Desde hace varios meses vuelvo a escribir motivado en un tema que a mi modo de ver es supremamente necesario; hace tres días atrás, el senador Alfredo Deluque, por medio de un video en redes sociales, propuso a la asamblea departamental iniciar un estudio que conduzca a la división administrativa y territorial del municipio de Uribía. Desde el mismo momento, la propuesta dio lugar inmediatamente a diversos debates, analizando posibles cambios de impacto histórico a nivel electoral, administrativo, político y socioeconómico.
Particularmente decidí apoyar la iniciativa del senador porque en la política, como en la vida, no se pueden seguir estableciendo soluciones o métodos iguales pensando en la posibilidad de obtener resultados diversos. Con respecto a Uribía, se ha intentado de todo, pero el amplio espacio territorial lo hace más difícil y si a eso le sumamos que en esa diversa área existen más de 3 mil puntos poblacionales distantes uno del otro (las comunidades), la situación se torna obviamente más complicada. Pero si aun así le agregamos que en estas condiciones viven personas que en un 90% son pobres y con índices de escolaridad mínima, entonces pasaría de gris a oscuro. La situación de Uribía no es para nada fácil; por eso, ante semejante fenómeno social que ha llevado al municipio a ser el segundo con más pobreza multidimensional en el país, no es inoportuno promover la idea de que sean dos entes administrativos los que enfrenten a este gigantesco problema social.
Después de la propuesta del senador, me di a la tarea de empezar a escuchar las diversas opiniones de amigos y conocidos; posteriormente, decidí adoptar un análisis socioeconómico que convalida esta propuesta y que va dirigido a un mínimo común que nos une a todos: el establecimiento de un frente común contra la pobreza. Para nadie es un secreto que luchar contra un fenómeno social tan grande como el que padece Uribia se debe contar con el apoyo de justificaciones jurisprudenciales que brinden seguridad jurídica, como la relación directa que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución de medidas cautelares 99/2021, resolución 60/2015, del 11 de diciembre de 2015, y resolución 51/2017, del 1 de diciembre de 2017. En concordancia con esto, la sentencia de la Corte Constitucional T-302 de 2017 y la T-415 de 2018. Todos estos pronunciamientos sirven de base para entender la magnitud del problema, pero a su vez brindan una explicación profunda que clarifica y promueve la llegada de ideas encaminadas a ir subsanando poco a poco las dificultades socioeconómicas que decantan en la muerte de niños Wayuu, índices de baja escolaridad, problemas en el suministro de agua potable, construcción de vías de acceso y vivienda digna.
Es necesario entender que la idea base de esta propuesta es única y exclusivamente para buscar minimizar los altos índices de pobreza multidimensional que históricamente han sido parte del diario vivir de los habitantes de esta zona. Precisamente porque con Uribía se ha intentado de todo, desde los ambiciosos programas de ICBF, la intervención de los sectores agua, adecuación y salud, hasta la llegada de organismos multilaterales, incluyendo las voluntades del gobierno nacional que terminan en vergonzosos escándalos de corrupción, hasta la declaración de estados de cosas inconstitucionales. Todas estas situaciones incluyen a Uribía como el municipio que más aporta habitantes en condiciones infrahumanas; frente a esto, entonces se establecería un plan de choque ya de carácter más complejo en donde no sería un municipio, sino dos los que inicien mancomunadamente con el gobierno departamental una lucha frontal contra la pobreza.
A inicios de la década de los 90, en la asamblea departamental, se propuso una iniciativa que buscaba dividir al municipio de Uribía; esta, precisamente, afianzada en lo difícil que era la tarea institucional y administrativa con un territorio tan amplio. En ese entonces, la propuesta no tuvo eco, porque para nadie es un secreto que son necesarios varios factores, entre ellos uno importante: el político. Hoy me atrevo a decirle al senador Alfredo Deluque y al gobernador Jairo Aguilar, quienes pertenecen al mismo partido político, que las condiciones están dadas, pues existe también una mayoría de diputados en la asamblea departamental que seguramente apoyarían esta propuesta. Y no solo ellos; en la Alta Guajira es un anhelo de años la clarificación de esta iniciativa.
En Colombia, el procedimiento para crear un nuevo municipio está establecido en la Ley 1454 de 2011, también conocida como la «Ley del Ordenamiento Territorial». Con unos pasos generales como: 1- La iniciativa puede partir de la Asamblea Departamental, el Gobernador del Departamento o un número significativo de ciudadanos del área que desean segregarse; 2- Estudio de viabilidad: el cual consiste en realizar un estudio de viabilidad técnica, financiera y social que justifique la creación del nuevo municipio; 3- Consulta popular: se debe realizar una consulta popular en la zona que se pretende segregarse, para conocer la opinión de la población; 4- Aprobación de la Asamblea Departamental: la Asamblea Departamental debe aprobar la creación del nuevo municipio mediante una ordenanza; 5- Aprobación del Gobernador: el Gobernador del Departamento debe sancionar la ordenanza; 6- Creación oficial: una vez cumplidos los pasos anteriores, el nuevo municipio es oficialmente creado.
Lo que alcanzó a observar sobre el ambiente político es que están dadas las condiciones. Con relación a esto, es menester recordar que no es nueva la idea y que la única diferencia entre lo que dice el senador Deluque y los demás actores políticos y cívicos que la han propuesto anteriormente es que usted, senador, en el marco de su liderazgo político, alcance una convergencia sociopolítica que convierta a esta iniciativa en una realidad. Así que siga adelante y haga historia; no hay más nada que decir.
Luis Antonio Gómez Peñalver