La gente que habita cerca de las fronteras de los países vive una realidad diferente de la que rigen esos estados. Van y vienen de un lado para otro, compran y venden bienes de consumo según la fluctuación de los precios, se mudan de nación como si fuera cambiar de barrio, se conocen y forman familias sin distingo de pasaportes y ciudadanía, en fin, hacen del hecho de ser vecinos una realidad muy ajena a aquella que presumen los encumbrados dirigentes de las capitales de cada estado. Eso sucede en todas partes. Es una convivencia autónoma, imposible de constreñir.
Pero también sirven esas extensiones fronterizas para cobijar actividades ilegales, saltar de un país a otro y evitar acciones policiales y, como en el caso de la frontera andina entre Colombia y Venezuela, aprovechar la ocasión para hacer crecer las áreas de cultivo de coca y su procesamiento. Los grupos armados colombianos deambulan sin restricciones, amparados en la laxitud dolosa del gobierno vecino. Lo que era una natural cohabitación se convirtió en una convivencia criminal.
Por ello, nada bueno puede esperarse del memorando de entendimiento que nos toca ahora sufrir como colombianos, firmado entre el gobierno espurio de Nicolás Maduro y el exánime de Gustavo Petro, cuyo texto dista mucho de lo que ha anunciado el dictador venezolano y ocultado el gobierno colombiano.
Se pretende una sociedad binacional para crear Zona de Paz, Unión y Desarrollo, cuyo alcance inicial es el de Zulia y Táchira por Venezuela y Norte de Santander por Colombia. La cultura, el turismo, la educación, el comercio y cualquier otro (sic) tema son los pretendidos de impulsar por parte de los dos gobiernos, y dejan también en claro que podrían abarcar otros territorios de ambos países. Maduro agiganta lo firmado, cuando en un video ampliamente divulgado muestra tres departamentos colombianos, dos adicionales del involucrado en el MOU.
Pero ¿a dónde quieren realmente llegar con esto? Las orejas del lobo se asoman entre las líneas del documento. Son ampliamente conocidas las actividades predominantes de esa frontera y la observación obvia es que busquen descriminalizarlas, acogerlas bajo el amparo de un acuerdo que impulsan y disparar el tráfico de estupefacientes. Ya Venezuela es conocida por el cartel de los soles. ¿Le toca el turno a Colombia de hacer espejo al desorden de los negocios ilícitos que se normalizaron allá? Hay que impedirlo a como de lugar. Bajo ninguna circunstancia podemos embarcarnos en esas andanzas. No sólo por la responsabilidad como estado de combatir ese flagelo, sino también por la destrucción social sobre la que nos ha puesto a cabalgar el gobierno Petro al convidar a tarimas y manteles a la criminalidad organizada, una de cuyas ramas es el narcotráfico. Los delincuentes deben responder ante la justicia. Punto. Regalarles las ciudades y poblaciones colombianas nos deja expósitos a la mayoría que no delinque, al buen colombiano, al trabajador honrado y esforzado.
En una cadena de actos, hilados con perversidad y plasmados en proyectos de ley y de acuerdos internacionales, se busca destrozar las esperanzas de que se regrese a una Colombia sensata. Tenemos que expresar el más fuerte rechazo a ellos.
Por otro lado, si como lo muestra el usurpador venezolano se involucrará a los departamentos de La Guajira y Cesar, el territorio nacional quedará desmembrado, acéfalo, sin norte ni porvenir.
El daño de este gobierno a nuestro departamento guajiro es inconmensurable. Obstaculizó la evolución de los proyectos de energía eólica que tanta falta le hacen al país para mejorar el perfil de nuestra generación eléctrica. Utilizó las necesidades de nuestra gente para robarse miles de millones, con los cuales se hubieran solucionado muchos de nuestros problemas. Y, para cerrar con broche de escoria, busca terminar anticipadamente la exportación de carbón de El Cerrejón, cuya actividad ha generado empleo bien remunerado, regalías e impuestos nacionales, vitales para la vida departamental.
Como guajiro me pregunto: ¿qué le hicimos a Petro para que nos perjudique tanto?
Y como colombiano me pregunto: ¿cuántos más atropellos a la sociedad vamos a tolerar?
Nelson Rodolfo Amaya