Cuatro años han transcurrido desde que, en Barrancas, en abril de 2022, se lanzó con esperanza y rigor la propuesta de una “Agenda Común” para la bancada guajira en el Congreso. Hoy, en diciembre de 2025, con el proceso electoral del 2026 a la vuelta de la esquina, es momento no solo de evaluar qué se logró, sino de redefinir —con mayor urgencia y claridad— los pilares de una nueva agenda que responda a la realidad cruda, compleja y contradictoria de La Guajira.
En 2022, se propuso una coalición transversal de congresistas —Deluque, Peralta, Gómez, Cerchiaro y Ramírez— para tejer una hoja de ruta legislativa unificada. La agenda incluía desde la declaratoria del Proyecto Ranchería como estratégico, hasta la transformación de la Universidad de La Guajira en entidad nacional, pasando por la creación del Sistema Nacional de Atención Integral al Hambre (SINAI) y la defensa de los derechos de los etnoeducadores. Todo parecía alineado con un sueño colectivo: romper el “cambio ficticio” que, ha sido el modus operandi de quienes han gobernado desde Bogotá de espaldas al territorio.
Cuatro años después, la pregunta es inevitable: ¿dónde quedó esa agenda? ¿Se convirtió en ley el Régimen Especial para municipios fronterizos (Ley 2135 de 2021)? ¿Se garantizó agua potable en el Alto y Medio Guajira? ¿Se cumplió el CONPES 3499 o la Sentencia T-302 de 2017? ¿Avanzó la Universidad de La Guajira hacia su autonomía financiera? ¿Se crearon los Mecanismos de Participación Económica (MPEC) para comunidades étnicas en proyectos de energías renovables? La respuesta, con crudeza, es que la mayoría de estos compromisos están estancados, atrapados entre la burocracia nacional, las lógicas clientelares locales, y —lo más grave— una desconexión entre la representación política electoral y la representación efectiva de los intereses del pueblo guajiro. Mientras tanto, la desnutrición infantil persiste, el río Ranchería agoniza, la minería sigue expandiéndose en zonas de vocación agroalimentaria, y los saberes ancestrales de wayuu, afroguajiros y campesinos siguen marginados en las políticas públicas.
Por eso, en este nuevo ciclo electoral, la “Agenda Común” no puede ser una mera lista de buenas intenciones. Debe convertirse en un pacto ciudadano concreto, exigible y medible, articulado en torno a ejes estratégicos y no negociables. La realidad actual de La Guajira en diciembre de 2025 requiere el diseño de una agenda parlamentaria con propuestas estructurales, contextualizadas y exigibles. Por esa razón, a continuación, se presenta una Agenda Común 2026 ampliada, con puntos adicionales a los planteados en 2022, y actualizados con los desafíos emergentes del territorio:
- Agua, seguridad alimentaria y lucha contra el hambre estructural
- Impulsar el diseño e implementación del Sistema Nacional de Atención Integral al Hambre (SINAI), con enfoque étnico-diferencial, acceso territorializado y articulación con los sistemas locales de producción campesina, indígena y afro.
- Reactivación y financiación plena del Proyecto Integral del Río Ranchería como obra estratégica nacional, incluyendo: (i) Sistema de riego presurizado para pequeños productores; (ii) Acueducto regional para comunidades urbanas y rurales.
- Impulsar la implementación de la Resolución 000161 de 2024 del Ministerio de Agricultura, que protege las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) del sur de La Guajira, prohibiendo explícitamente cualquier actividad minera en esas zonas.
- Autonomía territorial, justicia ambiental y economía étnica
- Aceleración de la titulación colectiva de las tierras afrodescendientes en Albania, Barrancas, Fonseca y Riohacha, y apoyo técnico-jurídico para el reconocimiento de los planes de vida étnicos.
- Modificar el Título V de la Ley 20256 de 2020 (Sistema General de Regalías) para asegurar que la inversión de las asignaciones directas de regalías por parte de las comunidades étnicas, sin necesidad de someterse a la discrecionalidad clientelista de los alcaldes y el gobernador, lo que permitiría apoyar, entre otros, proyectos de: (i) economía biocultural comunitaria y (ii) fortalecimiento de la gobernanza territorial étnica.
- Impulsar los Mecanismos de Participación Económica Comunitaria (MPEC) en todos los proyectos de FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovables) en territorios étnicos.
- Presentar proyecto de Ley orgánica de las Entidades Territoriales indígenas (ETIs).
- Educación, conocimiento local y transformación universitaria
- Aprobación definitiva de la Ley de Escalafón Docente para Etnoeducadores, en cumplimiento de la Sentencia SU-245 de 2021, con reconocimiento salarial, prestacional y académico pleno.
- Implementación de un programa de cierre de brechas educativas en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) con énfasis en La Guajira, Chicó y los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía.
- Inversión en conectividad digital rural y energía solar para instituciones educativas rurales y comunitarias.
- Salud, nutrición y atención intercultural
- Debate político de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, con participación de liderazgos wayuu, afro y campesinos.
- Fortalecimiento financiero e institucional de la Red de Hospitales de La Guajira.
- Economía local, frontera y migración
- Aprobación de la Ley que crea el Distrito Especial, Fronterizo y Comercial de Maicao, con régimen aduanero, tributario y laboral diferenciado y la promulgación de una ley de honores del centenario de su fundación.
- Gestionar el fortalecimiento del Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF), con capacidad de coordinación interinstitucional y participación comunitaria.
- Impulsar en Cancillería el Programa nacional de desarrollo económico y social para municipios fronterizos con alta presencia migrante venezolana, con enfoque en: (i) Regularización migratoria. (ii) Inclusión laboral. (iii) Acceso a servicios básicos sin discriminación.
- Cultura, memoria y comunicación comunitaria
- Ley de reconocimiento y protección de la diversidad lingüística en La Guajira: wayuunaiki, palenquero, español guajiro, lenguas afrocaribeñas.
- Recuperación de la memoria histórica y reparación simbólica para comunidades afrodescendientes y wayuu afectadas por el conflicto armado, el desplazamiento y la negación histórica.
- Proyecto de ley sobre la Corporación de fomento y promoción de la economía guajira en la era post-carbón y la estructuración de una comisión accidental para el cierre de los proyectos mineros del Cesar y La Guajira.
- Infraestructura y conectividad
- Impulsar la inclusión en el plan de desarrollo de los proyectos viales para la integración del norte y sur (Vía la Florida-Tomarrazón-Distracción) y la carretera perimetral de la Alta Guajira (vía de la soberanía).
- Participación y rendición de cuentas
- Pacto ciudadano de rendición de cuentas trimestral para todos los congresistas guajiros, con foros abiertos en cada municipio y mecanismos de evaluación comunitaria.
La Guajira no necesita más “representantes” que vayan al Congreso a repetir discursos vacíos. Necesita que defiendan con radicalidad ética y técnica los derechos del territorio, su gente y su futuro. La “Agenda Común” de 2026 debe ser, entonces, la respuesta colectiva a décadas de promesas incumplidas. No es un documento técnico: es un acto de dignidad política. Y en esta ocasión, el cambio no será ficticio: será territorial, étnico, femenino, ecológico y profundamente guajiro.
Los próximos congresistas no deben elegir entre lo posible y lo necesario: deben hacer que lo necesario posible. Porque señores no basta con #CambiarElChip, deben actuar #juntosPorLaGuajira, para que esta majayut luzca #LaMantaBienPuesta y como el negro carbón #PegueConTodo.
Arcesio Romero Pérez
Escritor afrocaribeño
Miembro de la organización de base NARP ASOMALAWI