En La Guajira basta con que parpadee un bombillo para que una familia se preocupe. Aquí hasta los bombillos parecen sufrir de nervios: cada fluctuación amenaza los electrodomésticos conseguidos con meses —o años— de esfuerzo.
Pero hay algo que hoy hace temblar todavía más a los guajiros: la llegada de la factura de Air-e.
La crisis no nació ayer ni pertenece a un solo gobierno. Arrastra rezagos de infraestructura, pérdidas, asentamientos sin normalización eléctrica y un modelo tarifario especialmente duro con la Costa Caribe.
En septiembre de 2024 el Gobierno del presidente Gustavo Petro intervino Air-e, despertando expectativas sobre tarifas y calidad. Ha explicado las deudas heredadas. En abril de 2026 anunció una subestación provisional de 110 kV en Uribía para mejorar el servicio en Uribía y Manaure, con cerca de 400.000 beneficiarios.
Todo eso debe reconocerse.
Pero la ciudadanía no vive de explicaciones técnicas. Vive del servicio y de la factura. En cualquiera de los quince municipios el usuario sabe que hay interrupciones, sus electrodomésticos están en riesgo y el cobro no parece corresponder con la calidad recibida.
La intervención debe evaluarse desde esa perspectiva. Hasta ahora no ha producido la transformación que los guajiros esperaban sentir en sus hogares. Intervenir no puede significar solamente cambiar al administrador; debe traducirse en continuidad, inversiones ejecutadas, atención eficiente y una tarifa socialmente soportable.
La calidad también forma parte del servicio. Los artículos 136 y 137 de la Ley 142 de 1994 definen como falla el incumplimiento de la continuidad y la buena calidad, y reconocen la indemnización. Además, el capítulo 5 —especialmente el numeral 5.2.4.3— de la Resolución CREG 015 de 2018 ordena descontar en la factura la compensación por exceder los límites de duración o frecuencia de las interrupciones.
Sin embargo, los usuarios no logran identificar esas compensaciones y, por el contrario, reciben facturas cada vez más costosas. Si Air-e afirma que las está aplicando, debe demostrarlo: cuánto descontó, por qué interrupciones y con qué cálculo. No puede ser rigurosa para cobrar y misteriosa para compensar.
También necesitamos una transición energética justa con paneles solares, autogeneración y comunidades energéticas. Resulta paradójico que, donde el sol trabaja horas extras, tantas familias dependan de un servicio costoso e inestable.
Los paneles solares pueden reducir la energía comprada y permitir excedentes. Pero no son mágicos: un sistema conectado a la red normalmente se apaga durante un corte; para ofrecer respaldo necesita baterías. Tampoco reemplazan las redes e inversiones de Air-e.
Lo absurdo es que un ciudadano quiera producir energía limpia y termine gastando más energía persiguiendo un trámite. Aunque existen procedimientos simplificados, los usuarios denuncian requisitos, demoras y dificultades ante el operador. En La Guajira sobra sol; lo que falta es quitarle sombra burocrática a la transición energética.
La violencia tampoco es la solución. Dañar oficinas, trabajadores o infraestructura nunca será el camino. Pero condenar esos hechos no puede llevarnos a ignorar a una ciudadanía agotada, que debe ser escuchada antes de que la frustración crezca.
Necesitamos una mesa extraordinaria entre el Gobierno nacional, la Superintendencia, el Ministerio de Minas y Energía, Air-e Intervenida, las autoridades territoriales y los usuarios. No para producir otro diagnóstico: La Guajira ya tiene suficientes.
Esa mesa debe dejar un plan de choque por municipio; revisión de facturaciones; reclamaciones ágiles por daños; compensaciones visibles; cronograma de inversiones; y plazos ciertos para proyectos solares y comunidades energéticas.
Las inversiones estructurales necesitarán tiempo. La gente puede entenderlo; lo que no puede pedírsele es que espere años mientras paga hoy las consecuencias de un problema que no creó.
Ninguna explicación enfría una casa en Uribía, bajo temperaturas que rondan los cuarenta grados, ni alivia a una familia en cualquiera de los quince municipios. Tampoco conserva sus alimentos, protege sus electrodomésticos o ayuda a pagar una factura que supera la capacidad del hogar.
Gabriel García Márquez advirtió: “La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios”. Esta crisis tampoco puede analizarse lejos de la realidad guajira.
La energía no es solamente un negocio o una fórmula tarifaria. Es un servicio público esencial, y detrás de cada factura hay una familia.
La intervención todavía debe demostrar que el Estado puede hacerlo mejor. Mientras las instituciones discuten responsabilidades, los guajiros pagan las consecuencias. Y cada mes, cuando llega la factura, Air-e vuelve a hacer temblar a La Guajira.
Misael Velásquez Granadillo