Hay reuniones que terminan con una fotografía impecable: muchas personas alrededor de una mesa, libretas abiertas, algunas manos levantadas y una autoridad agradeciendo los aportes. Todo parece evidenciar que hubo una participación completa. Sin embargo, al salir queda una pregunta: ¿qué ocurrió con lo que dijimos? Nadie sabe qué propuesta fue considerada, cuál fue descartada ni si la conversación alteró algo que estaba decidido desde antes.
Es importante señalar que esta escena, en las más de las ocasiones no es producto de la mala fe. Con frecuencia surge de una confusión más profunda: creer que escuchar a alguien equivale a permitirle participar. Una institución puede convocar, informar, consultar y registrar opiniones sin ceder un solo centímetro de influencia; y esto no está mal, solo que es importante dejar clara la intención del ejercicio por parte de la institución.
Sherry Arnstein (1969) mostró que la participación ciudadana no es una condición que simplemente existe o no existe. Hay muchos grados. Informar y consultar pueden ser pasos útiles, pero también pueden convertirse en participación simbólica si quienes intervienen no tienen ninguna posibilidad de incidir. La escalera de participación conserva vigencia porque obliga a dejar de contar los asistentes y a comenzar a observar los participantes.
Esto no significa que toda consulta sea una manipulación ni que participar exija obtener exactamente lo solicitado. Una comunidad puede proponer una alternativa que resulte inviable (como con frecuencia sucede), demasiado costosa o incompatible con otras obligaciones. La autoridad puede rechazarla y, aun así, haber conducido un proceso participativo. La diferencia está en que la propuesta haya sido examinada y que las razones para no adoptarla existan, sean comprensibles y se comuniquen.
Andrea Cornwall (2008) advierte que la palabra participación suele utilizarse para nombrar prácticas muy diferentes. Por eso, antes de celebrar un proceso participativo conviene hacer preguntas no siempre cómodas: ¿quién fue convocado?, ¿quién quedó fuera?, ¿para qué se pidió la opinión?, ¿qué estaba realmente abierto a discusión?, ¿qué consecuencias podía producir la intervención? Sin esas precisiones, la participación corre el riesgo de convertirse en una etiqueta demasiado generosa para una práctica muy limitada o irrelevante.
Para el diseño participativo, como propone Archon Fung (2006), se deben observar tres elementos: quiénes participan, cómo se comunican y qué vínculo existe entre la conversación y la acción. Esta última relación suele ser la más débil. Se organizan encuentros, se recopilan comentarios y se producen informes, pero no existe un mecanismo que conecte los aportes con la autoridad que decide. La participación queda suspendida entre el micrófono y el acta.
El problema se vuelve más claro con la idea de consideración efectiva (Scudder, 2020), donde se explica que la democracia deliberativa no se fortalece solamente porque más personas puedan hablar, también deben contar con argumentos, experiencias y relatos de relevancia que reciban una consideración justa. Escuchar, en este sentido, no es guardar silencio mientras otra persona se expresa, es permitir que lo dicho entre en el razonamiento colectivo y pueda ser reconocido en la respuesta.
Aquí aparece una distinción indispensable: ser considerado no equivale a tener poder de veto. Ningún proceso serio puede prometer que todas las propuestas serán aceptadas; muchas serán contradictorias entre sí. Pero lo que sí puede prometer es trazabilidad: que las personas sepan qué ocurrió con sus aportes, cuáles modificaron el diagnóstico o la alternativa elegida y por qué otras no fueron incorporadas.
La trazabilidad cambia la calidad de la conversación. Cuando la institución explica desde el comienzo qué es lo que está abierto a influencia, evita crear expectativas falsas. Cuando devuelve una respuesta al final, demuestra que la escucha no fue ceremonial. Incluso el desacuerdo puede ser más legítimo cuando las razones de la decisión son públicas y reconocen los argumentos que no prevalecieron.
También cambia la responsabilidad de quienes participan. Si la conversación puede incidir, intervenir deja de ser un ejercicio de desahogo y exige información, argumentos, evidencias y disposición para escuchar a otros. La participación sustantiva no sólo demanda apertura de la autoridad; también requiere que los participantes asuman que decidir juntos implica confrontar restricciones, prioridades y consecuencias.
Por eso, evaluar una reunión por el número de asistentes o intervenciones dice muy poco. Una sala llena puede encubrir una decisión cerrada. En cambio, un proceso más pequeño puede ser genuinamente participativo si existe claridad sobre su alcance, intercambio real y una conexión visible con la decisión.
Después de una consulta, entonces, la pregunta decisiva no es únicamente si nos dejaron hablar. Es qué hicieron con lo que dijimos. Si no existe respuesta, consideración ni huella, quizá nos escucharon; pero todavía no participamos.
Referencias
Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
Cornwall, A. (2008). Unpacking ‘participation’: Models, meanings and practices. Community Development Journal, 43(3), 269–283. https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010
Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. Public Administration Review, 66(s1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x
Scudder, M. F. (2020). The ideal of uptake in democratic deliberation. Political Studies, 68(2), 504–522. https://doi.org/10.1177/0032321719858270