Recientemente la Corte Constitucional emitió dos Autos relacionados con el seguimiento a los objetivos constitucionales mínimos reconocidos a la niñez wayuu en la Sentencia T-302 de 2017, relacionados con el acceso al agua potable y a la seguridad alimentaria. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia valoraron en grado bajo el cumplimiento de los objetivos constitucionales relativos a mejorar la efectividad de los programas de acceso al agua potable en calidad y cantidad suficiente, así como también la cobertura de los programas de seguridad alimentaria que hacen parte de la oferta pública. En ellos, se identificaron bloqueos institucionales que limitan acceder a esos derechos.
Un bloqueo institucional se refiere a la presencia de obstáculos estructurales, administrativos, normativos o de coordinación entre instituciones que impiden que las políticas públicas y las acciones del Estado se implementen de manera efectiva para asegurar los derechos fundamentales. En el marco de la Sentencia T-302 de 2017, estos bloqueos se manifiestan en la ineficacia o la parálisis parcial de programas y medidas que la Corte Constitucional ha ordenado para superar el estado de cosas inconstitucional que afecta a la niñez wayuu.
Esto implica, por lo tanto, que hay fallas persistentes que no solo se deben a limitaciones técnicas o presupuestales, sino también a problemas de gestión, falta de coordinación institucional y la ausencia de un enfoque estructural y sostenible para resolver problemas críticos como la desnutrición y la escasez de agua.
Los bloqueos institucionales se encuentran relacionados con los determinantes sociales en salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los determinantes son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, así como las fuerzas y sistemas más amplios que influyen en esas condiciones.
En el caso de la desnutrición infantil, la OMS identifica factores como la pobreza y la desigualdad de ingresos; el acceso limitado o inexistente a alimentos nutritivos; la falta de agua potable y saneamiento; el bajo nivel educativo de las madres; la precariedad en los servicios de salud; el racismo y la discriminación que afectan el acceso equitativo a oportunidades; el cambio climático; la inseguridad alimentaria derivada de contextos socioeconómicos y políticos; y la corrupción o mala gestión de recursos públicos. Todos estos determinantes interactúan y se refuerzan entre sí, creando entornos de alta vulnerabilidad para la salud de la niñez wayuu.
En cuanto al bloqueo institucional relacionado con el agua potable, la debilidad en la recolección de información, la falta de coordinación institucional y la ausencia de una política pública integral generan consecuencias que están estrechamente ligadas a determinantes sociales críticos. La falta de acceso estable y seguro a agua potable contribuye a enfermedades diarreicas y afecta la capacidad de absorción de nutrientes, lo que agrava la desnutrición.
Además, la mala planificación y ejecución de proyectos, junto con problemas contractuales, no solo reflejan ineficiencia administrativa, sino también un patrón de exclusión histórica hacia el pueblo wayuu. Esto se relaciona con determinantes como la discriminación, la marginalidad territorial y la corrupción, que perpetúan un ciclo de carencias estructurales y vulneración de derechos básicos.
En el caso del bloqueo institucional relacionado con la alimentación que ha señalado la Corte, hay una conexión clara con varios factores sociales. La falta de acciones estructurales para abordar los problemas fundamentales de la seguridad alimentaria sigue reproduciendo las condiciones de inseguridad alimentaria y la pobreza. Además, las deficiencias en la recolección y el reporte de información dificultan el diseño de políticas basadas en evidencias, lo que resulta en intervenciones que son desarticuladas e ineficaces.
La carencia de indicadores de derechos impide evaluar el impacto real sobre la población wayuu, lo que a su vez facilita la persistencia de inequidades. También, la falta de transparencia y sostenibilidad en la contratación y ejecución de programas agrava el problema de la corrupción y reduce la disponibilidad real de recursos para garantizar el derecho a la alimentación, lo que a su vez empeora la desnutrición infantil.
Los bloqueos institucionales en el acceso al agua y a la seguridad alimentaria, no son solo problemas de gestión aislados; son, de hecho, reflejos claros de los determinantes sociales de la salud que la OMS ha reconocido. La falta de acciones estructurales, la escasez de datos confiables, la ineficacia en los contratos y la desarticulación institucional crean un ambiente de discriminación y exclusión que impacta de manera desproporcionada a la niñez wayuu. Para cambiar la situación inconstitucional, no solo es necesario eliminar estos bloqueos, sino también abordar de manera integral las causas sociales y políticas que los originan. Esto implica asegurar transparencia, fomentar la participación comunitaria y adoptar un enfoque intercultural en las políticas públicas relacionadas con la alimentación y el agua en La Guajira.
Cesar Arismendi Morales