A mediados del año 2024, directivos del “Pacto Histórico”, el partido del presidente de Colombia, fue observador directo de los comicios en Venezuela, que finalmente, como lo conocimos y estuvo universal y suficientemente documentado, se robó descaradamente el Chavismo, conservando violentamente el poder tiránico con su representante ilegítimo, Nicolás Maduro, hasta el pasado 3 de enero. En esa oportunidad, los observadores del Pacto dictaminaron que el sistema electoral venezolano era “lo suficientemente robusto y garantista del derecho de los electores”. Sin comentarios.
En noviembre de 2025, mediante una acción popular tramitada ante la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno no pudo demostrar con pruebas que todo lo relacionado con el software, los kits electorales, los contratos, los proveedores y demás elementos del imaginario fraude electoral, tenían algún respaldo o soporte técnico que pudiesen aportarse como prueba; en ese sentido y en la misma instancia, el asesor jurídico de presidencia dejó claro, eso sí, que cuando el presidente esbozaba meras opiniones, no pueden esas opiniones considerarse información objetiva.
Esto es; el primer mandatario de los colombianos cuando desarrolla diatribas incontrolables y abstractas, por cualquier medio y en cualquier estado de conciencia, que pudieren poner en riesgo la seguridad nacional, institucional o personal, son meras opiniones sin consecuencias; algo anecdótico, un mero “pasatiempo o divertimento”.
De allí en adelante, el presidente Petro y alguno que otro ministro, han arreciado la narrativa del fraude, señalando y culpando, anticipadamente, sea a la Registraduría, Procuraduría, Contraloría, Thomas and Greg and Sons, Defensoría del Pueblo, gremios, partidos políticos de oposición, como también a la prensa no oficial y a las organizaciones que adelantarán la vigilancia electoral, de manera sistemática y virulenta. Por supuesto, en toda esa cadena de imputaciones y señalamientos, por los presuntos hechos dolosos y fraudulentos, como buen opinador populista, el presidente no ha ofrecido, no ofrece – ni ofrecerá – evidencia probatoria alguna, ni siquiera indiciaria o a título de mera sospecha.
Paradójicamente, un sistema electoral que eligió a Petro congresista, alcalde y presidente, ahora es considerado espúreo, fraudulento y manipulable por las “mafias” del poder. Extrañamente, ese oscuro sistema electoral está poniendo sobre la mesa de las investigaciones penales, varios hechos fácticos, esos sí evidenciados por las autoridades, como han sido el llamado “pacto de la picota”, los 500 millones de pesos de “papá pitufo”, las donaciones de Fecode y los más de 5.300 millones de pesos que sobrepasaron los topes electorales de la campaña presidencial del hoy presidente, quién, precisamente, señala a todo el mundo de corrupción electoral anticipada.
Paralelo a ello, para que no quede duda de la transparencia del proceso, se instalaron en Corferias 280 comisiones escrutadoras y 9 comisiones del exterior, en un simulacro sobre las diferentes pruebas de carga y operabilidad de cada uno de los sistemas, encabezado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el acompañamiento de todos los organismos de control, poder judicial y partidos políticos. Los simulacros fueron totalmente exitosos. En igual sentido, la Registraduría realizó la exposición formal del código fuente de los sistemas de preconteo y escrutinio con total seguridad ante delegados, técnicos y auditores de las diversas agrupaciones políticas, sin ninguna novedad.
Dicho esto, cabe preguntar ¿Ante cuál hipótesis nos encontramos?
La primera hipótesis es el terreno abonado en el evento de perder, significativamente, curules en el Congreso el partido y los aliados del presidente. Aquí, desconocerá los resultados y vociferará que lo advirtió con mucha anticipación. Lo que vendría después es una gran conflictividad social no exenta de violencia generalizada, que alcanzará las elecciones presidenciales, si observamos los resultados extraños e incongruentes de la última encuesta de Invamer, algo atenuada por La Gran Consulta de RCN.
La segunda hipótesis es mirar para el otro lado, cuando un informe de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y Asocapitales alertan que el riesgo inminente de las elecciones se da en 232 municipios y 16 capitales de departamento, entre las que se encuentran Bogotá, Cali, Medellín, Quibdó, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Valledupar y otras, por riesgo extremo de violencia, coacción armada y constreñimiento; debido a la presencia creciente de grupos armados y microtraficantes, que nunca han sido enfrentados o desmantelados por este gobierno.
La tercera hipótesis es una cortina de humo para ocultar el desastre del sistema de salud, que cobra más de 2.500 fallecidos por desatención en tratamientos o fallas del servicio, siendo los más visibles en los últimos días, la muerte del niño Kevin, quien sufría de hemofilia y Doña Cecilia, adulta mayor que falleció en la misma farmacia dónde reclamaba, infructuosamente, las medicinas que requería.
A pesar de que la oposición debe ser disciplinada en la participación masiva y entusiasta en la vigilancia de los votos, como testigos electorales unos; como jurados de mesa otros, pienso que la verdadera debilidad del sistema y el enorme peligro que se cierne este 8 de marzo sobre los comicios, es la compra descarada de votos a través de la circulación del efectivo, así como de contratistas, OPS, pseudo programas sociales, población subsidiada y manipulada, donde la izquierda radical y corrupta, lleva un siglo de experiencia y ventaja.
Luis Eduardo Brochet Pineda