Hay una diferencia que el debate político colombiano suele pasar por alto. Una cosa es tener más Estado y otra muy distinta tener un Estado con mayores capacidades. El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de recuperar para lo público funciones que, según su diagnóstico, habían sido entregadas en exceso al mercado y a los particulares. De ahí su mayor intervención en la salud, el campo, la protección social, la minería y otros sectores estratégicos.
El propósito podía ser legítimo, pero la expansión de la acción estatal terminó acompañada por un crecimiento importante de estructuras, equipos y órdenes de prestación de servicios que no necesariamente significó una recuperación equivalente de las capacidades institucionales. El asunto no es cuántas personas puede contratar el Estado, sino cuánto mejora su capacidad para resolver los problemas que justifican su existencia sin terminar en una macrocefalia.
La contratación de personal se justifica cuando responde a una necesidad institucional comprobable y cuando permite recuperar conocimientos y capacidades que el Estado había perdido. El problema aparece cuando las órdenes de servicio dejan de ser una herramienta excepcional para convertirse en una forma habitual de sostener funciones permanentes.
Una institución no se fortalece llenándola de personas, sino haciéndola capaz de resolver mejor aquello para lo cual fue creada. Si aumentan los contratistas, los equipos y los escritorios, pero permanecen las mismas demoras, los mismos trámites, la fragmentación y las dificultades de coordinación, lo que crece es la estructura y no la capacidad.
En la salud, el ciudadano no siente un Estado más fuerte porque haya más funcionarios en las entidades, sino cuando consigue una cita, recibe un medicamento o accede oportunamente a un tratamiento. En el campo sucede igual. El productor necesita crédito, asistencia técnica, vías, seguridad y mercados, no simplemente más funcionarios llenando formatos. De poco sirve tener un Estado cada vez más visible en el papel si sus soluciones siguen siendo invisibles en la vida cotidiana.
La misma pregunta debe hacerse sobre la política social. Redistribuir no significa únicamente gastar más ni ampliar indefinidamente el número de beneficiarios y programas. Significa conseguir que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y que produzcan cambios verificables en sus condiciones de vida. Cuando se multiplican las políticas sin una evaluación rigurosa, el gasto puede terminar convertido en una extensa colección de buenas intenciones cuyo costo y resultados son difíciles de establecer.
El Estado no demuestra su capacidad por la cantidad de recursos que distribuye, sino por la transformación que consigue con ellos. Esta discusión es particularmente importante cuando el gasto permanente crece y las restricciones fiscales se hacen más visibles. La política pública necesita sensibilidad frente a las desigualdades, pero también necesita medición, prioridades y capacidad para reconocer qué funciona y qué no.
Colombia tiene una larga historia de relaciones entre empleo público, contratación y poder político. Eso no significa que cada persona contratada durante el gobierno Petro haya sido puesta allí por razones clientelistas ni que toda expansión burocrática tenga una explicación electoral. Significa que cuando el Estado crece sin criterios suficientemente claros de necesidad, mérito, productividad y resultados, aumenta también el espacio para que el presupuesto público sea utilizado en la construcción de redes de poder.
Una orden de servicio puede parecer un asunto menor, casi administrativo, pero miles de ellas pueden terminar formando una arquitectura de intereses alrededor de las instituciones. El clientelismo no necesita necesariamente una instrucción explícita. Puede funcionar mediante dependencias, expectativas y lealtades construidas alrededor de los recursos públicos.
Por eso, fortalecer el Estado debería significar también profesionalizarlo, reducir su dependencia de contrataciones temporales y hacer que el acceso a los recursos públicos responda cada vez más a reglas institucionales y menos a relaciones políticas.
El balance del gobierno Petro, entonces, no debería hacerse entre quienes defienden un Estado grande y quienes quieren uno pequeño. Esa es una discusión demasiado sencilla para los problemas de Colombia. La pregunta importante es otra y resulta mucho más exigente. ¿Tenemos un Estado que produce más, resuelve mejor y utiliza con mayor inteligencia los recursos públicos?
Si para intervenir en más sectores necesita contratar cada vez más personas, pero los servicios no mejoran en la misma proporción; si aumenta el gasto social, pero las brechas persisten; y si amplía sus compromisos mientras reduce su margen fiscal, entonces el problema no es solamente el tamaño del Estado, sino su productividad.
Colombia no necesita una administración pública cada vez más grande para demostrar que el Estado está presente. Necesita instituciones capaces de hacer aquello que durante décadas se les ha pedido y que todavía no consiguen resolver. Un Estado fuerte no es el que más ocupa oficinas, sino el que mejor llega a la vida de los ciudadanos. Y esa puede ser la verdadera lección que deja el experimento estatal del petrismo.
Cesar Arismendi Morales