La campaña presidencial de Iván Cepeda ha despertado intensos debates en distintos sectores de la sociedad colombiana. Para muchos ciudadanos, el discurso promovido por sus seguidores está cimentado en una narrativa de confontación social que profundiza las divisiones existentes en el país, en lugar de contribuir a la construcción de consensos nacionales.
Durante los últimos años se ha venido fortaleciendo una retórica que enfrenta a los colombianos según su condición económica. Bajo la bandera de la lucha contra la desigualdad, algunos sectores políticos han optado por presentar a los empresarios y a quienes generan empleo como adversarios del pueblo, alimentando sentimientos de resentimiento y confrontación.
La historia demuestra que las naciones progresan cuando logran integrar a todos los sectores sociales alrededor de objetivos comunes. Sin embargo, cuando la política se basa en dividir a ricos y pobres, el resultado suele ser una mayor polarización y una peligrosa fractura del tejido social.
Colombia ha sido tradicionalmente una nación de oportunidades donde millones de ciudadanos han logrado salir adelante gracias a su esfuerzo, al emprendimiento y al trabajo honesto. Desconocer esa realidad y reducir el debate nacional a una lucha de clases constituye una visión simplista de los problemas del país.
Uno de los aspectos más preocupantes de la actual coyuntura electoral es el uso permanente de discursos que apelan a las emociones negativas. El odio, la rabia y el resentimiento se convierten en herramientas políticas que buscan movilizar votantes mediante el temor y la inconformidad.
La democracia colombiana se ha construido sobre la base del respeto a la diferencia. Las campañas electorales deberían centrarse en propuestas concretas para resolver los problemas de seguridad, empleo, salud y educación, en lugar de fomentar enfrentamientos entre distintos grupos de ciudadanos.
Muchos observadores consideran que la narrativa impulsada por sectores afines a Cepeda busca capitalizar el descontento social acumulado durante décadas. No obstante, una cosa es reconocer las dificultades que enfrentan millones de colombianos y otra muy distinta es utilizar esas dificultades para sembrar divisiones irreconciliables.
La pobreza es un problema real que debe ser combatido con políticas públicas eficaces, inversión, generación de empleo y fortalecimiento de la educación. Convertirla en una bandera política para enfrentar a unos colombianos contra otros no contribuye a solucionar las causas estructurales del problema.
Otro elemento que genera preocupación es la influencia que ejercen estructuras ilegales en algunas regiones del país. Históricamente, grupos armados han intentado incidir en procesos electorales mediante intimidaciones, amenazas y restricciones a la libre participación política.
En diversas zonas afectadas por la violencia, la población continúa enfrentando dificultades para ejercer plenamente sus derechos democráticos. La presencia de organizaciones armadas ilegales limita la libertad de muchos ciudadanos y afecta la transparencia de los procesos electorales.
La verdadera democracia exige que cada colombiano pueda votar libremente, sin presiones de grupos armados, sin amenazas y sin temor a represalias. El sufragio debe ser una expresión auténtica de la voluntad popular.
Las elecciones de 2026 representan uno de los momentos más importantes de la historia reciente del país. Los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir el rumbo que seguirá Colombia durante los próximos años.
Más allá de los nombres y de las ideologías, el debate debe centrarse en la defensa de las instituciones democráticas. La fortaleza de una nación depende del respeto por las reglas de juego y por la independencia de sus poderes públicos.
La estabilidad institucional ha sido uno de los principales activos de Colombia a lo largo de las últimas décadas. A pesar de múltiples crisis, el país ha logrado preservar su sistema democrático y garantizar la alternancia en el poder.
Muchos colombianos consideran que el futuro del país depende de mantener la separación de poderes, el respeto por la justicia y la protección de las libertades individuales. Estos principios constituyen la base de cualquier democracia sólida.
La libertad económica también juega un papel fundamental en el desarrollo nacional. La inversión privada, la generación de empleo y el fortalecimiento del aparato productivo son herramientas indispensables para reducir la pobreza de manera sostenible.
Ningún país ha logrado prosperar fomentando el enfrentamiento permanente entre sus ciudadanos. Por el contrario, las sociedades más exitosas son aquellas que promueven la cooperación, el diálogo y la construcción de acuerdos.
El reto para Colombia consiste en superar la polarización que ha marcado los últimos años. La reconciliación nacional requiere líderes capaces de unir, no de dividir; de proponer soluciones, no de profundizar conflictos.
Los colombianos merecen una campaña electoral basada en argumentos, propuestas y debates respetuosos. La confrontación permanente solo genera incertidumbre y dificulta la búsqueda de soluciones a los problemas reales del país.
La decisión que tomarán los ciudadanos en las urnas tendrá consecuencias profundas para las futuras generaciones. Por ello resulta fundamental analizar cuidadosamente cada propuesta y cada proyecto político.
En definitiva, estas elecciones representan una oportunidad para reafirmar el compromiso de Colombia con la libertad, el respeto por las leyes, la institucionalidad democrática y la convivencia pacífica. El país necesita más unión que confrontación, más esperanza que resentimiento y más propuestas que discursos de odio.
Hernán Baquero Bracho