El Proyecto de Acto Legislativo S020 de 2026, presentado por el senador Alfredo Deluque Zuleta y otros congresistas, fue radicado el 30 de septiembre y publicado en la Gaceta del Congreso 1527 del 14 de octubre. Propone exigir formación de nivel técnico profesional, tecnológico o universitario, según el cargo, para aspirar a la Presidencia y Vicepresidencia, al Congreso, a gobernaciones y alcaldías, y a asambleas y concejos. La iniciativa plantea una pregunta de fondo: ¿debe un título académico convertirse en condición para representar a los ciudadanos? La preparación cuenta para quien ejerce responsabilidades públicas, pero no puede confundirse con idoneidad.
La educación importa. Brinda conocimientos y herramientas para desempeñar mejor una función. Nadie discute eso. Lo que debe examinarse es si un diploma acredita, por sí solo, criterio, honestidad o capacidad para gobernar. Tampoco carecer de él demuestra lo contrario. Una cosa es promover la formación y otra muy distinta convertirla en un filtro para participar en política.
En el debate público se han señalado las trayectorias de Aída Quilcué, quien cursó estudios hasta octavo grado y llegó al Senado y fue candidata a la vicepresidencia, y de Ernesto Macías, quien llegó hasta quinto de bachillerato y presidió esa corporación. No son situaciones académicas equivalentes, sin embargo, se plantea una pregunta legítima: ¿por qué una persona que ha construido liderazgo desde su comunidad tendría que quedar por fuera de la representación política por no contar con un título profesional? La cuestión debe examinarse a la luz de la discriminación política.
En campaña electoral, los candidatos buscan el respaldo de habitantes de barrios marginados, corregimientos y comunidades rurales e indígenas. Muchos de esos ciudadanos no tuvieron acceso a una educación suficiente. Pueden elegir a sus gobernantes, pero una exigencia como esta podría cerrarles la posibilidad de ser elegidos. ¿Puede exigirse un diploma a quien nunca tuvo las condiciones para obtenerlo?
La vida política colombiana tiene ejemplos concretos. Josué Alirio Barrera, cuya hoja de vida registra undécimo grado, fue concejal, gobernador de Casanare y senador. Lucho Garzón llegó a la Alcaldía de Bogotá desde el sindicalismo, sin título universitario, después de construir durante años una trayectoria de organización y trabajo político.
En La Guajira hay un caso palpable: Micher Pérez Fuentes pasó del Concejo a la Asamblea Departamental, donde duró más de una década, y luego llegó a la Alcaldía de Fonseca. El SIGEP registra que cursó hasta undécimo grado. Los tres recorridos no son iguales, pero tienen algo en común: alcanzaron espacios de representación sin una formación técnico-profesional universitaria.
Tener títulos tampoco ha mantenido a todos los gobernantes al margen de los escándalos. Gustavo Petro es economista de la Universidad Externado; cuenta con una especialización en Administración Pública de la ESAP y registra estudios de maestría en Economía en la Universidad Javeriana, además de estudios de especialización y doctorado en instituciones del exterior. Samuel Moreno, por su parte, era abogado y economista de la Universidad del Rosario y tenía una maestría en Administración Pública de Harvard. Ambos casos han estado rodeados de escándalos y controversias de amplia repercusión pública. No se trata de equiparar sus situaciones ni sus responsabilidades, sino de advertir que los títulos académicos no bastan para evaluar el ejercicio del poder.
La discusión tiene que examinarse desde la Constitución. El artículo 40 protege el derecho a elegir y ser elegido; el artículo 13 exige igualdad real y efectiva, y los artículos 1 y 3 reconocen el carácter participativo del Estado y la soberanía popular. El artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite reglamentar los derechos políticos por razones como la instrucción, pero no autoriza cualquier restricción. El proyecto debe explicar qué problema busca resolver, por qué exigir un título es necesario y si existen alternativas menos restrictivas, como fortalecer los controles institucionales, los equipos de apoyo y la capacitación de quienes resulten elegidos.
La preocupación no se limita a los pueblos indígenas. También alcanza a campesinos y habitantes de regiones apartadas como Chocó, La Guajira, Vichada, Guainía y Vaupés entre otros, donde la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades educativas y la violencia siguen condicionando la vida de muchas comunidades. Exigir un título en esos territorios puede convertirse en otra barrera para participar en política. Si la reforma afecta directamente los derechos, la autonomía o la identidad cultural de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, deberá examinarse la procedencia de la consulta previa, como lo exige el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El Congreso tiene el deber de mejorar las condiciones en que se ejerce el poder, no de confundir un diploma académico con la capacidad de gestionar, administrar y representar a una comunidad. La formación merece estímulo, acceso y garantías. Lo que debe justificarse es que su acreditación se convierta en una condición para participar en la vida política.
Una democracia no puede convertir las desigualdades que aún no ha corregido en nuevos obstáculos para sus ciudadanos. Quien no tuvo la oportunidad de estudiar no debería perder, por esa misma razón, la posibilidad de aspirar a representar a los suyos.
El poder público exige preparación; el poder del pueblo no tiene título educativo.
Eugenio De Jesús Quinto Loperena