La comunidad indígena Caxaurecha, del municipio de Uribía, denuncia públicamente los hechos de violencia ocurridos el pasado 19 de septiembre, cuando alrededor de treinta (30) personas de la comunidad de Coropontáin ingresaron al territorio ancestral, atacando con piedras, palos, cuchillos y armas de fuego a hombres, mujeres, niños y ancianos de la comunidad.
El ataque dejó seis personas heridas, dos de ellas de gravedad: Nelson Espinayú, con disparos en el abdomen y antebrazo, y Diego Fernández Espinayú, con herida de bala en tórax y pulmones. Otras víctimas sufrieron golpes, fracturas y cortes, incluyendo a Guillermina Espinayú, mujer de la tercera edad, quien fue golpeada brutalmente, evidenciando cómo la violencia también se ensaña contra quienes deberían ser especialmente protegidas: las mujeres y las personas mayores.
La autoridad tradicional de Caxaurecha, Fernando Gómez Epinayú, denuncia la indiferencia y negligencia de la Policía y el Ejército, instituciones que no garantizaron protección a las víctimas y que, por el contrario, actuaron en favor de los agresores al desplegar presencia militar en defensa de Coropontáin, quienes intentan mostrarse como víctimas frente a las autoridades.
Una mirada crítica a lo ocurrido
Los hechos en Uribía no son episodios aislados, sino que reflejan un conflicto estructural de fondo: la lucha de los pueblos por preservar la tierra y acceder a los beneficios sociales en condiciones de igualdad, frente a dinámicas políticas que perpetúan la exclusión y la confrontación.
Según conversaciones con líderes, la raíz del conflicto actual se encuentra en la instalación de una institución educativa en territorio de Caxaurecha, lo cual ha generado tensiones con la comunidad de Coropontáin por el dominio del espacio y de los beneficios que esta institución trae. Esta situación, que debió resolverse con equidad garantizando que ambas comunidades contaran con una institución propia, terminó provocando un escenario de disputa y violencia.
La comunidad Caxaurecha, sin embargo, ha buscado transmitir a sus familias que la violencia no es el camino. Han promovido la conciencia de que la vida y la dignidad están por encima de todo, y que el diálogo con presencia de autoridades competentes es la única vía legítima para resolver diferencias. Aun así, son conscientes de que viven en una sociedad que frecuentemente estimula la confrontación en lugar de garantizar derechos justos, lo que deja a los pueblos originarios atrapados en dinámicas de daño mutuo.
El ataque a Guillermina Espinayú, mujer mayor, no solo es un acto de crueldad, sino también un símbolo del impacto diferenciado de la violencia sobre las mujeres, quienes enfrentan las secuelas físicas y psicológicas de un conflicto que se ensaña con las más vulnerables.
Exigencias y llamado a la acción
La comunidad Caxaurecha solicita:
Investigación inmediata y transparente por parte de la Fiscalía sobre los responsables materiales e intelectuales de la agresión.
Medidas de protección urgentes para la comunidad, en especial para los niños, ancianos y mujeres que viven bajo amenaza constante.
Acción de la Defensoría del Pueblo y acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para garantizar que no haya impunidad.
Respeto absoluto a los territorios ancestrales, como espacios de vida, memoria y dignidad del pueblo Wayuu.
Nota de imparcialidad
Este comunicado se redacta a partir de la versión de los hechos compartida por la comunidad Caxaurecha. Hasta el momento, no se conoce de manera directa la versión de la comunidad de Coropontáin ni de las autoridades locales, por lo cual este documento debe leerse como una denuncia inicial que busca abrir espacio para la investigación, el esclarecimiento y la justicia.
Luisa Deluquez