Como cada 4 años, el próximo 8 de marzo los colombianos nos acercaremos a las urnas a votar por los próximos senadores y representantes a la Cámara del país, quienes tendrán a cargo la elaboración de las leyes de la República. El mensaje, como siempre, es votar bien.
Desde hace algunos años las elecciones al Congreso de la República se han convertido en una especie de antesala a las elecciones presidenciales: Muchas veces votamos no por candidatos en específico sino por las ideas que ellos representan (o dicen representar). Solo un porcentaje de la población colombiana muestra un interés real por la elección de los congresistas, y la mayoría termina no votando o votando por recomendación.
Al mismo tiempo, hay un desencanto y descontento general de la población colombiana hacia los congresistas y la labor que se realiza en el Congreso de la República. Desde la academia, los teóricos del derecho constitucional cada vez son más enfáticos en afirmar que hoy día es muy difícil afirmar que la ley es la manifestación voluntad del pueblo sin hacer el ridículo.
La razón, al menos en Colombia, es simple, y pasa por lo que sucederá el 8 de marzo y después de esta fecha: Los colombianos sienten que sus congresistas no los representan.
En época de elecciones, los colombianos nos hemos acostumbrado a escuchar de los congresistas peleas, insultos, y propuestas vagas para solucionar los problemas que enfrenta el país. Son pocos los candidatos que se presentan con un temario de propuestas serio, aterrizado y realizable por el que la población colombiana pueda apostar.
Esta manera de hacer política repercute luego en la actitud general de la población colombiana hacia los miembros del Congreso una vez pasadas las elecciones. En realidad, la mayoría de los colombianos volvemos a saber del Congreso solo de vez en cuando, sea cuando un proyecto de ley polémico es aprobado o rechazado (sin que la población sepa muy bien que se discute), con ocasión de alguna acalorada discusión en el Capitolio o, tristemente, cuando exista otro escándalo de corrupción que agregar a la vasta lista de escándalos nacionales.
Desde las regiones muchas veces se ve a los congresistas como personas de privilegio que por una u otra razón fueron elegidos a la posición que ostentan, pero la población se siente sin un acceso real a los mismos, no sienten que representen sus intereses o hagan las veces para hacerlo. Son, simplemente, políticos.
En la vida real, es muy difícil ir a un departamento y que un ciudadano del común mencione los representantes a la Cámara de este. Mucho menos que una persona pueda mencionar al menos diez senadores de la república, lo que es bastante sintomático de la relación de los miembros del Capitolio para con la población colombiana.
La mayoría de los políticos contribuyen a que esta situación continúe y se agrave, a veces por la creencia generalizada de r que ser electo en cargos de elección popular, implica, como se ha dicho, un privilegio. Esta práctica, que según todos los libros de historia apuntan, tiene su origen en la monarquía española, es la que tenemos que procurar erradicar.
Muchos políticos olvidan que su condición es la de ser servidores públicos y solo buscan elegirse o reelegirse con su afán de acumular poder, pero sin vocación de servicio público. Tal vez por esto la percepción que la mayoría que los colombianos tenemos para con el Congreso es que es un espacio que pertenece a las denominadas familias políticas o “caciques” políticos.
Esta regla general, en efecto, tiene excepciones. Aún existen congresistas que se preocupan de las necesidades de la población, que se preparan, que recuerdan a sus electores una vez son elegidos y que honran su calidad de servidores públicos.
El mensaje de esta columna es pues, un llamado a que nos informemos para votar este 8 de marzo. Hagamos un control real sobre lo que hacen a nuestros representantes en el Congreso y exijámosle resultados concretos.
No votemos por aquellos que no proponen, que solo buscan una curul que es muchas veces heredada, que no han mostrado ni un solo resultado en varios periodos de gestión y que pretenden seguir viviendo indefinidamente del erario.
No es intención de esta columna hacer señalamientos, la historia se encargará de juzgarlos con su olvido.
Diego Alejandro Berbessi Fernández