El conflicto armado en Colombia ha dejado profundas huellas en millones de personas a lo largo del país, y La Guajira no ha sido la excepción. Esta región del norte del territorio nacional, marcada por la presencia de comunidades indígenas como los Wayuu, afrodescendientes y campesinos, ha sido escenario de masacres, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y múltiples formas de violencia que han afectado profundamente el tejido social. En este contexto, la atención a las víctimas se ha convertido en una prioridad del Estado colombiano. Sin embargo, los resultados de los programas implementados, especialmente en el ámbito de la atención psicosocial, presentan contrastes que merecen una revisión.
Durante décadas, grupos armados, hicieron presencia en distintos municipios de La Guajira. En la cual varios miembros de la comunidad Wayuu fueron asesinados por paramilitares, representan apenas uno de los muchos hechos victimizantes ocurridos en el departamento. Como resultado, miles de personas han sido desplazadas y muchas otras han sufrido violencia sexual, amenazas, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos.
Estas experiencias no solo dejaron secuelas físicas y materiales, sino profundas heridas emocionales y sociales que requieren atención psicosocial sostenida para lograr una verdadera reparación.
A partir de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), el Estado colombiano adoptó medidas para la atención integral de las víctimas del conflicto armado. Entre ellas se encuentra el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
PAPSIVI contempla dos componentes principales: atención integral en salud y atención psicosocial. Este último está diseñado para brindar acompañamiento emocional y reconstrucción de proyectos de vida a las personas que han experimentado hechos de violencia relacionados con el conflicto. En La Guajira, dicho programa ha tenido un despliegue territorial limitado pero presente, con módulos de atención dirigidos especialmente a comunidades indígenas y rurales.
En términos formales, se han realizado esfuerzos significativos para llevar los servicios de atención psicosocial a las víctimas en La Guajira. Informes del Ministerio de Salud indican que miles de personas han recibido atención, incluyendo jornadas de intervención en municipios como Maicao, Uribía, Riohacha y Fonseca. Además, se han impulsado enfoques diferenciales, reconociendo la necesidad de adaptar los procesos terapéuticos a las particularidades culturales de las comunidades Wayuu.
No obstante, las principales críticas hacia el programa giran en torno a su sostenibilidad y profundidad. Uno de los principales problemas es que la atención brindada suele ser limitada a ocho sesiones de intervención, lo cual resulta insuficiente para tratar traumas complejos como el desplazamiento, la violencia sexual o el asesinato de familiares. Una vez finalizadas las sesiones de PAPSIVI, las víctimas deben continuar su atención a través del sistema de salud general, enfrentándose a la falta de cobertura, escasez de profesionales en salud mental y largas demoras en la asignación de citas.
Además, en muchos municipios guajiros no existe presencia permanente de psicólogos o trabajadores sociales capacitados en atención a víctimas. Esto obliga a realizar intervenciones eventuales o rotativas, lo que debilita el vínculo terapéutico y dificulta la continuidad del tratamiento.
Más allá de PAPSIVI, otros programas como los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) también presentan limitaciones en cobertura, infraestructura y personal. En municipios como Dibulla o Manaure, las víctimas deben desplazarse largas distancias para acceder a servicios básicos de orientación legal y psicosocial. Este obstáculo representa una barrera real para comunidades indígenas, muchas veces afectadas por el aislamiento geográfico, el desconocimiento del idioma español y la desconfianza institucional.
De igual manera, la reparación colectiva en territorios afectados por el conflicto ha avanzado lentamente. A pesar de estar contemplada en la ley, muchas comunidades aún no han recibido el acompañamiento necesario para la reconstrucción de sus dinámicas sociales, económicas y culturales.
Plan de intervención psicosocial
A partir de este diagnóstico crítico, se plantea un plan de intervención psicosocial integral con enfoque diferencial y comunitario, estructurado en cinco componentes clave:
Diagnóstico participativo y culturalmente pertinente
- Realización de mapeos comunitarios de afectaciones y recursos psicosociales.
- Incorporación de autoridades tradicionales y sabedores Wayuu en el diseño del plan.
Fortalecimiento de capacidades comunitarias
- Formación de promotores psicosociales comunitarios.
- Talleres sobre salud mental, resiliencia y reparación simbólica.
Acompañamiento psicosocial individual y colectivo
- Atención itinerante con equipos interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, traductores interculturales).
- Grupos de apoyo y narrativas de memoria colectiva como herramienta terapéutica.
Enfoque de reparación simbólica y dignificación
- Ceremonias de reconocimiento a las víctimas, lideradas desde la cosmovisión Wayuu.
- Estrategias artísticas (teatro, muralismo, música) para resignificar el dolor.
Seguimiento, evaluación y sostenibilidad
- Monitoreo participativo del impacto del plan.
- Incidencia ante autoridades locales y nacionales para garantizar continuidad presupuestal.
La atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado en La Guajira ha tenido avances en términos de reconocimiento institucional y presencia territorial, pero enfrenta serias deficiencias en cobertura, continuidad y enfoque cultural. Para lograr una reparación real, es necesario fortalecer los equipos psicosociales, garantizar la presencia permanente de profesionales capacitados en los municipios más afectados, y aumentar el número de sesiones ofrecidas a cada víctima.
Asimismo, se requiere una mayor coordinación interinstitucional y el diseño de estrategias culturalmente pertinentes para las comunidades indígenas. La reparación del daño emocional no puede limitarse a una política de atención fragmentada, sino que debe concebirse como un proceso sostenido, humanizado y contextualizado.
Sait Ibarra Lopesierra