En correspondencia con lo que hemos dicho una y otra vez en esta tribuna y para referirnos a lo que acaba de acontecer en Venezuela apenas comenzando el año, podemos tomarnos la libertad de refrescar esa sentencia de la tradición popular según la cual “no hay momento que no llegue ni tempo que no termine”: el momento de la esperada caída del tirano chavista llegó y puede ser que allí termine el tiempo de la ignominia dictatorial que ha podido casi destrozar el país y lo tiene sometido al más inclemente saqueo. De ese tenor son los señalamientos que circulan en todos los medios.
El hecho ha provocado, como es de esperar, multitud de reacciones diversas en Venezuela y el continente, unas tantas de alborozo y celebración ante la caída de un personaje que supo cultivar en el alma de muchos ciudadanos sentimientos de rencor y repulsión, según fueron numerosos y recurrentes los actos de represión, tortura y privación de las libertades civiles y políticas cometidos por las fuerzas del Gobierno Bolivariano en contra de miles de ciudadanos que se declararon y actuaron en legítima oposición al régimen. Esto, desde los tiempos del Comandante Chávez hasta hoy. Y, de otra parte, naturales expresiones de protesta y rechazo ante lo irregular, arbitrario y cuestionable del acto de “extracción” que terminó con la captura violenta del Presidente Maduro y de su Señora esposa, en el que intervinieron el Pentágono, las agencias de seguridad como la CIA y la DEA, la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos y hasta el FBI.
Para entender el calibre de lo que sucedió y cuál puede ser nuestra postura, reunimos aquí algunas consideraciones que quizás ayuden a entender el asunto de modo sistémico y acaso mejor. No es, por supuesto, un intento de apología para justificar – y acaso aplaudir – el grotesco episodio y las intenciones de quienes lo promovieron y realizaron, como tampoco es una descolgada irreverente que condena todo lo sucedido, pero sí es un repaso objetivo de algunos aspectos de lo vivido en Caracas que marcan tendencia política y pueden llegar a influir seriamente en la vida de la Nación Bolivariana y del continente.
Se impone, primero, la necesidad de separar en el fondo de los hechos dos asuntos que, siendo bien distintos, tienen características distintas y responden a dinámicas bien diferenciadas, se hacen coincidentes en la persona de Nicolás Maduro, siendo esa la parte más importante de nuestro argumento. Una cosa es la acusación de narcotráfico que pende sobre la persona de Maduro y su esposa, cualquiera que sea su condición actual, que presta motivo para la correspondiente orden de captura emitida por Tribunal Federal con sede en Nueva York. Dicha orden judicial ha servido claramente para justificar la acción de “extracción forzada” que se cumplió por orden del Presidente Trump y que enfrenta todavía visos de ilegalidad. Otra cosa muy distinta son los señalamientos de abuso de poder y violación persistente de los derechos humanos, la represión violenta contra la oposición política, la desaparición de miles de personas, la privación de libertades y la comisión probada del fraude electoral que “colocó a Maduro por tercera vez en la cúpula del poder” y le permitió extender su mandato hasta el 2030, todo ello gracias a su conducta autoritaria como cabeza de un gobierno de facto que ya se acerca a su tercera década.
El primer asunto, el del narcotráfico, debe atenderse ante las cortes correspondientes, sean éstas en Venezuela o en el lugar en donde haya un Radicado en su contra, y sea con presencia directa o por intermedio de apoderado. Quizás sea este el elemento que desató la decisión del Presidente Trump de ir por él hasta Caracas y entregarlo a domicilio en Nueva York, quedando así sustentada la razón de “la captura del acusado” en territorio venezolano, sin entrar a juzgar por ahora si se hizo de manera legal o no.
El otro asunto, que es de lejos más importante, son los señalamientos de abuso de poder en las funciones presidenciales, la corrupción, la participación del Mandatario en estructuras mafiosas y redes delincuenciales del narcotráfico, juzgamiento este que les corresponde directamente a las autoridades de Venezuela y, en subsidio suyo, a las autoridades internacionales. A nadie más. Toma sentido, entonces, afirmar que no hace bien el Presidente Trump metiéndose en este asunto que es de indiscutible soberanía nacional.
En evidente conveniencia, el Presidente Trump presionó en ambos sentidos, tanto para que el Presidente Maduro dejara el cargo como para que se entregara a las autoridades norteamericanas en su “guerra contra las drogas”, sabiendo que con un solo movimiento podía lograr ambos objetivos. Con la “extracción forzada” se llevó un “pez gordo” acusado de narcotráfico y, de carambola, libró a Venezuela de un Dictador. Esto es algo que puede llamarse un resultado de doble faz. Además, le había funcionado bien el bloqueo de las rutas petroleras venezolanas para quebrantar el flujo de dinero hacia los bolsillos del Régimen, que de seguro están en manos de privilegiados de la élite en el poder. Es decir, corrupción de altísimo nivel. Y se animó luego en la “toma armada” de las aguas del Caribe y el Pacífico para bloquear las rutas marítimas del narcotráfico, estrategia que logró consolidar en un parpadeo y sin preocuparse mucho de la mala cara que pudieran haberle hecho los presidentes de la Región. Ha sido en medio de tal ambiente de tensión política que llegó el momento de hacer “la jugada maestra” en la madrugada del pasado 3 de enero. Para nadie en el continente y el mundo debió pasar desapercibida la cara de satisfacción que dejó ver el Presidente Trump en las cadenas de TV y las redes sociales cuando se “coronó el resultado”.
¿Arresto?
No. Ha dicho el Presidente Trump que “no hay nada de extraño en cumplir con la orden de captura emitida por el Tribunal Federal de Nueva York”, sobre la base de acusaciones formuladas por la oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos desde el 2020 que señalan la responsabilidad de Nicolás Maduro en operaciones de tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos. La decisión de actuar contra Maduro pretende fortalecerse en la muy poco conocida “Ley de Enemigos Extranjeros” que el Presidente Trump invocó para poder deshacerse “cómodamente” de maleantes venezolanos y extranjeros que operan en territorio norteamericano, citando palabras del propio Presidente, tanto en actividades de delincuencia común como haciendo parte de redes de narcotráfico; y de otra parte, acercarse más y más a conocidos maleantes vinculados a Carteles y redes extranjeras de narcotráfico que son un “peligro para la estabilidad nacional”, como viene a ser el caso de las bandas que operan en México, Colombia y Venezuela. Y resulta que como el Presidente Trump no encontró problema en afirmar que los presidentes de tales países están vinculados al liderazgo de esas organizaciones del crimen, le sobran palabras para justificar una “acción correctora” de parte suya “para salvaguardar la seguridad nacional”. El hombre se reconoce a sí mismo como la máxima autoridad del continente, y no niega su complacencia porque siente, además, que ningún organismo internacional le da la talla para discutirle el punto.
Frente a la gruesa andanada de críticas y reclamos de “ilegalidad” que se ha desatado, se alega que la actuación del Ejército de los Estados Unidos en territorio venezolano fue legal y procedente en tanto a la captura y conducción del ciudadano venezolano Nicolás Maduro y su esposa ante los Tribunales de los Estados Unidos por tratarse de personas acusadas de narcotráfico. En síntesis, se acomoda bien la versión según la cual es legítima la captura de personas que tienen cuentas pendientes con la Justicia de los Estado Unidos, así sea de forma violenta, con uso masivo de armamento y activos miliares, con bloqueo militar y uso de inteligencia en contra de activos militares de país extranjero, con víctimas fatales en el enfrentamiento, con intromisión indebida de fuerzas militares en territorio de un país soberano, e incluso con violación de todo protocolo internacional en la esfera de Naciones Unidas, la OEA o cualquier otro organismo global o regional. Para completar, sin autorización explícita del Congreso de los Estados Unidos, que es indispensable para poder realizar ataques militares en territorio extranjero. Es como si no se reconociera la existencia de un derecho internacional por encima de la autoridad presidencial, en razón a que la acción cumplida se funda en una Directiva Presidencial. ¿Tienen esas órdenes presidenciales vigencia y aplicación en el territorio de otros países? ¿Y se puede actuar sin autorización del Congreso? ¿Y pueden otros países entrar secreta y arbitrariamente en territorio de Norte América para “extraer ciudadanos norteamericanos” que tienen asuntos pendientes con alguno de ellos?
Es de aquí que surge el primer asunto complicado, porque las personas que “se llevaron” las fuerzas norteamericanas no eran ciudadanos del montón, ni siquiera un par de fulanos acusados de narcotráfico, sino que corresponden al Primer Mandatario y la Primera Dama de Venezuela, lo cual plantea un problema serio al derecho internacional. Ya el Fiscal General de Venezuela se adelantó a señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por ende el derecho internacional, establecen que el Presidente goza de inmunidad por razón de su cargo, lo que significa que no podría “ser arrestado o enjuiciado por tribunales extranjeros. Tal condición representa un principio de “escala universal”, como bien lo resaltó el Fiscal Saab, que contrasta de plano con el tratamiento recibido, “así le inventen lo que le inventen para sustentar las acusaciones”. El hecho concreto está en que la intervención se hizo en territorio soberano de Venezuela en absoluto secreto, sin advertencia previa de guerra ni por vía diplomática ni alguna otra asimilable; tampoco con resolución motivada del Consejo de Seguridad de la ONU y ni siquiera con autorización del Congreso de los Estados Unidos; con evidentes daños y pérdidas materiales y humanas, lo cual representa una agresión alevosa, claramente ilegal, que fractura los principios y postulados de la Organización de las Naciones Unidas”. Coincidiendo con el Fiscal Saab, la “extracción forzosa” de Maduro y de su esposa no alcanzaría para hablar de un arresto formal, con aplicación estricta de la Ley, sino más bien de un “secuestro internacional”.
¿Deposición?
Aparte de Venezuela, representada en su pueblo y sus instituciones, nadie tiene potestad para decidir sobre la sucesión del Dictador Maduro y la puesta en marcha de un proceso soberano, libre y democrático de transición. Mucho menos el Presidente Trump si no quiere ser acusado de injerencia indebida en un asunto de soberanía nacional. Sabe perfectamente que no puede hablar de haber conducido o propiciado la deposición del Dictador, o su “separación forzada” del cargo, porque entiende que no tiene ninguna autoridad en territorio venezolano, ni puede reclamarla, por más poderoso que se sienta con su flota naval rondando el Caribe frente a las costas de Venezuela. Intervenir en esas decisiones puede tener más visos de extorsión que de “consenso y buena composición” con los estamentos de Gobierno que asumen el control del territorio una vez se genera el “vacío de mando por extracción forzada del Mandatario en funciones”. No hay que buscar eufemismos para eso.
Corresponde, pues, llenar ese vacío según sea la disposición Constitucional para una situación de “ausencia forzada” como la presente. ¿Qué cabe un juicio de destitución? Si, la República Bolivariana tiene una Constitución que debe protegerse y aprovecharse, así como las instituciones necesarias, y tiene en sus manos la oportunidad de mostrar cuánto vale como Nación Soberana capaz de decidir sobre el destino político del Dictador. Se juzga procedente que sea la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien asuma la jefatura del gobierno mientras se surten las disposiciones constitucionales, entendido entre ellas la de convocar a elecciones, dejando claro, eso sí, que no es Estados Unidos quien “destituye o depone” presidentes bolivarianos sino sus instituciones democráticas y su propio pueblo, aquel que les haya elegido en buena o en mala hora. Entonces, no está “depuesto” el Dictador por el hecho de haber sido retenido contra su voluntad en una madrugada de enero y conducido “en calidad de preso” hacia una cárcel de Brooklyn en Nueva York para esperar su audiencia por acusaciones de narcotráfico, pero sí podrá estarlo cuando Venezuela se ponga de pie y se pronuncie sobre su estatus como resultado de un juicio de responsabilidad que lideren y conduzcan las propias instituciones venezolanas para hacer catarsis de su propia tragedia, su historia y su propio destino. La Asamblea Nacional tiene en sus manos la oportunidad de asumir con grandeza y gallardía tan valiosa tarea, para enseñar al mundo entero lo que vale un pueblo que despierta de la ignominia.
Suplicamos a nuestros lectores esperar la Continuación de este debate en próxima entrega…