Cursa la tercera semana del juicio en contra del ex presidente Álvaro Uribe, cuyo proceso ha demostrado desde el inicio ser la representación de la mayor perversión de la justicia: su politización.
Este proceso ha estado marcado por sinnúmero de graves irregularidades. Se originó en 2012 con la denuncia interpuesta por el expresidente Uribe contra el congresista Cepeda por manipulación de testigos, pero el denunciante terminó denunciado. Durante la fase de investigación se presentaron anomalías como, la legalización de interceptaciones sin orden judicial, la escucha de conversaciones telefónicas del expresidente con su abogado, y el rechazo reiterado a las solicitudes de la Fiscalía General para que se dictara la preclusión, dado que los comportamientos investigados eran atípicos (la conducta no encuadra o se adecúa a la descripción legal de un determinado delito) y no se había dado ninguna intervención por parte del imputado. Lo anterior fue desestimado a pesar de su gravedad y trascendencia procesal.
Frente a los testigos estrella, el criminal Guillermo Monsalve, su ex pareja Deyanira Gómez -con denunciados vínculos con las FARC-, y Enrique Pardo Hasche -quien el 3 de marzo afirmó haber sido presionado indebidamente para lograr un entrampamiento político-, en derecho, la primera pregunta que debería hacerse es sobre su idoneidad.
En el amplio listado de anomalías también debe registrarse la entredicha imparcialidad de las autoridades que intervienen. La Fiscal del caso, Marlenne Orjuela, fue antigua subordinada de Eduardo Montealegre, reconocido como víctima en el proceso, por lo que fue recusada por la defensa de Uribe; sin embargo, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, rechazó dicha solicitud. A su vez, Camargo es conocida por su cercanía con sectores políticos y judiciales adversos al procesado, su participación en procesos sensibles para la izquierda y su vinculación con organismos internacionales que han sido abiertamente críticos del expresidente; razones suficientes para dudar de su imparcialidad e independencia.
Frente a la Juez de Conocimiento, Sandra Heredia, se debe señalar la demanda que interpuso contra la Nación cuando era Juez en Ibagué, en razón a la supuesta afectación de sus derechos laborales durante el Gobierno Uribe, por cuenta de la expedición de los decretos 658 de 2008 y el 723 de 2009, que modificaban la prima especial para los funcionarios de la rama judicial. El antecedente se ha relacionado por la defensa, para explicar la permisión de maniobras procesales que benefician a los acusadores y su falta de rigor.
La trasmisión de las audiencias ha dejado en evidencia estas y otras irregularidades que afectan la legitimidad del proceso, como las constantes contradicciones de los principales testigos, el indignante comportamiento del congresista Cepeda durante la declaración de Deyanira, que demostraría haber sido instruida indebidamente para rendir su testimonio, lo que compromete seriamente su espontaneidad y veracidad. La sola imagen de Cepeda haciéndole señas a la testigo para que respondiera las preguntas de determinada forma durante la audiencia, es suficiente para poner en tela de juicio la seriedad e imparcialidad de toda la actuación.
Este proceso, que hace parte de la guerra jurídica contra el expresidente Uribe, es reflejo del deterioro institucional en Colombia, específicamente de la administración de justicia. Cuando esta es utilizada como herramienta de persecución política, se debilita el Estado de Derecho y se instala un peligroso precedente de venganza disfrazada de legalidad. El lawfare y que los procesos contra la Nación por errores judiciales sumen pretensiones cercanas a los $23,5 billones, explica la alta desfavorabilidad del sistema judicial, 75% según INVAMER en febrero de 2025.
Paola Holguín