El 28 de agosto de 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro dio un golpe de timón en su política exterior con una decisión audaz y polémica: prohibir de manera estricta y sin excepciones la exportación de carbón a Israel. La medida, que entró en vigor tan solo 15 días después, no fue un capricho. El presidente Petro y su gabinete la presentaron como un acto de solidaridad, buscando que “ni una tonelada más de carbón colombiano” alimentara el conflicto en Gaza.
Detrás de esta prohibición hay una historia de cifras desgarradoras. Entre marzo y junio de 2025, la ofensiva en Gaza dejó más de medio millón de palestinos desplazados, miles de heridos y un número alarmante de fallecidos. La medida, que sigue a la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, es un reflejo de la postura cada vez más firme de Colombia en el escenario internacional.
Un golpe pequeño, pero con un «daño» colateral gigante
A primera vista, el impacto económico de esta decisión puede parecer insignificante, casi como una gota en el océano. El carbón que se le vendía a Israel representa apenas el 5% del total de las exportaciones de este mineral en Colombia. En 2023, estas ventas sumaron unos US$447 millones, lo que se tradujo en cerca de $650 mil millones de pesos para el país en impuestos y regalías. Son cifras considerables, sí, pero no lo suficientemente grandes como para hacer que la economía nacional se tambalee.
Sin embargo, el verdadero problema no es la pérdida económica directa, sino que la medida no logró su objetivo principal. Imaginemos que Israel es un coche que necesita un tipo específico de combustible, en este caso, carbón. Colombia, buscando detener su avance, decide retirarle el suministro. El coche, sin embargo, no se detiene. Simplemente se desvía a otra estación de servicio. Israel, sin inmutarse, ha encontrado nuevos proveedores en lugares como Australia e Indonesia, y sigue comprando la misma cantidad de carbón que necesita anualmente.
En la práctica, el veto no ha tenido el efecto deseado sobre Israel. En cambio, ha puesto a Colombia en una situación incómoda, asumiendo un costo económico y, peor aún, un alto riesgo legal y reputacional por una decisión que no ha cambiado el panorama global de la exportación de carbón. El tiro ha salido por la culata.
Un alto precio por la incertidumbre
Las consecuencias de esta decisión van mucho más allá de los números. Al prohibir las exportaciones “sin excepciones”, el gobierno anuló de un plumazo los contratos vigentes con las empresas mineras. Esto abrió la puerta a posibles demandas millonarias por incumplimiento. De hecho, la senadora Paola Holguín ya presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, argumentando que la medida es una «sanción comercial unilateral» que carece de base legal y viola el Tratado de Libre Comercio con Israel, vigente desde 2020.
Este tipo de acciones también tienen un costo oculto: el daño a la reputación y la confianza de los inversionistas. Si un gobierno puede romper contratos y acuerdos internacionales por motivos ideológicos, ¿quién querrá invertir en el país? Esta señal de inestabilidad regulatoria es lo que más le duele a Colombia a largo plazo, ya que puede frenar inversiones no solo en el sector minero, sino en toda la economía.
La cara humana del declive: el Cesar y La Guajira
El peso de la crisis del carbón se siente con más fuerza en los departamentos del Cesar y La Guajira. Durante décadas, la minería ha sido el motor de la economía y la principal fuente de empleo en estas regiones. Hoy, la combinación de políticas como la prohibición a Israel y el declive estructural del sector minero amenaza con un futuro incierto, plagado de despidos masivos y la pérdida de ingresos vitales.
Aunque el gobierno habla de una «transición justa», la preocupación es real y palpable en estas comunidades: no hay un plan de desarrollo alternativo, ni una hoja de ruta clara que pueda reemplazar los empleos y los ingresos del carbón. La falta de un plan de reconversión económica no solo agrava el riesgo social, sino que también podría empujar a la gente a la minería ilegal e informal, un escenario con graves consecuencias sociales y ambientales.
Colombia: una historia de incertidumbre
La crisis de gobernanza y la incertidumbre en las reglas del juego han provocado que la confianza de los inversionistas en Colombia caiga en picada. El país descendió 15.72 puntos en el índice de confianza de inversión minera, una caída que lo dejó en el alarmante puesto 83 de 86 jurisdicciones evaluadas. Para ponerlo en perspectiva, Colombia solo se ubicó por encima de China, Níger y La Rioja (Argentina), lo que subraya el grave riesgo que representa la inestabilidad política y regulatoria.
Esta situación no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un entorno político que genera dudas y desincentiva la inversión. La prohibición a Israel, al ser una decisión unilateral sin un estudio de impacto técnico ni un respeto por los acuerdos contractuales, es el ejemplo más visible de esta problemática.
En otras palabras, el veto al carbón no es la raíz del problema, sino un síntoma de una enfermedad más profunda: un entorno político que está afectando la competitividad de Colombia a largo plazo. Mientras otros países de la región, como Brasil y Chile, ofrecen un marco más estable y predecible, Colombia envía una señal al mercado global que podría frenar inversiones no solo en el sector minero, sino en toda la economía
¿Qué nos espera?: El desafío de una transición justa
Mirando hacia el futuro, el panorama es complejo. El gran desafío para Colombia no es simplemente reactivar la industria del carbón, un sector que inevitablemente va en declive a nivel global. El verdadero reto es gestionar esta transición de manera planificada y justa. Esto implica que el gobierno y la industria deben dejar a un lado sus diferencias y trabajar de la mano.
La clave para que esta transición sea exitosa se basa en tres pilares fundamentales:
Reconversión económica: Se necesita un plan concreto para las regiones productoras como el Cesar y La Guajira, donde la economía depende casi por completo del carbón. Este plan debe incluir programas de capacitación, apoyo a nuevas industrias y la creación de empleos que no estén ligados a la minería. Sin esto, el riesgo de un colapso social y económico es inminente.
Diversificación de exportaciones: La dependencia del carbón hace que Colombia sea vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. Es crucial que el país busque nuevas fuentes de ingresos y diversifique su cartera de exportaciones para garantizar su estabilidad económica a largo plazo.
Restauración de la confianza: Las decisiones unilaterales como la prohibición de exportar a Israel han dañado la reputación del país. Para recuperar la confianza de los inversionistas, el gobierno debe restaurar un marco regulatorio estable y predecible, respetando los contratos y acuerdos internacionales.
Solo con una hoja de ruta clara y consensuada, Colombia podrá navegar la transición hacia un futuro sin combustibles fósiles sin sacrificar la estabilidad económica y social de sus comunidades más vulnerables.
¿Existe una voluntad política real para llevar a cabo esta compleja tarea, o las diferencias ideológicas y económicas seguirán siendo un obstáculo?
Jaime Luis Jiménez Solano
Excelente enfoque! La reconversión económica es clave para una transición justa y sostenible. Me parece fundamental que se priorice la capacitación y la creación de empleos en regiones vulnerables como el Cesar y La Guajira. ¡Es hora de actuar para evitar un colapso social y económico!