El eco de una advertencia ignorada y el descaro electoral. El pasado 19 de julio, en estas mismas páginas del Magazine Ojo Pelao’, advertí sobre la peligrosa e irresponsable fiebre de las campañas anticipadas que comenzaba a carcomer las entrañas de nuestro municipio de Distracción, La Guajira. En aquel momento, como suele ocurrir con quienes prefieren la mentira y el aplauso fácil, algunos optaron por tildarme de odioso o exagerado, refugiándose en el cómodo hábito del «hecho consumado» y la complicidad con el delito. Hoy, el tiempo me da la razón: el municipio vive propio carnaval electoral atípico y descarado a poco menos de un año de las contiendas, donde aspirantes sin escrúpulos actúan como si las normas constitucionales fueran un adorno prescindible y les permitiera andar como candidato haciendo campaña, como si estuviéramos en agosto del 2027.
Mientras los aspirantes violan flagrantemente las normas electorales a plena luz del día en casi todo el departamento, gran parte de la prensa regional guarda un silencio sepulcral, ocupada en aplaudir al mejor postor o en replicar comunicados de prensa pagados. El periodismo que calla ante la ilegalidad traiciona su misión democrática y se convierte en coautor del saqueo institucional de La Guajira.
Estas conductas de los “ya candidatos” no constituye un simple descuido administrativo ni una picardía criolla; es una violación abierta, sistemática y flagrante del ordenamiento jurídico electoral colombiano. Para muestra un botón institucional: la Resolución No. 12342 del 28 de octubre de 2026, emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, reglamenta con precisión quirúrgica el procedimiento de inscripción de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes en el país para las próximas Elecciones de Autoridades, enmarcadas estrictamente en el calendario de las Elecciones Territoriales 2027 y al día de hoy solo pueden los candidatos que van por grupos significativos presentar su movimiento para comenzar los próximos meses con la recolección de firmas. Pero en Distracción hoy ninguno está pendiente a ir por grupo significativo. Mejor dicho, el despreció a la institucionalidad de personas qué cree uno que pasaron por la universidad, porque no estamos frente a un simple entusiasmo político ni ante un inofensivo posicionamiento de nombres, sino ante una campaña anticipada vulgar y sistemática que pisotea abiertamente los principios fundamentales de igualdad y equidad electoral.
Mientras la Constitución y la Ley Estatutaria 1475 de 2011 prohíben de manera categórica los actos proselitistas extemporáneos y la propaganda masiva fuera de los tiempos legales, en las calles de Distracción, La Guajira circulan descaradamente gorras, camisetas, vallas y despliegues digitales masivos. Este ventajismo tramposo busca captar voluntades a la fuerza, invisibilizando a quienes pretenden competir bajo las reglas de la decencia y normalizando el desacato como un método aceptado de hacer política.
¿De dónde viene la financiación? ¡Ni idea! lo que sí parecen tener, es dinero suficiente para pagar sanciones debido a la peligrosa ceguera institucional. Detrás de este despliegue publicitario prematuro se esconde un trasfondo financiero sospechoso ¿Quién paga esto? Semejante movilización logística e infraestructura proselitista y recursos exige que, a estas alturas del calendario y sin los libros contables formales abiertos por la Registraduría, rozan peligrosamente la violación de topes de gastos tipificada en la Ley 1864 de 2017. Lo más alarmante de este escenario es la permisividad de nosotros, que en vez de alertarnos nos alegramos.
Mis denuncias ante las autoridades competentes están listas. El llamado hoy es imperativo para la ciudadanía consciente, para los jóvenes, para los gestores ambientales y turísticos, y para cada habitante de bien que ama a este municipio.
Es momento de exigir decencia democrática, los ciudadanos de Distracción, La Guajira merecemos elecciones limpias y no un carnaval de trampas y desinterés institucional. Exigir sanciones firmes y frenar este proselitismo ilegal no constituye ningún acto de persecución, sino una defensa elemental de la transparencia, del respeto a la constitución y el futuro de nuestra tierra.
He recopilado un archivo riguroso, técnico y pormenorizado de evidencias visuales, documentales y testimoniales que sustentarán las denuncias formales y disciplinarias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Procuraduría General de la Nación, los tribunales competentes y copias que llegará directamente a la presidencia de La República. La defensa de nuestra democracia local exige pasar de la queja de café y la indignación de redes sociales a la acción jurídica contundente. Es hora de activar los mecanismos legales para poner freno, de una vez por todas, al ventajismo ilegal que pretende secuestrar el futuro de nuestro municipio y condenarlo al atraso ¡Es hora de nuestra liberación!
Luis Alejandro Tovar