La decisión del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, de no continuar con la compra de tierras a propietarios privados para entregarlas a campesinos sin tierra o con poca tierra, ha encendido un debate nacional que, sin duda, generará controversias. Pero las decisiones de fondo no siempre son las más cómodas; algunas son necesarias cuando se pretende corregir el rumbo de una política pública que no ha producido los resultados esperados.
A mi juicio, se trata de una decisión acertada. La Reforma Agraria impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro no funcionó como se esperaba y, bajo el mismo esquema, difícilmente funcionará en el futuro. El problema del campo colombiano no se resuelve simplemente comprando hectáreas y entregándolas: se necesita convertir la tierra en una verdadera herramienta de progreso, productividad, empleo y dignidad campesina.
Colombia necesita una nueva visión del desarrollo rural. Una reforma agraria no puede medirse únicamente por el número de hectáreas adquiridas o entregadas, sino por la capacidad de esas tierras para producir alimentos, generar ingresos y transformar la vida de quienes las trabajan. De nada sirve entregar un pedazo de tierra si el campesino no tiene agua, vías, asistencia técnica, crédito, maquinaria, comercialización y seguridad jurídica.
Por eso considero que lo planteado por Dangond puede interpretarse como el comienzo de una contra reforma agraria, no para quitarle derechos al campesinado, sino para corregir los errores de una política que necesita cirugía mayor. Una contra reforma en favor de los campesinos debe poner el énfasis en la productividad y no solamente en la propiedad. La tierra debe dejar de ser un título guardado en una carpeta y convertirse en una fábrica de alimentos y oportunidades.
El campo colombiano tiene enormes posibilidades, pero durante décadas ha padecido abandono institucional, falta de infraestructura y una enorme brecha entre el productor y los mercados. Allí está el verdadero desafío. El campesino necesita tierra, sí, pero también necesita que esa tierra tenga agua y que pueda sacar su cosecha por una carretera; necesita financiación, tecnología y compradores que paguen precios justos.
Indalecio Dangond conoce de cerca el problema agrario colombiano y tiene la experiencia profesional para entender que repartir tierra no es suficiente. Su decisión podrá ser criticada por quienes consideran que la compra de predios privados era indispensable para cumplir los compromisos de la Reforma Rural Integral, pero gobernar también significa evaluar resultados, reconocer equivocaciones y cambiar aquello que no está funcionando.
La controversia será inevitable. Algunos hablarán de retroceso y otros de abandono de la Reforma Agraria. Sin embargo, no debería confundirse una modificación de los instrumentos con el abandono de los campesinos. Todo lo contrario: cambiar una estrategia puede ser precisamente la manera de rescatar el verdadero propósito de una política rural que debe tener como protagonista al trabajador del campo.
La nueva política debe privilegiar, además, la recuperación y utilización eficiente de las tierras públicas disponibles, la formalización de la propiedad rural y el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores. También debe impulsar distritos de riego, reservorios, vías terciarias, electrificación rural, cadenas de frío, centros de transformación y sistemas de comercialización. Allí está buena parte de la verdadera revolución que necesita el campo.
Y en La Guajira sabemos perfectamente que sin agua no hay Reforma Agraria que valga. La experiencia de la represa del Ranchería y el propósito de poner en marcha el Distrito de Riego de San Juan del Cesar demuestran que la productividad rural requiere infraestructura que permita transformar el territorio. Una hectárea con agua, asistencia técnica y mercado puede valer mucho más para una familia campesina que varias hectáreas abandonadas a su suerte.
La gran pregunta, entonces, no debe ser cuántas tierras compra el Estado, sino cuántas familias campesinas logra convertir en verdaderos productores. Ese debería ser el nuevo indicador del éxito. Si una familia recibe tierra y después puede vivir dignamente de ella, alimentar a sus hijos, generar empleo y permanecer en el campo, allí sí estaremos hablando de una reforma agraria con sentido social.
La decisión de Indalecio Dangond podrá tener detractores y seguramente abrirá una fuerte discusión política, pero las transformaciones verdaderas nacen precisamente de la capacidad de cuestionar lo que no funciona. Colombia no necesita una Reforma Agraria convertida en una carrera por acumular hectáreas; necesita una contra reforma inteligente, productiva y profundamente campesina, donde la tierra no sea el punto final, sino el comienzo de una nueva historia de prosperidad para quienes durante generaciones han trabajado el campo colombiano.
Hernán Baquero Bracho