La situación política del municipio de Fonseca, no es simplemente un tropiezo administrativo, esta es la representación del fracaso de una coalición de intereses particulares que, en su afán por consolidar un proyecto de poder, ignoró las advertencias jurídicas y procedimentales que hoy dejan al municipio en un estado de parálisis institucional y desasosiego social.
El fallo definitivo del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde, dejó en evidencia todas las artimañas que hicieron para mantener en el cargo a una maquinaria política. Hoy todo ese entramado de acuerdos debe asumir su responsabilidad política y sobretodo, un castigo social. Ellos lo saben muy bien, saben lo que hicieron y como actuaron. Ellos saben que fueron arquitectos y validadores de un mandato que nació viciado y terminó colapsando bajo el peso de la legalidad constitucional.
El veredicto del máximo tribunal de lo contencioso administrativo no solo remueve a una figura individual, sino que desmantela el andamiaje de poder construido en su momento por alianzas impensables. Se juntaron los extremos para ganar a como diera lugar el poder. La izquierda representada en movimientos como «Avanzar» y la extrema derecha representados en los aliados del Tren, terminaron totalmente descarrilados, por un lado, con peleas internas, con divisiones y responsables de la ingobernabilidad en los dos años de mandato.
Lo claro es que, la responsabilidad de estos actores es ineludible, la anulación de la elección no responde a una conducta aislada de un candidato, sino que responde a una decisión pensada y estructurada con todas las alianzas que nacieron desde los círculos de poder municipal y departamental, hasta llegar a mover los hilos dentro de máximo poder nacional.
La extralimitación de la Comisión Escrutadora Departamental como lo demostró el Consejo de Estado no fue un hecho menor. Los aliados del Tren no solo respaldaron esta decisión, sino que la celebraron como un «triunfo de la democracia», cuando en realidad se trataba de una maniobra administrativa sin sustento legal firme. Este fue un error impulsado por la presión de las maquinarias aliadas y hoy tiene sumido a Fonseca en su segunda crisis de elecciones atípicas en menos de tres años, erosionando la confianza en la democracia local y malgastando recursos públicos en procesos electorales infructuosos.
Pero hoy, ante la destitución de Micher Pérez Fuentes, los integrantes de su proyecto político intentan desmarcarse del desastre. Sin ningún pudor, se atreven a figurar como precandidatos en una elección atípica. Con su cara pelada y sin sonrojarse, piensan salir a las calles a pedir los votos de los fonsequeros. Sin embargo, la historia política de Fonseca registra con claridad quiénes fueron los pilares de este mandato ahora inexistente. El castigo político debe dirigirse no solo al exalcalde, sino a las estructuras que le proporcionaron el oxígeno financiero, logístico y discursivo para sostenerse en el cargo durante dos años de incertidumbre jurídica.
El castigo social debe incluir la pérdida de credibilidad electoral en el municipio. La ciudadanía debe entender que estas personas propiciaron la inestabilidad administrativa, de gobernabilidad, credibilidad y crecimiento del municipio. La sanción política debe traducirse, en una dificultad mayor para consolidar candidaturas propias en el futuro, estas alianzas fueron solo pactos de conveniencia burocrática y no proyectos de transformación real.
La destitución del alcalde es el principio de un castigo social y político, que debe ser proporcional para sus aliados. El daño causado a la institucionalidad de Fonseca es impagable. No se trata de una persecución personal, sino de la exigencia de rendición de cuentas en un sistema democrático que ha sido abusado por intereses clientelistas.
Los aliados de Micher deben entender que el silencio o la justificación técnica de la nulidad no los exime de su responsabilidad ante la historia. Fonseca necesita una purga política que solo puede darse a través de un voto consciente y castigador en las próximas elecciones atípicas. El municipio no puede seguir siendo un laboratorio de experimentos fallidos ni un campo de batalla para herederos de administraciones cuestionadas.
El futuro de Fonseca depende de que el castigo social se convierta en una barrera infranqueable para los oportunistas. Este momento debe ser la última página de un libro marcado por la incompetencia administrativa y la prepotencia de las maquinarias. Solo a través de la sanción pública a los responsables del desastre actual podrá Fonseca iniciar un proceso de reconstrucción institucional basado en la legalidad, el mérito y el respeto sagrado a la verdadera voluntad popular, aquella que no necesita de comisiones incompetentes para ser declarada.
José Armando Olmedo