El golpe que ha recibido el régimen venezolano no es un episodio distante para Colombia ni un hecho aislado de la política internacional. La cobertura reciente de la prensa global ha dejado claro que la salida de Nicolás Maduro no abre un camino rápido ni ordenado hacia la estabilización del país vecino. Por el contrario, todo indica que la transición será compleja, prolongada y atravesada por fuertes tensiones internas. En ese escenario, los efectos no se distribuyen de manera homogénea en el territorio colombiano y La Guajira queda, inevitablemente, en la primera línea del tablero.
Esto no ocurre solo por su condición de frontera. En La Guajira confluyen factores estructurales que amplifican cualquier ruptura política en Venezuela. La porosidad fronteriza, la presencia de una población indígena transfronteriza, la dependencia de economías informales, la debilidad institucional y un entorno de seguridad históricamente frágil hacen que los cambios al otro lado de la frontera se reflejen con rapidez en el departamento. Lo que sucede en Caracas y en el Zulia tiene consecuencias directas en la vida social, económica y territorial de La Guajira.
La frontera guajira no funciona como una línea estatal convencional. Para el pueblo wayuu, que se desplaza entre Colombia y Venezuela desde antes de la conformación de los Estados nacionales, el límite es una referencia administrativa más que una barrera real. Esa movilidad ha sostenido durante décadas redes de comercio, intercambio y subsistencia binacional. La crisis venezolana alteró de manera profunda ese sistema, deterioró ingresos, transformó rutas comerciales tradicionales y empujó a miles de personas hacia formas de supervivencia cada vez más precarias.
A esta complejidad se suma una advertencia clave que gana peso en la discusión internacional. Académicos como Ricardo Hausmann, quien fue ministro de planificación en Venezuela y actualmente es el director del CID en Harvard, han señalado que el problema venezolano no se limita a quién controla el poder o los recursos, sino a la destrucción por décadas de las instituciones que sostienen la vida económica y social. La prosperidad no surge del control del petróleo ni de la presión externa, sino de la restauración de derechos, reglas claras y legitimidad democrática. Sin garantías sobre propiedad, contratos, justicia y libertades básicas, no hay inversión sostenible ni reconstrucción posible.
Este punto revela los límites de una estrategia centrada únicamente en la coerción o en el colapso del régimen. La salida de Maduro, aún si es definitiva, no equivale a la reconstrucción del Estado venezolano. La transición será larga y frágil porque lo que colapsó no fue solo un gobierno, sino el entramado institucional. Para los territorios fronterizos esto no es una discusión abstracta. Una Venezuela sin instituciones funcionales seguirá proyectando inestabilidad hacia sus vecinos, lo que explica por qué la migración, las economías informales, las tensiones sociales y los riesgos de seguridad no desaparecen con un solo cambio político.
Un escenario de ruptura política más profunda en Venezuela podría acelerar nuevos movimientos poblacionales. Esto aumentaría la presión sobre comunidades ya vulnerables y profundizaría conflictos interclaniles en un territorio caracterizado por alta dispersión poblacional y baja capacidad institucional. En estas condiciones, los choques sociales tienden a escalar con rapidez y a afectar la gobernabilidad local y la viabilidad de proyectos productivos.
En materia de seguridad, el principal riesgo no es la acción de un solo actor armado, sino la reconfiguración del equilibrio informal que durante años ha operado en la frontera colombo-venezolana. La Guajira ha sido corredor, refugio y zona de tránsito para estructuras ilegales como el ELN que aprovechan la porosidad territorial. Un colapso del régimen venezolano implica disputas por control territorial y competencia por economías ilegales. En ausencia de una presencia estatal sólida, estos movimientos se traducen en mayor presión sobre la población, el sector privado y el control institucional.
A ello se suma el narcotráfico. La Guajira ocupa una posición estratégica en corredores marítimos y terrestres que conectan mercados internacionales. Cuando se altera el control estatal en un país vecino, las rutas se reconfiguran y los incentivos cambian. La experiencia regional demuestra que estos procesos generan disputas violentas y una mayor penetración de economías ilegales, afectando la estabilidad territorial en el mediano plazo.
Desde el punto de vista económico, Maicao sintetiza esta vulnerabilidad estructural. Su dinámica productiva depende en alguna medida del intercambio con Venezuela. La expectativa de una reactivación comercial convive con un alto riesgo de incertidumbre en el corto plazo. Sin una estrategia clara de transición y diversificación productiva, el municipio seguirá expuesto a ciclos de auge y colapso definidos por decisiones externas.
El jaque al régimen venezolano pone a La Guajira frente a un reto claro. Reaccionar tarde permitirá que los riesgos se acumulen. Anticipar el escenario exige una estrategia territorial coherente que fortalezca la presencia institucional, ordene la gestión migratoria y acelere la diversificación económica. En ajedrez, el desenlace no depende de una sola jugada, sino de la preparación previa. Para La Guajira, la diferencia entre un impacto manejable y una crisis prolongada dependerá de si el Estado colombiano decide actuar con anticipación o si vuelve a mover las piezas cuando el tablero ya está en contra.
Luis Guillermo Baquero