Mientras la mayoría de los ciudadanos siente que las elecciones regionales de 2027 están lejos, en los pasillos de las alcaldías y gobernaciones ya comenzó una carrera contrarreloj, la de las renuncias.
Durante años, la regla en la política colombiana parecía sencilla, quien ejerciera autoridad política, civil, administrativa o como ordenador del gasto y quisiera aspirar a una alcaldía o gobernación, debía separarse de su cargo con doce meses de anticipación. Históricamente y a la luz de la Ley 617 de 2000, muchos entendían que ese plazo se contaba desde la fecha exacta de la votación, es decir, octubre; sin embargo, recientes interpretaciones jurídicas y el siempre temido fantasma de la doble militancia han llevado a que numerosos equipos políticos estén mirando el calendario con otros ojos por eso, junio de 2026 se ha convertido en una fecha que cada día adquiere más relevancia.
La razón es técnica, pero con enormes consecuencias prácticas, si las inscripciones de candidatos para las elecciones territoriales de 2027 se realizan, como tradicionalmente ocurre, durante el segundo semestre de 2027 (usualmente entre junio y julio), algunos sectores consideran que el análisis de ciertas incompatibilidades debe hacerse tomando como referencia el momento de la inscripción y no exclusivamente el día de la votación.
Un secretario de despacho, el gerente de un hospital público, un director de una entidad descentralizada o cualquier funcionario con autoridad administrativa podría encontrarse frente a una encrucijada, aferrarse a la interpretación tradicional de octubre o retirarse con suficiente anticipación para evitar futuras demandas.
En política, pocas cosas generan más terror que una elección ganada en las urnas y posteriormente anulada en los tribunales por una causal de inhabilidad; por ello, muchos potenciales candidatos han optado por una estrategia conservadora y de blindaje jurídico absoluto, salir antes.
La política territorial tiene una particularidad: las campañas rara vez arrancan cuando la ley las autoriza, en realidad, empiezan mucho antes; inician cuando los posibles candidatos miden apoyos, estructuran equipos, recorren barrios y, sobre todo, cuando toman la decisión personal de cambiar el rumbo de sus vidas, pues, renunciar a un alto cargo público no es un paso menor, significa abandonar la estabilidad económica, el poder de gestión, la influencia institucional y la visibilidad mediática, para saltar a un terreno incierto donde no existe garantía alguna de triunfo. Quienes hoy despachan desde cómodas oficinas deberán decidir, en cuestión de meses, si apuestan su capital político a una candidatura futura.
La situación tiene matices para concejales y diputados, al ser miembros de corporaciones públicas y no funcionarios que ejercen autoridad administrativa directa, su análisis frente a la ley es distinto; no obstante, tampoco están libres de riesgo, quienes buscan cambiar de partido político sí están atados a plazos estrictos de renuncia, es decir, doce meses antes de las inscripciones para evitar incurrir en doble militancia, lo que obliga a revisar con lupa cada aspiración.
Lo cierto es que el debate jurídico ha producido un efecto político innegable, la campaña de 2027 comenzó antes de lo que muchos creen las inhabilidades, en esencia, no existen para castigar aspirantes, su finalidad constitucional es proteger el equilibrio democrático y evitar que quienes ejercen el poder utilicen las ventajas del Estado para apalancar sus campañas, son garantías de transparencia, pero cuando la interpretación de estas normas genera incertidumbre, el resultado es una clase política más cautelosa y unos calendarios que se adelantan.
Junio de 2026 aparece hoy como una frontera invisible, no figura en la Registraduría como una fecha de urnas, jurados o escrutinios, pero para decenas de líderes públicos representará el momento definitivo de sus carreras ¿Quedarse o renunciar? ¿Continuar administrando o comenzar a hacer política? ¿Conservar la seguridad del presente o apostar por la incertidumbre del futuro?
Al final, más allá de los códigos y la jurisprudencia del Consejo de Estado, la pregunta sigue siendo profundamente humana ¿Cuándo es el momento correcto para abandonar una posición segura y saltar al vacío? La respuesta la dará cada dirigente en silencio, mucho antes de que el resto del país se entere de que el espectáculo ha comenzado.
Adaulfo Manjarrés Mejía