Cuenta la historia y la leyenda, confirmada por muchos sobrevivientes de aquel desastre marítimo ocurrido en abril de 1912, durante la tragedia estoica del naufragio del TITANIC, que la orquesta de planta del barco dirigida por el británico Wallace Hartley, mientras zozobraba sin remedio en mitad del Océano Atlántico, interpretaba hermosas piezas musicales, para evitar el pánico y la desesperación de los pasajeros, recordando, entre otras, aquella melodía final: “Nearer, My God, to Thee” (Más cerca, mi Dios, de ti)
Ninguno de aquellos ocho honorables músicos sobrevivió al naufragio, como tampoco aquellos espectadores que, literalmente, aplaudían con el agua al cuello.
Haciendo un irreverente parangón con los “legisladores progresistas del Pacto”, actuantes en la pasada legislatura y que repiten curul este año, nos referimos, brevemente, a la “victoria pírrica” que hace días esta bancada reivindica, sin detenerse mínimamente a calcular el desastre social y laboral que se cierne en el horizonte de dos mil cuarenta.
Miremos primero el tema de legalidad: luego de muchos meses de espera, la Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la reforma pensional, que entrará en vigencia el 1° de abril de 2027. A esa fecha, las mujeres con 750 semanas cotizadas y los hombres con 900, estarán en el régimen de transición y permanecerán bajo la normativa de la ley 100 de 1993.
Ahora bien, ¿Dónde queda la legitimidad procedimental de esta reforma, si ha quedado debidamente probado la responsabilidad penal de los presidentes de Senado y Cámara, ambos privados de la libertad, por ofrecimiento de coimas para sacar adelante esta ley, cuyos aspectos de forma nacen viciados de ilegalidad?
Dicho esto, es claro que esta reforma necesita más gasto del Estado, mayor gasto social, y ello solo se puede aliviar si hay una formalización creciente del empleo; esto es, creando trabajo de calidad y fortaleciendo la seguridad social.
Macroeconómicamente, el tema se resuelve con mayor inversión y alivio impositivo para el empresario. Por supuesto, no existe ninguna garantía que a futuro hayan más pensionados en Colombia; no solo por la base demográfica que cada vez es más lánguida y no cotizará para sostener a los actuales pensionados del Régimen de Prima Media (RPM – administrado por COLPENSIONES), que es el sistema de reparto que administra Colpensiones: los cotizantes a este RPM no cotizan para ahorrar y pagar su propia pensión a futuro; lo hacen para pagar a los actuales y próximos pensionados, esperando que a futuro lleguen nuevos cotizantes jóvenes al sistema, que sostengan a quienes hoy les tocaría migrar al pilar contributivo del RPM de Colpensiones (los primeros 2.3 salarios mínimos devengados por el trabajador).
Otra cosa diferente es el sistema de ahorro individual, que es dónde se cotiza para pagar la misma pensión del afiliado; sistema que administraban (o administran hasta el 31 de marzo de 2027), los fondos privados de pensiones.
A mediano o largo plazo, este ajuste al sistema de reparto no tendrá sostenibilidad financiera y no habrá pensión; en contraste, habrá una “renta vitalicia” no sustitutiva de pensión; esto es, al fallecer el beneficiario, su cónyuge no tendría derecho a la sustitución. Pero además, la reforma termina con la devolución de aportes para aquellos cotizantes que no alcanzarían el derecho, reemplazándola por la mencionada “renta vitalicia”, que va de los $83.000 mensuales promedio (Hombre – Mujer), si se han cotizado 300 semanas, hasta los $278.000 mensuales promedio (Hombre – Mujer), si se han cotizado 999 semanas.
Es el reparto miserable de una limosna por años de trabajo y cotizaciones que millones de colombianos afortunados lograrían en la década de dos mil cuarenta, por un lado; duplicando la población actual de la tercera edad sin pensión ni subsidios, por el otro; que aspiraría a calificar para el “Pilar Solidario” a través de una transferencia directa del Estado para los más pobres, del orden de los $226.000 mensuales de hoy.
En fin, no veo el motivo para aplaudir o celebrar este descalabro socio – laboral que se avecina, y sobre el cual habrá que legislar para corregirlo de fondo.
Luis Eduardo Brochet Pineda