Durante los últimos años la transición energética se ha convertido en una estrategia central de discusiones en la generación de nuevas fuentes de energía limpias que logre de alguna manera la reducción gradual del uso de combustibles fósiles en la lucha contra la contaminación y el cambio climático, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que tanto ha afectado al ecosistema. El planteamiento primordial de la transición energética es realizar un cambio transversal en la comunidad global con una inversión económica proporcional al impacto y que genere una transformación en los modelos y hábitos de consumo en que las infraestructuras energéticas establecidas adapten energías renovables.
El desarrollo de proyectos de energía alternativa es nuevo en Colombia, y aunque la tecnología aplicada de las fuentes de energía renovables se hace costosa, sumado a que el ingreso de estos productos al territorio nacional no constituye un proceso fácil, según Forbes Colombia, nuestro país lidera la “transición energética” en Latinoamérica, luego que el Consejo Mundial de Energía- WEC, lo reconociera como uno de los países que se convierte en epicentro para la transformación energética en la región, debido a su impulso hacia estas energías, sumado a la invitación de la ONU, para que nuestro país lidere el diálogo Mundial sobre el cambio hacia las energías renovables no convencionales y una subasta de 4.800 megavatios provenientes de energías limpias, destacando también que Colombia forme parte de la Agencia Internacional de Energías Renovables IRENA, así como ser sede del 5° Encuentro y Feria Renovables Latam, generando con esto oportunidades estratégicas que convierten a nuestro país en un foco de nuevas inversiones que traerán consigo desarrollo para nuestra población.
Si bien, vislumbramos con optimismo la “transición energética”, se deben optimizar los procesos gubernamentales para garantizar dicha transición, un proceso lento y como todo cambio genera la implementación de diferentes acciones que implican regulaciones legales, políticas públicas, comportamiento social, etc. Debemos tener en cuenta que “la matriz energética en Colombia es diferente a la de la mayoría de países debido a la importancia de la hidroelectricidad. No obstante, y a pesar de que esto es cierto en la generación eléctrica, el nivel de consumo total de energía el país es altamente dependiente de las fuentes convencionales, petróleo y gas fundamentalmente. (…) los combustibles fósiles ocupan la mayor parte de la producción de energía del país con 75% del total de la producción nacional de energía primaria. Entre 1975 y 2015, el cambio más importante en la matriz energética ocurrió por la disminución en la oferta y consumo de la leña, cuya producción pasó de representar 19,9% de la oferta total de energía primaria a participar solo en 5% en el año 2015. Esta disminución se reflejó en el incremento de la participación del gas natural que pasó de 9,7% en el año 1975 a 26% en el año 2015; y de la hidroelectricidad que pasó de 5,8% a 13% en el mismo periodo. (…) el petróleo y sus derivados representaron en el año 2015 48% del consumo interno y el gas natural 20%, mientras la hidroelectricidad 11% y el carbón 9%. Las fuentes renovables no convencionales son irrelevantes en la matriz de consumo del país”. Corredor, G. (2018). Colombia y la transición energética. Ciencia Política, 13(25), 107-125.
Podemos interpretar de lo anterior, que muy a pesar de esta dependencia de la matriz de energía eléctrica a los recursos hídricos, hay casos en Colombia, que, por falta de financiación no dan la continuidad en la ejecución de los programas, como es el caso del proyecto multipropósito del Ranchería, con el que también se busca generar 7 megavatios de energía para beneficiar a 3.000 familias, sin embargo, no ha avanzado de su primera etapa que inició hace 11 años. No obstante, según estudios de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, La Guajira se proyecta como el centro de mayor potencial en generación de energía eólica y solar a nivel nacional, ya que cuenta con un potencial de 15.000 megavatios, sólo en energía eólica y granjas solares, lo que representaría cerca del 90% del total que en la actualidad se genera en Colombia, entre todos los tipos de fuentes y que incluyen el recurso hídrico, siendo lo anterior una oportunidad hacia el camino de la transición energética.
Si bien es cierto, este avance en la “transición”, y esta diversificación de la matriz energética con la inclusión de las fuentes de energías alternativas, las emisiones de CO2 por concepto del consumo de combustibles fósiles no reducirán. A pesar de los esfuerzos y desarrollos tecnológicos que se realizan en el mundo a favor de las energías alternativas, la industria petroquímica demanda la explotación de los hidrocarburos como materia prima de sus procesos, y las metas económicas gubernamentales dependen directamente de la explotación del petróleo y el carbón que son exportados y que en algún lugar del mundo serán consumidos generando impacto al medio ambiente. También existe la necesidad de ampliar las reservas petroleras en Colombia, conociendo la implicación económica que representa en la cartera nacional, dando lugar a las entidades gubernamentales a poner sobre la mesa la implementación del fracking, tema en cuestión que encuentra amigos y detractores para su aplicación. Pero, más que dar un sí o un no a la inclusión de dicha técnica, Colombia debe prepararse y buscar nuevas alternativas de mercado que puedan llegar a sustituir gradualmente los recursos económicos que se obtienen de la explotación de hidrocarburos. Por lo anterior se deberán implementar medidas rigurosas en la formulación de políticas que conlleven a fortalecer el modelo de transición energética, enfocados a incentivar la inversión extranjera y el interés del gobierno nacional, para así, propender por un mejor desarrollo sostenible, económico, político y ambiental. Cabe anotar, que el país ha logrado un avance en su estructura energética, no obstante, se necesitará trabajar, aún más en la consolidación de alianzas público-privadas para crear y efectuar proyectos de alto impacto que contribuyan al desarrollo sostenible y generen beneficios a la región.
Para lograr diseñar una política energética nacional que estimule la protección del medio ambiente y el desarrollo, se deberá migrar hacia un sistema energético altamente competitivo, eficiente y resiliente a través de la masificación de energías renovables no convencionales, eliminar los obstáculos energéticos con nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías y así acelerar los servicios de energía eléctrica y gas combustible en todo el territorio. Adicionalmente, se deberá liderar la lucha contra el cambio climático, priorizando la movilidad sostenible, con combustibles de bajas emisiones, y unas eficientes políticas energéticas accionadas desde lo sectorial. Actualmente, el Gobierno Nacional presenta el contexto de lanzar la transformación de sus sistemas energéticos, indicando que las direcciones de la política son claras y están encaminadas a: “aumentar la participación de las energías renovables no convencionales de menos del 1% a más del 12% en la matriz energética para el 2022, elevar su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 20% al 51% para 2030 y hacer de la reactivación sostenible la fuerza que impulsa su estrategia de recuperación económica como resultado del COVID (Ministerio de minas y Energía 2021). Por otra parte, a la sostenibilidad ambiental del suministro energético han de añadir objetivos como, la seguridad o garantía del suministro, que hace referencia a la fiabilidad del mismo a la hora de satisfacer la demanda presente y futura; y la competitividad económica, equidad energética, en el acceso a la energía que debe producirse a un costo asequible.
En conclusión, “cambiar energías renovables, no sólo es la mejor opción. Es nuestra única opción”, y debido a esto existe la imperiosa la necesidad de transformar los hábitos de consumo de la humanidad y que sean más eficientes en las actividades cotidianas. La transición implica un cambio hacia un modelo energético limpio, una descarbonización de la matriz energética, la cual viene presentando bastante resistencia en Colombia y un cambio radical en el pensamiento colectivo. Ajustar políticas asertivas y convenientes a una estructura colombiana que generen impactos positivos en la implementación de las energías alternativas, son algunos de los desafíos de esta transición por sus altos costos, la adopción de nuevas tecnologías juega un papel importante en el mejoramiento de la eficiencia energética, pero sin el interés del gobierno y las empresas privadas en su financiamiento sería imposible implementar una política acorde a las necesidades del país. El esquema energético brindará oportunidades en todos los sectores del país, incentivando a nuevas inversiones y emprendimientos que desarrollen encadenamientos productivos capaces de satisfacer demandas y generar impactos en el desarrollo de la región, en lo económico, humano y lo más importante, en lo ambiental.
Misael Arturo Velásquez Granadillo