En nuestro país la educación prescolar, básica primaria y secundaria está en una innegable crisis, la falta infraestructura física y adecuados ambientes escolares; insuficiencia de docentes, personal administrativo y asistencial; ausencia de dotación de mobiliario y material educativo de apoyo; programas de salud mental pos pandemia y falta de inmersión de la familia en los procesos educativos, son claras evidencias de que las cosas no van bien.
Colombia enfrenta dificultades, como van las cosas no habrá en el futuro cercano personas aptas para fortalecer la institucionalidad, así como para impulsar el crecimiento económico que permita reducir la pobreza y estimular la innovación, esto como resultado a que miles de niños llegan a la edad adulta sin siquiera tener las habilidades más básicas del aprendizaje, aunque estén escolarizados. si bien existen programas de búsqueda activa de estudiantes, estrategias de acceso y permanencia como garantía al acceso a la educación, es claro que, estar en la escuela no es lo mismo que aprender. Ejemplo, en algunos lugares del país los estudiantes solo van en búsqueda de la ración de alimentos que le da el Programa de Alimentación Escolar –PAE- sin importarle realmente los contenidos, para ellos no hay nada atractivo en las escuelas; además que la carga los padres se la han dejado 100% al estado.
Revisando sendos análisis de prestigiosas firmas internacionales e incluso del mismo Ministerio de Educación Nacional se advierte sobre el creciente índice de deserción y repitencia escolar en menores de 17 años especialmente desde el grado noveno; además de alertar sobre el progreso del analfabetismo no solo en la recién denominada Colombia Profunda, sino también en las urbes. Como cereza del postre, se reporta por la UNICEF entre otras entidades, el aumento del reclutamiento de menores por grupos delictivos y el trabajo infantil, situación que debe atenderse urgente repensando la gestión educativa desde el fortalecimiento de la educación básica.
Altamente documentado encontramos que cada año más del 60% de las entidades territoriales certificadas en educación, conforme a las competencias de la Ley 715 de 2001, deben lidiar con sendas vías de hecho como consecuencia a la insuficiencia de personal de aseo, vigilancia, docentes y ambientes escolares aceptables (infraestructuras); eso además de las mil marchas por lo que sea, situaciones que directamente afectan las 40 semanas de actividades académicas que desarrollan los niños en el aula. La sociedad no es consciente de las secuelas que arrojan estas limitaciones e interrupciones a las actividades escolares en los procesos cognitivos de los menores.
La educación es un fondo de nunca encontrar en el país, cuando se cree que ya se ha superado una situación surge otra que hace desviar la atención e inversión. En medio de la discusión en el congreso respecto a la modificación al Sistema General de Participaciones, el tema de financiación de la educación es uno de los caballitos de batalla que los representantes de los departamentos, distritos y municipios certificados han utilizado para su justificación y aprobación, pues a todo pulmón señalan que no cuentan con los ingresos necesarios para asumir la corresponsabilidad de administrar el servicio educativo.
Aunado a todo lo anterior, al parecer son anacrónicos los contenidos curriculares actuales con los cambios tecnológicos, situación que afecta la competitividad, en tanto que no se cuenta con la idoneidad docente y mucho menos en los estudiantes para afrontar los nuevos desafíos. Ante la paquidérmica inclusión de la innovación por carencia de equipos y formación, los estudiantes se forman en contenidos irrelevantes, pues apenas tienen roce con la tecnología e inteligencia artificial a través de las redes sociales, generando la idea que su máxima dignidad es ser youtubers. Rescatar la concepción de que el manejo correcto de la tecnología en las aulas aumenta la autoestima al sincronizar realidad con necesidades y fomenta las oportunidades de empleo e ingresos, pero, además, desempeña un papel crucial al servir de apoyo a los maestros, los estudiantes y el proceso de aprendizaje en general, debemos hacerla un aliado de la gestión y el aprendizaje
Es por ello que el año 2025 debe convertirse en la oportunidad de transformación del sector, las entidades podrían implementar efectivamente la planificación del sistema educativo para el próximo calendario escolar que están haciendo los directivos y los docentes desde los colegios en las semanas de desarrollo institucional a través de las autoevaluaciones y los planes de mejoramiento institucional. Metas con sistemas definidos, infraestructura física, actores, roles, responsabilidades concretas, currículos establecidos, políticas educativas dadas para buscar disminuir cada vez las brechas educativas y lograr una mayor inclusión debe ser la prioridad; así mismo, las escuelas y los maestros deben apuntar adicionalmente a las habilidades básicas de lectura y escritura a generar nuevas oportunidades cognitivas que permitan a los estudiantes a interpretar la información, formar opiniones, ser creativos, comunicarse bien, colaborar y ser resilientes.
No hay lógica, ¿a quién vamos a llevar a la Universidad? Como van las cosas, jóvenes con pocas competencias y capacidad de análisis que no podrán hacer frente a la realidad futura porque no saben que habilidades se requerirán o mecanismos de solución, por ende, a todos los intervinientes del sector exhorto a proporcionar las herramientas para una educación de calidad a través de un buen diseño de políticas, un fuerte compromiso político y una capacidad de implementación eficaz.
Adaulfo Manjarrés Mejía