Según los datos socializados por los empresarios del sector y por el director de turismo de la Guajira, durante la reciente semana santa en este bello territorio se experimentó una alarmante disminución -o decrecimiento, para utilizar la jerga gobiernista- de alrededor del 50% en la afluencia de visitantes. Las cifras son elocuentes: Mientras en el 2022 la ocupación hotelera superó en 96%, en este año a duras penas estuvo cercana al 50%.
Mas allá de la previsible crisis área, reflejada en el cese de operación de dos empresas, que tuvo un impacto significativo en el turismo en general, la principal causa del alarmante comportamiento del turismo en La Guajira tiene su origen en los múltiples bloqueos de vías realizados precisamente durante los días previos al receso de la semana santa.
La Guajira no fue un territorio que brindó las condiciones favorables para ser visitada por muchos turistas que así lo deseaban. Esos antecedentes de indeseables y recurrentes bloqueos no les ofrecían las garantías ni la seguridad necesarias para llegar en forma satisfactoria a los múltiples y exóticos atractivos turísticos con que cuenta el más septentrional territorio de nuestro país.
Por supuesto que las consecuencias económicas fueron decepcionantes para los muchos habitantes sin oportunidades de empleo y para los humildes indígenas que en condiciones normales aprovechan estas épocas de vacaciones para obtener ingresos que les permitan satisfacer algunas necesidades familiares, y de esa forma, a pesar de las limitaciones, tener una vida un poco más digna.
Sea esta la oportunidad para invitar a reflexionar a los lideres de los frecuentes bloqueos sobre las consecuencias que ocasionan sus actos en la vida de sus paisanos más necesitados y vulnerables. Si bien es cierto que algunas protestas que se presentan en La Guajira buscan presionar las soluciones a las precarias situaciones que sufren las comunidades, también es conocido que algunas veces esas protestas y bloqueos obedecen a tácticas de presión de algunos lideres políticos y sociales con poder que persiguen conservar a toda costa los beneficios -contratos, en la mayoría de los casos- que tienen con entidades públicas. Como dijo alguien en días pasados: “ese es un escenario en el que pierde el bien común”.
Es claro que mientras en nuestra Guajira se sigan realizando, algunas veces sin justificaciones claras o insuficientes, los actos de bloqueos de vías, generando cotosos y traumáticos perjuicios a la mayoría de sus habitantes y visitantes, al interrumpir el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, se continuará generando más pobreza y afectaciones a las comunidades de este territorio ancestral.
Son actos que además de evidenciar una clara violación del derecho a la libre movilidad colectiva, que tiene las connotaciones de un derecho fundamental, originan enormes pérdidas y perjuicios con irresponsable e inusitada frecuencia, por los que hasta ahora nadie ha respondido. Ese es un escenario propicio para que la justicia actúe en alguna oportunidad con la equidad requerida.
Como sociedad podemos entender que desde el punto de vista legal y social el derecho a la protesta pacífica se debe proteger y garantizar por las autoridades. Pero también debemos tener claro que no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás; que no existe el derecho a impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le impida tener comida en su mesa y la de su familia; esa obstrucción es un hecho que transgrede normas del código penal, sin haber espacios para dudas al respecto ni interpretaciones ambivalentes.
Igualmente los gobernantes deben actuar con una actitud vigilante y proactiva, con enfoque social preventivo frente a las posibilidades de protestas, evitando que ocurran las “vías de hecho” para cumplir con su deber de atender oportunamente los problemas cotidianos y apremiantes de las comunidades. Ese es el comportamiento gana – gana que se debe asumir por todo buen gobernante. El diálogo permanente con las comunidades debe ser el enfoque más efectivo para lograr acuerdos que hagan posible la sana convivencia y la paz que todos anhelamos.
Álvaro López Peralta