La Guajira vive hoy una de esas coyunturas que definen generaciones. No es una exageración, el departamento atraviesa simultáneamente uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad y orden público y uno de los momentos más prometedores en oportunidades de inversión, empleo y transformación productiva. Esa tensión obliga a una conversación más estratégica y menos reactiva al respecto.
En las calles, en las carreteras y en la zona rural, el deterioro del orden público es una realidad que nadie puede minimizar. Los enfrentamientos entre bandas ilegales, los asesinatos selectivos, las extorsiones a empresarios, ganaderos, comerciantes y ciudadanos, el robo de camionetas y los ataques a infraestructura crítica del sector minero-energético han dejado de ser hechos aislados para convertirse en factores cotidianos que condicionan la operación económica y la tranquilidad ciudadana.
Hoy, abrir un negocio, transportar mercancía o ejecutar un proyecto en cualquier escala implica incorporar el riesgo de seguridad como parte del cálculo financiero y operativo. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser policivo y se convierte en estructural.
Esta situación, además, no puede entenderse como un fenómeno local desconectado del contexto nacional. Los análisis recientes sobre seguridad y orden público muestran que el país atraviesa una etapa de reconfiguración territorial de economías ilegales, expansión de estructuras criminales y nuevas formas de violencia que afectan la movilidad, la logística y la estabilidad empresarial, especialmente en regiones periféricas y de frontera como nuestro departamento.
La Guajira, por su ubicación estratégica y su creciente atractivo económico, está inevitablemente en el radar de esas disputas. Pretender que el problema es coyuntural es cerrar los ojos ante una realidad que exige respuestas muy profundas.
Paradójicamente, este escenario convive con una oportunidad histórica. El año 2026 marca el inicio de proyectos estratégicos que pueden redefinir la economía del departamento e inclusive la seguridad energética del país: la construcción de parques eólicos como Windpeshi, JK de AES Colombia, la culminación del proyecto Colectora, la regasificadora recién anunciada por TGI y Hocol, el proyecto Sierra Azul de cobre, Sirius y la consolidación de La Guajira como destino turístico de talla nacional e internacional. Nunca el territorio había concentrado tanto interés inversionista en energía, infraestructura y servicios.
Sin embargo, ningún proyecto de esta magnitud florece en medio de la incertidumbre. Ninguna transición energética, ningún clúster turístico y ninguna apuesta de transformación productiva se consolida en territorios donde la movilidad es frágil, la extorsión se normaliza y la institucionalidad pierde capacidad de control. La experiencia internacional y los propios diagnósticos sobre La Guajira muestran que la seguridad y la gobernanza son factores críticos que determinan la viabilidad de cualquier estrategia de desarrollo territorial.
No se trata solo de atraer inversiones, sino de garantizar condiciones mínimas de estabilidad para que esas inversiones permanezcan y generen empleo sostenible.
Por eso, la seguridad no puede seguir tratándose como un tema reactivo que termina reducida a la responsabilidad del alcalde o del comandante de turno. Ese enfoque simplifica un problema complejo y, en el fondo, traslada la culpa sin construir soluciones. La seguridad, entendida en serio, es una tarea de gestión del entorno que involucra a múltiples actores: Estado, empresas, comunidades y fuerza pública. Es una responsabilidad compartida.
Esto implica cambiar la lógica de reacción por una lógica de anticipación. Implica crear espacios permanentes de coordinación empresarial, compartir información, activar alertas tempranas, definir protocolos conjuntos de respuesta y articularse de manera más estrecha con las autoridades.
Implica también trabajar en prevención social, diálogo intercultural y construcción de confianza, porque muchos conflictos que hoy escalan en bloqueos o confrontaciones nacen de la falta de canales institucionales de interlocución. Los marcos de transición justa promovidos por organismos internacionales y por el sector empresarial insisten precisamente en eso: el desarrollo territorial solo es viable cuando hay reglas claras, cooperación y gobernanza efectiva.
La Guajira tiene todo para despegar: recursos naturales excepcionales, ubicación estratégica, capital humano y una nueva generación de proyectos transformadores. Lo que falta no es potencial, es estabilidad. Y esa estabilidad no se decreta con micrófono; se construye colectivamente, con método, con coordinación y con visión de largo plazo.
En el fondo, la discusión no es si invertimos primero en seguridad o en desarrollo. Esa es una falsa dicotomía. La verdadera lección es simple y contundente: sin seguridad no hay desarrollo. Si entendemos esto a tiempo y actuamos en consecuencia, 2026 puede ser recordado no como el año de las crisis, sino como el punto de partida de una nueva etapa para La Guajira.
Luis Guillermo Baquero