.
Una segunda variación que trae la reforma, es que la contratación a término indefinido sea la regla general. Con ello, se busca frenar el abuso de contratos a término fijo o por prestación de servicios que, en la práctica, han servido para precarizar el empleo y disfrazar una verdadera relación laboral.
Esta disposición, sin embargo, genera preguntas sobre la flexibilidad que requieren algunos sectores para ajustar su planta laboral ante coyunturas económicas cambiantes.
En cuanto el sector público, la reforma busca formalizar a los contratistas por prestación de servicios. Miles de personas que hoy sostienen el funcionamiento del Estado bajo esta figura tendrían acceso a prestaciones sociales y estabilidad laboral. Empero, persiste la duda sobre si las entidades cuentan con el presupuesto para asumir ese compromiso sin sacrificar inversión social.
Otro de los avances más significativos está en el reconocimiento de derechos a trabajadores de plataformas digitales. Hasta ahora, la legislación laboral apenas había rozado esta nueva realidad, dejando a conductores, domiciliarios y freelancers en una zona gris entre la autonomía y la subordinación. Dicha reforma busca que gocen de seguridad social, remuneración justa y cobertura en riesgos laborales, equiparando sus garantías con las de otros trabajadores formales.
En cuanto al derecho laboral colectivo, el fortalecimiento de la negociación colectiva y el derecho de huelga también ocupa un lugar destacado. Organizaciones sindicales y asociaciones laborales verían ampliada su capacidad para negociar condiciones de trabajo más favorables y extender los beneficios a todos los trabajadores de un sector.
Para el gobierno, esto es un paso hacia la democratización de las relaciones laborales; para gremios empresariales, en cambio, podría derivar en una mayor conflictividad y rigidez en la negociación.
La pregunta de fondo es si Colombia está lista para dar este salto sin poner en riesgo su frágil mercado laboral. La respuesta no es sencilla. Una sociedad justa exige que quienes trabajan tengan condiciones dignas, seguridad social efectiva y un salario que reconozca el valor de su esfuerzo. Pero también es cierto que, sin empresas viables y competitivas, no hay empleo que proteger.
La reforma laboral es, por tanto, un reto de equilibrio. Se necesita avanzar hacia relaciones laborales más humanas y modernas, pero cuidando que el remedio no resulte más costoso que la enfermedad. El verdadero éxito de esta ley dependerá no solo de lo que está escrito, sino de la capacidad de trabajadores, empleadores y Estado para construir consensos y asumir corresponsabilidad en el futuro del trabajo en Colombia.
En suma, más allá de las cifras, lo que está en juego son las oportunidades y la dignidad de millones de colombianos que, día a día, sostienen al país con su trabajo.
Roger Mario Romero