La discusión sobre el salario mínimo para 2027 llega en un momento complicado para Colombia. Los trabajadores necesitan que sus ingresos alcancen para cubrir el aumento del costo de vida, mientras las empresas enfrentan mayores costos y el Gobierno tiene unas finanzas públicas deterioradas. Si la inflación de 2026 termina por encima del 6,4% y el desempleo se mantiene alrededor del 9,4%, la decisión será especialmente difícil.
La ley establece que para fijar el salario mínimo deben tenerse en cuenta, entre otros factores, la inflación, la productividad, el crecimiento de la economía y la capacidad de las empresas para asumir el aumento. Por eso, la discusión no debería comenzar con una cifra decidida de antemano, sino con una revisión seria de la situación económica del país.
Un primer escenario sería lograr acuerdos entre trabajadores, empresarios y Gobierno alrededor de un aumento que permita recuperar el poder de compra sin agregar demasiada presión a los precios. Si la inflación termina cerca del 6,4%, el incremento tendría que partir de esa realidad y considerar también cuánto aumentó la productividad de los trabajadores.
Los empresarios tendrían que reconocer que los salarios no pueden quedarse rezagados frente al costo de vida, mientras los trabajadores tendrían que entender que un aumento demasiado alto puede dificultar la contratación en pequeñas y medianas empresas. El Gobierno, por su parte, tendría que actuar como garante de los acuerdos y no como el principal interesado en imponer una cifra como sucedió en el 2026.
El segundo escenario se estructura sobre una negociación más compleja. Los trabajadores podrían reclamar un aumento considerablemente superior a la inflación para recuperar parte de lo perdido durante los últimos años. Los empresarios podrían responder que un aumento excesivo elevaría sus costos y podría afectar la contratación, especialmente en actividades donde muchas personas reciben salarios cercanos al mínimo.
El Gobierno quedaría entonces en medio de dos posiciones legítimas y tendría que decidir si privilegia una recuperación mayor de los ingresos o si busca evitar nuevas presiones sobre los precios y el empleo. Un salario más alto aumenta el dinero disponible de los hogares y puede estimular el consumo, pero cuando la economía ya tiene una inflación elevada también puede contribuir a que los precios de bienes y servicios sigan subiendo.
A esta discusión se suma la situación de las finanzas públicas. Durante los últimos años aumentó de manera importante el número de trabajadores vinculados al Gobierno, con más de 120.000 nuevos empleos según las cifras que han sido planteadas en el debate, mientras el empleo generado por los agentes económicos privados generó 75.000. Esto significa mayores gastos que deben mantenerse cada año por parte del gobierno, lo que resulta contrario al ajuste fiscal requerido en el corto y mediano plazo.
Al aumentar el salario mínimo, no solo suben los ingresos de quienes lo reciben directamente. También pueden aumentar algunos pagos y obligaciones que utilizan ese salario como referencia. El problema es que el Estado ya tiene un déficit elevado y necesita encontrar recursos para cubrir sus compromisos. Si el gasto continúa creciendo sin que aumenten al mismo ritmo los ingresos, el país termina recurriendo nuevamente a la deuda.
Por eso resulta importante lo ocurrido con la fijación del salario mínimo para 2026. El Gobierno tomó una decisión que fue cuestionada por considerar que se apartó de la tradición de construir el aumento dentro de los mecanismos de concertación establecidos.
Para 2027 sería conveniente recuperar ese espacio y darle verdadero valor a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. No se trata de que el Gobierno renuncie a su responsabilidad de fijar el salario cuando no exista acuerdo. Se trata de que antes de llegar a esa decisión escuche a trabajadores y empresarios, presente las cifras que sustentan su posición y explique con claridad por qué el aumento escogido resulta conveniente para el país.
Los trabajadores necesitan un salario que no pierda frente a la inflación, las empresas necesitan condiciones que les permitan mantener y crear empleos y el Gobierno debe cuidar unas finanzas públicas que ya están bajo presión. Si la inflación supera el 6,4% y el desempleo permanece cerca del 9,4%, ninguna de las partes tendrá argumentos suficientes para desconocer las razones de las otras.
El salario mínimo de 2027 debería surgir de esa realidad y no de una decisión política previamente definida. Lo más importante no será solamente cuánto aumente, sino que los colombianos puedan conocer las razones, las cifras y las consecuencias que llevaron a fijarlo.
Cesar Arismendi Morales