De vuelta a esta importante tribuna de opinión libre Ojo Pelao´ Magazine, con mis mejores deseos de salud y prosperidad para el 2021, sobretodo en las actuales circunstancias de la pandemia coronavirus que nos ha mantenido limitados en movilidades y relaciones personales con familiares y amistades.
En esta ocasión empiezo con una sincera condolencia y la opinión respecto a tres temas que considero de mucha importancia.
Condolencias. De manera respetuosa les pido que me permitan este espacio para expresar mis sinceras condolencias a los familiares y amigos del señor Enrique Herrera (qepd) “el palabrero de la radio”, locutor y periodista del sistema cardenal.
No tuve la fortuna de conocer al señor Enrique de manera personal y eso nunca lo dejaré de lamentar. Pero en varias ocasiones conversamos por vía telefónica y ese será mi consuelo.
A partir de esa relación, siempre tuve la sensación de estar hablando con un gran ser humano, noble, justo, objetivo y de opinión independiente.
Y ese será su legado, sobretodo para los medios de comunicación y los periodistas vigentes y del futuro.
Siempre he considerado que cuando el fallecimiento de una persona es lamentado de manera unánime, no cabe duda de que se trataba de un hombre bueno y no hay forma para pensar de manera distinta. Eso quedó confirmado con el sensible fallecimiento del señor Enrique Herrera (q.e.p.d.) “el palabrero de la radio”.
Sentido pésame a los familiares y amigos del señor Enrique, y que DIOS lo tenga en su santa gloria para que descanse en paz. Amén
El tren regional del caribe. Los gobernadores de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena unieron esfuerzos para llevar a cabo un proyecto de construcción que han denominado “Tren Regional del Caribe”.
Nombre que no representa la realidad del territorio que cubre, porque excluye otros cuatro departamentos que también cumplen condiciones para el mismo propósito: Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira.
Respecto al mencionado proyecto está informando FINDETER que adjudicó la realización de los estudios para la construcción a la Unión Temporal Ardanuy – Coral Delgado & Asociados Abogados; y la interventoría le fue adjudicada al Consorcio PIVICSA conformado por IVICSA S.A.S y PIV Ingeniería S.A.S.
A todas luces, hay que decirlo, esta omisión fue de los gobernadores de La Guajira que estuvieron encargados durante la interinidad gubernamental del periodo pasado, a los cuales les faltó visión para vincularse al proyecto, o estaban distraídos pendientes de otras cosas…
Pero esa irresponsabilidad institucional puede ser corregida por la actual administración departamental, en la medida que le ponga interés y valore la importancia de semejante proyecto, llevando a cabo las gestiones necesarias para lograr que sea agregada una segunda fase al proyecto. Y son gestiones a las cuales debería sumarle la unión con el gobernador del César.
Incluso, se podría vincular a la empresa Cerrejón, utilizando el concepto de obras por impuestos, alianzas público-privadas o concesión, para utilizar su línea férrea que ya está construida, con lo cual habría un avance importante en una obra de tal naturaleza.
Y ahora no salgan los defensores de costumbres ancestrales imponiendo criterios, para invocar la consulta previa e impedir el avance y el desarrollo del departamento.
Porque no se pueden constituir en barreras para mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad, en razón a que el medio ambiente y las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas se pueden conciliar para la promoción del desarrollo.
Son argumentos mal manejados que forman parte de la lista de aspectos que han impedido el mayor desarrollo de La Guajira.
Es lo mismo que sucede con el desarrollo portuario en La Guajira que tiene mejores condiciones naturales y de infraestructura que el departamento del Atlántico.
Porque el dragado permanente a que es sometido el puerto de Barranquilla, como consecuencia del alto nivel de sedimentación que proviene del rio, lo tiene convertido en un bolsillo roto, es decir, es un puerto con altísimo costo administrativo.
El gobernador y los alcaldes de los municipios con límites en el mar caribe (Dibulla, Riohacha, Manaure y Uribia) deberían unir esfuerzos para llevar a cabo un proyecto con el fin de promover un desarrollo portuario en La Guajira, ofreciendo óptimas condiciones fiscales que favorezcan a los inversionistas de estas infraestructuras.
El principal enemigo de todos estos temas relacionados con obras para el desarrollo está relacionado con los intereses personales que siempre se atraviesan. Y no dichos intereses no se pueden pasar por alto porque pesan mucho.
Es el tradicional “cómo voy yo” (CVY) que ha frustrado muchos proyectos, y que algunos se atreven a incluir en la idiosincrasia del guajiro. Pero no lo podemos admitir bajo ninguna circunstancia. Guajiro es un gentilicio, guajiro no es sinónimo de corrupto.
De todas maneras, hay muchos ejemplos de intereses personales que han impedido la construcción de obras o el desarrollo del departamento. Ahí está el caso particular del puente sobre la desembocadura del Río Ranchería (puente del riito) respecto del cual tengo conocimiento, por información suministrada de fuente directa, que la construcción de ese puente llegó a tener apropiación presupuestal en el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) pero el criterio del CVY no permitió su construcción, y ahí quedó como proyecto, como idea. Y la importancia de esta obra no requiere análisis, razón por la cual tanto la gobernación como la administración distrital de Riohacha deberían hacer todas las gestiones para concretar la construcción de ese puente en este período de gobierno.
Lo mismo pasa con el desarrollo turístico de Palomino, y el distrito de riego del ranchería, varios acueductos municipales, y hasta la empresa de cultivo de camarones Bioguajira S. A. (Sociedad de Industrias Bioacuáticas de La Guajira S. A.) una iniciativa muy importante que se perdió. Y etcétera y etcétera y etcétera…
El cierre presupuestal del departamento. Los funcionarios públicos del departamento de La Guajira, tanto departamentales como municipales y del distrito, viven convencidos que son dueños de la información pública y son los que definen lo que se publica y lo que se mantiene en reserva.
La información pública en La Guajira tiene más reserva que la fórmula de la cocacola. Y es una actitud que contradice el ordenamiento jurídico vigente respecto de la cual deben asumir las responsabilidades que correspondan. La información pública tiene que ser publicada, y es un deber que tienen que cumplir los funcionarios públicos.
De manera particular, me refiero en esta ocasión con la publicación del acto administrativo del cierre presupuestal de la gobernación de La Guajira.
He revisado en todo sentido la página web de la gobernación de La Guajira y no aparece por ninguna parte el acto administrativo del cierre del presupuesto de la vigencia 2020.
Dicho acto administrativo debe incluido la relación de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que se constituyeron, para lo cual hay plazo hasta antes del 10 de enero.
La omisión a la que me refiero contraviene dos obligaciones: 1) el plazo fijado en los artículos 91 y 93 de la Ordenanza 276 de 2009 que contiene el estatuto orgánico del presupuesto del departamento; y 2) la publicación de la información pública, de acuerdo con lo establecido en las leyes 734, 1474 y 1712, entre otras.
Y me atrevo a afirmar que lo mismo debe estar sucediendo en todas las entidades públicas, es decir, municipios, distrito, gobernación, asamblea, concejos, personerías, contraloría, ¡todas!
Por favor, entiendan que la información pública tiene que ser publicada, hay que informar a la comunidad a la cual se deben.
En este sentido sería oportuno saber lo que ha dicho la Contraloría Departamental para que las entidades públicas que están bajo su ámbito de control cumplan con la obligación que está incluida en el artículo 99 de la misma Ordenanza 276 de 2009: La Contraloría General del Departamento ejercerá la vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales.
¿O es que forma parte de la misma cuerda?
Y la opinión de la Procuraduría departamental y de la Asamblea. ¿Habrán llamado la atención al respecto?
Para darme contentillo, estoy considerando que la gobernación debe estar en eso, y lo más probable es que hayan dejado separado el número y fecha del acto administrativo para incluirlo en el momento en que se termine el trabajo, ¿con el fin de publicarlo con fecha del 9 de enero para dar apariencia de oportunidad?
En todo caso ya la gobernación está ante el incumplimiento de un deber legal, y de una obligación constitucional contenida en el artículo 6, en el sentido de que los servidores públicos son responsables por la “omisión” y extralimitación en el cumplimiento de sus funciones.
La conciencia y el COVID. A pesar de la realidad que estamos viviendo parece que muchos no se convencen de que el virus COVID19 está matando gente. Y lo digo porque el desorden, las aglomeraciones, la falta de distanciamiento, no usar el tapaboca de manera permanente, las fiestas privadas, las parrandas, se están viendo reflejados en las estadísticas de contagiados y muertes.
Al día jueves 14 de enero había 14.798 contagios identificados, de los cuales habían fallecido 568.
Riohacha y Maicao presentan el 61% de los contagios, lo cual infiere que se perdió la conciencia en alguna parte y no entendemos a las buenas, la gente ha tomado el virus del COVID19 como un juego.
¡Y ahí están llegando las consecuencias!
No les importa lo que está pasando, y están es haciendo vigente la teoría de Darwin sobre la selección natural de las especies. Pero también les cabe responsabilidad a las autoridades para imponer el orden y cumplimiento de las normas. Podrán decir que existe una multa a través de un comparendo.
¡Pero ese comparendo no lo va a pagar nadie!
No es el mecanismo coercitivo más efectivo, y las autoridades tienen que ser más creativas para sancionar, o terminaremos todos acabados por el COVID19.
Luís Alonso Colmenares Rodríguez
@LcolmenaresR