La reciente decisión de la Corte Constitucional de devolver la reforma pensional al Congreso ha generado un revuelo en Colombia, particularmente para aquellos que ya se cambiaron de régimen, en busca de una pensión más digna y con la esperanza de un futuro más seguro. Sin embargo, este giro en la trama deja muchas preguntas sin respuesta y, por encima de todo, un sabor a incertidumbre.
Es indiscutible que la reforma pensional era una necesidad urgente. La crisis del sistema de pensiones en Colombia, con una cobertura insuficiente y una distribución desigual, exige una reestructuración profunda. Las propuestas presentadas en el proyecto de ley, como la ampliación de la cobertura y la implementación de un sistema mixto, apuntaban a que más colombianos pudieran acceder a una pensión digna. Pero no todo lo que brilla es oro.
El principal problema que enfrentan quienes ya decidieron cambiarse del régimen privado al público, bajo la “ventana pensional” o el artículo transitorio, es la incertidumbre que genera el hecho de que ahora se esté reabriendo el debate sobre los detalles de la reforma. La decisión de la Corte, aunque razonable en términos de la legalidad del proceso, coloca a estos individuos en una especie de limbo. ¿Qué pasa con sus derechos adquiridos? ¿Qué garantías tienen si la reforma se ajusta, se modifica o incluso se dilata más de lo esperado?
El cambio de régimen, en el contexto de la reforma pensional, no era solo una opción administrativa; para muchos, representaba una oportunidad de acceder a una pensión más alta y más estable, algo que no estaba garantizado en el sistema privado. La esperanza de mejorar su calidad de vida al jubilarse con un salario digno motivó a miles a tomar una decisión que ahora podría verse trastocada por la falta de claridad legal y las continuas modificaciones al proyecto.
Por otro lado, este episodio refleja algo más profundo: el dilema de la confianza en el sistema político y en la capacidad de nuestros legisladores de garantizar que las reformas estructurales realmente beneficien a la mayoría. En un país donde las reformas a menudo se ven como parches temporales, los ciudadanos no pueden evitar sentirse escépticos ante tanto vaivén legislativo. ¿Cómo puede un colombiano confiar en un sistema de pensiones cuando ni siquiera las reformas fundamentales parecen estar bien estructuradas o aprobadas con seguridad?
Quizá este revés nos obligue a reflexionar sobre qué es lo que realmente necesita nuestro sistema de pensiones. Más allá de los cambios de régimen o las modificaciones técnicas, la pregunta central debería ser: ¿cómo garantizamos que todas las personas, independientemente de su nivel de ingreso, puedan contar con una pensión digna cuando llegue el momento? De poco servirán las reformas si no se aborda el fondo del problema: la falta de cobertura para la gran mayoría de trabajadores informales y las malas condiciones de los que están en el sistema.
Los próximos días y semanas serán cruciales para la reforma pensional en Colombia. La Corte Constitucional ha abierto la puerta a un nuevo análisis, y es posible que surjan cambios importantes en el proyecto original. La pregunta es: ¿serán estos cambios lo suficientemente significativos como para mejorar verdaderamente el sistema o, como en tantas otras reformas, nos encontraremos con una nueva ley que solo parchea los problemas sin resolverlos de raíz?
Es necesario que los colombianos estemos atentos, pero también que los legisladores actúen con rapidez y claridad, para que, finalmente, la reforma pensional no sea solo una promesa vacía, sino un cambio real que garantice el bienestar de todos, especialmente de los más vulnerables.
Breiner Robledo Meza