En la costa Caribe, donde la luz del sol debería iluminar oportunidades, el servicio eléctrico se ha convertido en una sombra de incertidumbre y abuso para miles de ciudadanos. AIR-E, la empresa encargada de la distribución de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha sido objeto de denuncias constantes por sus altas tarifas, mala calidad del servicio y cobros injustificados. Pero algo está cambiando. En el evento AIR-E a la Calle, realizado en Riohacha, quedó claro que la comunidad ya no está dispuesta a ser un espectador pasivo de este problema.
En este encuentro, donde participé junto a ediles, presidentes de Juntas de Acción Comunal, concejales, representantes del comercio y funcionarios del gobierno local, la voz del pueblo fue protagonista. Por primera vez, la empresa, ahora intervenida por el Estado, tuvo que bajar a la realidad de los barrios y escuchar de primera mano las quejas y exigencias de los usuarios.
Un paso hacia la justicia energética
Desde la Liga Nacional de Usuarios del Caribe, la lucha ha sido clara: liquidación de AIR-E, auditoría forense, tarifas justas y respeto por los derechos de los consumidores. No se trata solo de protestar, sino de exigir soluciones concretas a un problema estructural que ha castigado a la región por años.
El anuncio del interventor Edwin Palma Egea sobre la prescripción de deudas por más de $508.707 millones de pesos es un alivio parcial, pero insuficiente. Más de 203.979 usuarios en 59 municipios se beneficiarán con la eliminación de estas deudas, muchas de ellas impagables debido a la crisis económica de las familias más vulnerables. En Riohacha, 7.000 usuarios verán reflejado este alivio en sus facturas, y en toda La Guajira serán 32.000.
Pero la lucha no termina aquí. Aún persisten problemas estructurales como el cobro ilegal de pérdidas técnicas, la imposición de medidores sin consentimiento, cortes arbitrarios y una infraestructura eléctrica obsoleta que necesita una modernización urgente.
¿Un camino hacia la empresa pública que necesita la Costa?
El presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de que el Estado adquiera AIR-E, una medida que podría cambiar el destino energético del Caribe colombiano. Sin embargo, la pregunta que resuena en la comunidad es: ¿tendrá el gobierno la capacidad y voluntad de convertir a AIR-E en una empresa pública eficiente, o seremos testigos de otro fracaso administrativo?
En AIR-E a la Calle, se evidenció que la comunidad no solo quiere respuestas, sino participación real en la toma de decisiones. La propuesta de organizar una mesa técnica en marzo, para que los usuarios expongan sus problemáticas, es un paso en la dirección correcta. Pero no basta con escuchar; es hora de actuar.
El pueblo no se rinde
Este evento me dejó con una mezcla de esperanza y escepticismo. Por un lado, es evidente que la presión social ha obligado a la empresa y al gobierno a responder. Pero por otro, sabemos que las promesas pueden convertirse en espejismos si no hay vigilancia ciudadana y acción política firme.
En este proceso, es clave la participación de la ciudadanía. Por eso, el gerente de AIR-E intervenida, Ramiro Castilla, liderará una mesa de trabajo en Riohacha, tentativamente en la primera o segunda semana de marzo, donde los usuarios podrán presentar sus quejas y reclamos de manera directa. Este es un paso fundamental para que nuestras voces sean escuchadas y se traduzcan en soluciones concretas.
El reto ahora es seguir exigiendo un modelo energético justo, donde la electricidad deje de ser un privilegio y se convierta en lo que realmente es: un derecho fundamental.
La Guajira no está sola en esta lucha. La unidad de la comunidad, los líderes sociales y los representantes políticos es clave para lograr la transformación energética que tanto anhelamos. Porque el desarrollo de nuestra región no puede seguir dependiendo de empresas que solo ven en nosotros un negocio, y no ciudadanos con dignidad.
Este es el momento de demostrar que en La Guajira no solo resistimos, sino que transformamos. La historia aún no está escrita.
Juana Cordero Moscote